En la dinámica de las reformas constitucionales, de manera inopinada, sin que haya sido una demanda de los grandes consorcios, o de las organizaciones de abogados más importantes del país, o que fuese una demanda de algún partido político; cuando menos lo esperaba la sociedad, el senado de la república realizó una de las más grandes transformaciones del derecho procesal mercantil, cuyo código lo tenemos desde el gobierno de Porfirio Díaz.
De esta manera, según ha trascendido en algunos centros de investigación, a petición de la secretaría de Estado del gobierno norteamericano, como una demanda de los poderosos bufetes de abogados gringos, se establecieron en nuestro país, los juicios orales en materia mercantil; y todo según me dijeron en sus trascendidos, porqué los abogados gringos ahora con la plena vigencia del TLC venían a litigar a nuestro país y se topaban con tepetate con el procedimiento escrito que permitía toda una serie de chicanas y dilaciones extremas en el ejercicio de las acciones de cobro.
Pues haya sido como haya sido, con una vacatio legis de última hora, ya tenemos la oralidad mercantil en todo el país; en Nayarit, con la imaginación que le pone Pedro Antonio Enríquez y cuates que le acompañan en esta etapa de transformaciones del poder judicial; implementaron con las uñas un juzgado con los requerimientos mínimos para llevar a cabo las audiencias que impone el procedimiento mercantil.
Ayer, cumplió dos años en funciones, el Juzgado de Oralidad Mercantil del Poder Judicial de Nayarit y pese a los tumbos iniciales de su titular y los abogados postulantes, podemos decir que ya se encuentra medinamente consolidado como un órgano jurisdiccional que resuelve con transparencia, agilidad y certeza jurídica las controversias mercantiles.
A la fecha el juzgado ha recibido 1514 demandas y como parte de los respectivos juicios, atendiendo principios rectores de la oralidad como la inmediación y la publicidad, ha celebrado 1226 audiencias públicas.
La master en derecho María del Socorro Marín Reyes es la titular de este juzgado que en este lapso ha concluido 355 expedientes por sentencia, 105 por convenios celebrados en audiencia pública y 159 por convenios celebrados entre las partes en forma escrita y ratificados ante la propia autoridad judicial.
La dilecta abogada echó incienso en este día, dijo que “Esto nos indica resultados positivos, fundamentalmente por la agilidad de los procedimientos, pues se está dando respuesta rápida a la demanda de justicia”.
ALABANZA EN BOCA PROPIA
Destacó la jueza, que ejerce la facultad que la ley otorga al juez para exhortar a las partes a conciliar sus intereses, y en los casos que no se logra la conciliación el trámite es ágil, pues se sustancian y se emiten sentencias definitivas en seis a ocho semanas, cuando en el procedimiento tradicional los juicios que ahora son competencia del juzgado de oralidad duraban por lo menos seis meses.
Para verificar la legitimidad de las sentencias, el mejor referente es el resultado de las impugnaciones que las partes realizan y del total de sentencias definitivas, sólo se han impugnado 43, en relación con las cuales únicamente en nueve casos la justicia federal ha concedido el amparo y protegido a los quejosos.
Y para eso sirven las estadísticas, significa que en relación con el total de sentencias del Juzgado de Oralidad Mercantil, las impugnaciones han procedido en el 2.5% de los casos, lo cual es un porcentaje mínimo en comparación con otros órganos jurisdiccionales.
La abogada máster en derecho Marín Reyes dijo que con el procedimiento oral se ha incrementado la cultura del cumplimiento voluntario, ya que tanto las sentencias pronunciadas como los convenios celebrados, en su mayoría las partes los cumplen de manera responsable, con lo cual se reduce el número de procesos en ejecución o en trámite.
Como un mecanismo de transparencia en la función jurisdiccional de la oralidad mercantil, el poder judicial en su página de Facebook informa la programación de audiencias públicas del Juzgado de Oralidad Mercantil.
Este juzgado se ubica en una especie de sótano en donde se encontraba el archivo general del poder judicial; quienes estén interesados pueden ir a presenciar las audiencias, es una sala minúscula, pero funciona en lo fundamental y eso es lo importante.
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