El día de ayer, en el primer juzgado de oralidad mercantil del partido judicial de Tepic, su titular, la jueza María del Socorro Marín Reyes, dictó este miércoles su primera sentencia en audiencia pública, apenas tres semanas después de la audiencia preliminar, demostrando así uno de los bienes jurídicos que caracterizan al procedimiento oral, la inmediación y contradicción, aunado a la publicidad genera expeditez en la administración de justicia, considerando que en el sistema tradicional esta parte del procedimiento habría tardado unos seis meses.
Una sentencia que muestra la medianía de la capacidad profesional de los abogados del foro local, los procedimientos mercantiles se reducen a la simplicidad del reclamo judicial del cobro de obligaciones de pago; la narrativa de la juzgadora mostró la ausencia de imaginación en las pretensiones judiciales que estuvieron en la contienda; fueron testigos el secretario general de gobierno, licenciado José Trinidad Espinoza Vargas; el presidente de la comisión de gobierno del congreso local, diputado Armando García Jiménez, y el presidente del poder judicial de Nayarit, magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto.
En menos de veinte minutos, la jueza Marín Reyes resumió las posturas de las partes, que fueron consideradas en el juicio, y dio a conocer los argumentos de su resolución, que consistió en condenar al demandado al pago del capital de 73 000 pesos más intereses, gastos y costas a la parte actora, en este caso un fondo estatal de financiamiento.
Marín Reyes con su oratoria un tanto titubeante, hizo el aserto implacable para los demandados, que por tratarse de un juicio oral mercantil dicha sentencia no admite apelación, sino exclusivamente el recurso del juicio de amparo.
Autorizó a petición trémula de las abogadas de las partes que se entregara un resumen escrito de su resolución de sendas copias de la videograbación de la audiencia, que obviamente será el antecedente del acto reclamado del juicio de garantías.
Desde el 16 de enero pasado, cuando iniciaron las audiencias públicas, han concluido otros tres juicios orales mercantiles, pero en estos casos por convenio entre las partes, quienes accedieron así a la exhortación que norma les hace la titular del juzgado; los juicios orales mercantiles se llevan a cabo cuando las cantidades la controversia no rebasen los 539 700 pesos. Una singular muestra sin duda alguna, de que la oralidad en los procesos judiciales, es la opción procedente que la sociedad debe aceptar.
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