Este miércoles Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), comparece por primera vez, desde su ingreso en prisión de la semana pasada, ante un juez del Reclusorio Norte, por uno de los dos casos por los que es procesado, el de Agronitrogenados, en el que está acusado por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Previo a la audiencia, la defensa de Lozoya dijo a medios mexicanos que ofrecerían al juez la entrega de hasta cinco millones de dólares en reparación del daño causado por dicha compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados. El actual acuerdo reparatorio que tienen con la Fiscalía General de la República (FGR), para extinguir la acción penal, es por 3.4 millones de dólares.
De igual manera, el abogado Miguel Ontiveros Alonso calificó de ilegítima la prisión preventiva justificada dictada a Lozoya Austin, indicando que también solicitará la reparación del daño.
En tanto la propia FGR buscará este miércoles que a Lozoya se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada
El pasado miércoles 3 de noviembre, el juez federal Artemio Zúñiga dictó prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Esto como parte de una petición realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), actualmente encabezada por Alejandro Gertz Manero.
La solicitud de la FGR para que Lozoya permanezca en el Reclusorio Norte, fue apoyada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que consideraron que existe riesgo de fuga. Asimismo, el juez consideró procedente la prisión preventiva porque no se había concretado el criterio de oportunidad, recurso cuya cooperación con las autoridades permite penas menores o beneficios como la libertad condicional.
Tras la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para considerar como inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva justificada tomó relevancia por parte de la conversación dentro del máximo tribunal constitucional.
La medida cautelar de la que Emilio Lozoya fue acreedor, es definida por el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho (IIDEJURE) como una situación en la que se solicita al juez o jueza la imposición de prisión preventiva debido a que considera que otras medidas cautelares no son suficientes para “garantizar que el imputado tenga presencia en el juicio, para el desarrollo de la investigación, para la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por cometer un delito de forma intencionada”.
