Hace unos días, el presidente de la república inauguró el centro de justicia en el Estado de Chihuahua, de hecho, le denominan “ciudad judicial” al que resulta ser el complejo más grande de América Latina en su tipo, una vez más, esta entidad se coloca en la vanguardia del país, al completar toda la administración de justicia bajo el sistema de oralidad.
Ubicado en el centro histórico de la capital del estado, abarca una superficie de cuatro hectáreas. El área de construcción es de 42 mil metros cuadrados con 10 pisos de altura; cuenta con una plaza pública de más de 30 mil metros cuadrados, áreas verdes y de esparcimiento, fuentes de agua, que hacen de este conjunto arquitectónico un oasis urbano.
En el acto de inauguración, el magistrado presidente del TSJ José Miguel Salcido Romero dijo que el 29 de octubre anterior se inició la vigencia de los nuevos Códigos en materia Civil y Familiar, “los cuales permitirán celebrar los juicios de todos los ámbitos de forma oral, con una resolución pronta que en muchas de las ocasiones se da en la primera audiencia, y el Centro de Justicia de Chihuahua será el espacio para construir la paz, la legalidad y la convivencia armónica de todos los chihuahuenses”.
El Mtro. José Miguel Salcido Romero, se propuso iniciar un proceso de profundos cambios, en el que se incluyó la infraestructura que lo conforma, para coadyuvar con la optimización de los recursos, tanto materiales, como humanos, de acuerdo con la tendencia internacional que exige un desempeño transparente y eficaz en la aplicación de la justicia.
En el Centro de Justicia se atenderá a 3500 usuarios diariamente y 1200 empleados fijos, es decir, un total de 4700 personas al día dentro del complejo.
La construcción de esta obra fue posible gracias al apoyo del Gobierno Federal encabezado por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, que implementó la ingeniería financiera adecuada para la generación de los recursos económicos y acompañó en todo momento la ejecución de la obra.
A ese esfuerzo se sumó el titular del Gobierno del Estado de Chihuahua, Lic. César Duarte Jáquez, quien ha hecho del fortalecimiento de la Justicia, uno de los ejes rectores de su administración; entendible esta pasión, cuando el gobernante es licenciado en derecho, y comprometido en dar respuestas en su entidad ante el enorme reto de las reformas constitucionales que implementan el NSJP.
Y recordemos que en Chihuahua fueron pioneros en los juicios orales penales; estaban vigentes, antes de la reforma constitucional del 2008.
EN NAYARIT, NUESTRA POBREZA
En su infinita perversidad, el sátrapa anterior gobernante no movió un dedo para iniciar la implementación del NSJP en la entidad, le correspondía sentar las bases, hacer estudios, actualizar normas sustantivas y adjetivas, pero no lo hizo; esta responsabilidad del Estado la incumplió y junto al enorme carga de conflictos derivados de la oceánica deuda que dilapidó en su ejercicio patrimonialista, se la dejó al gobierno de Roberto Sandoval.
Debemos de reconocer la atingencia con que esta administración enfrentó la lamentable condición de ser la entidad más atrasada de toda la república en el cumplimiento de las reformas constitucionales; se tuvo un arranque mesurado, medroso diría el escriba, por varias condicionantes, todas ellas relativas al factor humano de tres personajes que han sido los responsables de que la implementación del NSJP en la entidad se encuentre en un estadio medio en relación a lo que hacen otras entidades.
El secretario técnico de la comisión tripartita (la integran nominalmente los tres poderes) para la implementación en la entidad del NSJP el abogado Miguel Ahumada Valenzuela, quien de ser un exitoso litigante, pasó a ser el asesor jurídico de la oficina del gobernador, de ahí su nombramiento; luego se va como magistrado numerario del TSJ con la obvia intención de hacerlo presidente en su momento al final del mandato de Pedro Antonio Enríquez.
Algo falló y se tuvo que reformar la carta local y las leyes reglamentarias para reelegir a Pedro Antonio, quien al parecer hizo mancuerna con el fiscal de hierro Edgar Veytia para operar la reelección; y es en este contexto en el cual se desenvuelven los trabajos para la vigencia del nuevo sistema de justicia en materia mercantil, administrativa, penal y civil.
La sinergia que fue ejemplar al principio, hace tres años, se trocó en individualismos muy explicables de los tres personajes, cada cual ve solo para los intereses que tiene a su cargo; el egoísmo y cicatería de Miguel Ahumada, inexplicable porque no comparte el Plan maestro y la información que se deriva del texto; son las recomendaciones que elaboraron los técnicos del ITESM, que contrató a precios millonarios para implementar el sistema, que reforma leyes y reglamentos locales, amén de un sinfín de adaptaciones administrativas.
La espontánea e imaginativa respuesta que hace Edgar Veytia en su feudo, ante la carencia de recursos y falta de respuestas de la Setec y de la propia comisión estatal; así como el desdén y las dubitaciones permanentes que sobre el NSJP tiene Pedro Antonio, que vaya a funcionar en la entidad, merced a que el poder judicial local, en la asignación de su presupuesto anual, se ubica muy por debajo de la media nacional de todos los TSJ de la república.
Para la construcción de la ciudad judicial en Chihuahua, hubo la ministración de centenas de millones de pesos que puso la federación, porque el gobierno del Estado puso la parte que le correspondía; a Nayarit, apenas le han dado un poco más de 19 millones de pesos el año pasado y en este 2015; magros recursos que no alcanzan para cumplir los retos enormes de la implementación del NSJP.
Faltan recursos para todo lo inherente a la infraestructura material y el caro equipo de las salas de enjuiciamiento oral; empero, una grave hoquedad ahí está, camuflajeada, las decenas de cursos de todo tipo que han llevado a cabo en la escuela judicial, en el TSJ, en la FGE, no han generado el nacimiento de los abogados que se requieren para que se opere el nuevo sistema, en las audiencias del único juzgado de oralidad que se tiene en Tepic, se aprecian las carencias instrumentales de quienes operan el sistema.
Pobreza material y humana..! Dudas metódicas, impericias, vacíos legales y administrativos; egoísmos, cicatería; terrible panorama el que tenemos en Nayarit.
Están “metiendo vino nuevo en odres viejos..” el NSJP es un ejercicio dialéctico que reclama altura de miras y un mucho de generosidad para atender –y entender-la filosofía garantista que le anima, y por desgracia no veo más que unos cuantos nuevos letrados que están a la altura de las circunstancias…
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