Nayarit no es la excepción, en la entidad, gracias al sátrapa ex gobernador anterior, se perdió valioso tiempo para iniciar los trabajos de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que tiene cercana su fecha perentoria para su vigencia, el próximo 18 de junio, entrará en vigor en todo el país; y según estudios de instituciones especializadas, se considera que solo el 10% o si acaso el 15% de lo hecho hasta la fecha podrá funcionar adecuadamente.
Otras voces señalan que será hasta después de unos once o doce años cuando el NSJP esté funcionando tal cual fue concebido para nuestro país; el cuento es que, en muchas entidades se ha actuado a la trompa talega, con prisas, con improvizaciones, sin el personal debidamente capacitado, inventando figuras para sustituir las que establece la reforma constitucional y se especifican en el nuevo código nacional de procedimientos penales.
En la entidad, tenemos de todo, han hecho excelentes acciones los poderes estatales, pero también han sido reiteradamente omisos en áreas que el escriba considera de primordial importancia; baste poner el ejemplo de que desde el inicio de la comisión inter institucional se dilapidaron millones de pesos en la creación de un modelo de comunicación para socializar el sistema y hasta la fecha, no hemos sabido nada de tal contrato que se hizo con la UT de Nayarit, cuyo siniestro personaje -el rector de entonces- pudo haberse embolsado los millones del contrato, y nadie ha dicho ni pío.
En la fiscalía general, se carece de un reglamento interno que regule las actuaciones de las policías municipales y las ministeriales; en la USAP carecen de código deontológico, y las investigaciones primeras de las querellas, son dilatadas y obsoletas; se han capacitado a jueces y personal administrativo, a defensores de oficio, a ubicuos agentes del MP; empero no tienen protocolos para la conducta de todos quienes participan en las audiencias y que llegan a los edificios de los centros de justicia penal.
Por eso resulta relevante la no publicitada labor que lleva a cabo el doctor Julio César Romero, titular de la escuela judicial del TSJ, que ahora, a unos cuantos días de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Nayarit ha puesto en marcha una serie de veinticinco cursos para servidores públicos a cargo de su operación y para abogados litigantes.
En este contexto inició este miércoles un curso para magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que preside el doctor Pedro Antonio Enríquez Soto, y durante el cual se abordarán los recursos previstos para el mencionado sistema de enjuiciamiento, que son los de apelación y revocación. Ignoramos si en este curso, van a tocar los difíciles temas de concretar en la función jurisidiccional del reconocimiento de inocencia del sentenciado y la anulación de sentencia.
Los trámites son expeditos, hay exposición oral de los agravios, de la contestación de los mismos; y en audiencia pública los magistrados que resuelvan deben sustentar oralmente sus resolutivos; y existe un apartado que pocos o nadie de plano ha reparado en ello, en el último numeral del CNPP, se establece que en caso de que se dicte un reconocimiento de inocencia, en la misma sentencia se debe resolver de oficio sobre la indemnización que proceda en los términos de disposiciones aplicables.
Esta indemnización debe ser dinero en efectivo y solo podrá aprobarse a favor del beneficiario o de sus herederos; el caso es ¿de dónde va salir el dinero para ello..? ¿lo pondrá el poder judicial..? ¿los magistrados o los jueces que incurrieron en yerro al sentenciar un inocente..? a ver si un día de éstos Pedro Antonio Enríquez o alguno de sus magistrados nos pudiesen responder éstas incógnitas.
Este curso que les imparten ahora los ubicuos magistrados, concluye el próximo sábado 14 de mayo, es impartido en la sede del Poder Judicial por Don Miguel Medina Perea, quien tiene una trayectoria de más de treinta años como funcionario judicial en Chihuahua, donde se desempeñó como magistrado y secretario proyectista del Supremo Tribunal de Justicia, además de juez y secretario de primera instancia penal en la misma entidad federativa.
Jueces de primera instancia, administradores de juzgados de oralidad penal, agentes de la Fiscalía General del estado, defensores públicos, policías y personal penitenciario son parte de los destinatarios de las próximas acciones de capacitación que cuentan con el apoyo de la Secretaría Técnica (Setec) del órgano implementador nacional de la reforma al sistema de justicia.
El sistema acusatorio y oral deberá tener vigencia plena en Nayarit el 15 de junio y a nivel nacional, en cumplimiento de la respectiva reforma constitucional de 2008, tres días después.
Que Dios y las once mil vírgenes nos agarren confesados; ¿nos encaminados a una grande decepción colectiva..? o ¿a un esperanzador inicio de una nueva y venturosa época en la cual, la procuración y administración de justicia tiene plena vigencia la filosofía hipergarantista que anima a toda esta reforma constitucional..?
Edgar Veytia y Pedro Antonio Enríquez, al frente de las instituciones tienen la palabra..
