La hacienda pública de los municipios es una zona de tragedia; en su gran mayoría los ediles tienen una profunda ignorancia del sistema de tributación fiscal de los tres órdenes de gobierno, y operan con criterios autoritarios en el cobro de sus tributos fiscales, que son impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; junto a los enormes recursos que los gobiernos federal y estatal le trasladan para su existencia.
Uno de los rubros fiscales de los ayuntamientos que son indebida e ilegítimamente tratados, lo constituye el cobro indebido e indiscriminado de las licencias de funcionamiento de negociaciones y la tarjeta de identificación de giro, lo cobran de manera diferenciada y esto es anti constitucional, dado que constituye esta manera de cobrar un impuesto disfrazado.
Los diputados de la XXXI legislatura aprobaron en sesión pública ordinaria el acuerdo que tiene por objeto emitir los criterios técnico-legislativos que se sugiere atiendan los Ayuntamientos de la entidad para la elaboración y presentación de sus respectivas iniciativas de Ley de Ingresos, del ejercicio Fiscal 2016, a entregarse el próximo 15 de noviembre, información que les fue dada a conocer a los tesoreros municipales a través de la contraloría interna y la secretaría general.
El día de ayer, en un marco de respeto a su autonomía, se llevó a cabo una reunión en la que participaron los tesoreros de los 20 Ayuntamientos de la entidad, a quienes se les informó que al elaborar sus propuestas de leyes deberán de regirse bajo los principios fiscales de anualidad, precisión, equidad, vinculación con el gasto público, obligatoriedad y proporcionalidad.
Se les indicó que es importante plasmar con claridad los argumentos razonados y acompañados de referencias legales y las causas por las cuales proponen incrementar o disminuir alguna tasa, cuota o tarifa, al ser la Ley de Ingresos un instrumento que proyecta y proporciona sustento a las contribuciones que habrán de recaudarse en el lapso de un año por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, cantidades estimadas que deben guardar correspondencia con los gastos proyectados a erogar en el mismo periodo.
La XXXI legislatura a través de la contraloría a cargo el contador público Julio César López Ruelas, ratifica la estrecha coordinación con los Municipios para optimizar el tiempo al analizar cada una de las iniciativas y así expedir leyes fiscales de mayor calidad.
LA NECESARIA DISCUSIÓN
Lo que resta, es recibir los proyectos de ley de ingresos de todos los municipios de la entidad; y ahí en el trabajo de comisiones, revisar, discutir, proponer que los rubros fiscales que constituyen las fuentes de financiación de sus haciendas públicas, deben de ubicarse en el marco constitucional, no contravenir el convenio de coordinación que tiene celebrado el gobierno estatal con la SHCP; no vulnerar la Ley del impuesto al Valor Agregado –IVA- que establece con claridad la prohibición de duplicar el impuesto a las actividades mercantiles.
La Cámara de comercio de Tepic, ha realizado varias reuniones con funcionarios del congreso, en las cuales ha presentado los estudios de derecho comparado, en los cuales se aprecia la disfunción normativa que tiene el Ayuntamiento de Tepic, al cobrar de manera diferenciada las licencias de funcionamiento de negocios; así mismo les ha informado a los diputados y funcionarios, que en ciudades como Guadalajara, se cobran menos de 200 pesos por la licencia de funcionamiento de negocios; 202 pesos en Colima; 180 en Ciudad Guzmán; y menos de 300 pesos en Cuernavaca.
La Canaco Tepic, les llevó un simple análisis del impacto que representa el rubro de todas las licencias que cobra el Ayuntamiento de Tepic; es de un magro 2% del total de sus ingresos; y tratándose de sus ingresos propios, apenas constituye un .85%, lo cual debe alertar a los diputados y a los ediles en este proceso de la elaboración de las próximas leyes de ingresos de todos los ayuntamientos.
Lo deseable, piden los comerciantes de Tepic, es que se elaboren conforme a las normas administrativas vigentes, sin violentar convenios de coordinación, ley del Iva y, sobre todo el bloque de constitucionalidad que constituyen los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Habremos de estar al tanto del proceso, los diputados y sus funcionarios han comenzado a cumplir con su tarea, esperemos ahora, que los presidentes municipales y sus tesoreros hagan la suya. En su momento lo registraremos en este mismo espacio.
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