Por Luis Ignacio Palacios
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La advertencia de Muñoz Ledo
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El dictum de Ernestro Zedillo
El día 15 de septiembre se registraron en la red –específicamente en X antes Twitter- dos eventos que considero la mar de importantes de recrear en este espacio, por la crisis delincuencial que sucede desde hace más de una semana en Sinaloa, en dónde las facciones del cartel dominante se están enfrentando por los efectos de la extracción de Ismael “el mayo” Zambada el capo que fungía como verdadero líder de esta organización criminal.
Varios periodistas de la CdMx señalaron que tras ver al presidente López Obrador suplicar a criminales que “actúen con responsabilidad” y le hagan caso al Mayo, recordaron la advertencia que su ex correligionario Porfirio Muñoz Ledo le hizo hace poco tiempo ante de que falleciera; en un panel señalaba que “Tu acuerdo con el narco no es heredable..” haciendo un desglose de las torceduras que suceden cuando se pacta con los delincuentes, ya que estos negocian nuevos acuerdos con las autoridades que llegan al poder, de ahí su sentencia:
“Ya no va a necesitar el narco al presidente…” la obviedad nos indica que la explosión delincuencial se debe a que actúan sin control del acuerdo presidencial, lo cual es un enorme problema de gobernabilidad para la presidente entrante, Claudia Sheinbaum tiene encima a su toma de posesión el mayor problema a que se haya enfrentado presidente de la república alguno.
Está obligada a redefinir la política del régimen que va encabezar, ante las consecuencias desastrosas que trajo consigo seis años de permisividad para que se sirvieran a sus anchas en la expansión de sus actividades delincuenciales; la política de “abrazos no balazos” fue una grotesca simulación que ha perjudicado a una buena parte de la planta productiva del país.
Si ya se estima que dominan algo más del 45% del territorio nacional y los grupos se integran por unos 700 mil miembros, México tiene la impronta de un verdadero golpe de timón, antes de que la comunidad internacional nos califique como un Estado “fallido” con sus enormes consecuencias económicas y políticas.
Pero varias voces en los medios dicen que ya es demasiado tarde; Sinaloa vive ya una auténtica guerra civil de no tan baja intensidad.
En la conferencia anual de la Internacional Bar Association, el ex presidente Ernesto Zedillo, rompió su promesa de nunca hablar de su administración ni del gobierno en turno en México, y en un largo discurso, luego de ponderar la reforma constitucional que el operó, remodelando el poder judicial de la federación, se refiere a la que significa la recién aprobada reforma del presidente López Obrador:
“Este objetivo perverso es evidente en la propia iniciativa, como lo demuestra un repaso de sus componentes clave. Permítanme resumirlos de manera breve. Con la promulgación de las reformas constitucionales, todo el Poder Judicial –jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte– serán destituidos en los próximos tres años. Sus cargos serán ocupados por personas elegidas por voto popular.
Los candidatos surgirán de listas que, para efectos prácticos, serán determinadas por el Ejecutivo y el Congreso, ambos controlados por un mismo partido político. Los requisitos profesionales y de experiencia serán mínimos. No sólo la preselección será política, sino que la maquinaria del partido oficial se movilizará en las campañas electorales judiciales –como se hizo en las recientes campañas– para que sean electos los individuos más dóciles, no los más competentes.
Naturalmente, otros actores que deseen jueces a modo para sus propios fines, incluyendo el crimen organizado, tendrán gran oportunidad de influir en los resultados a través de sus medios tradicionales: el dinero o la violencia.
Este procedimiento de elección se reproducirá en los poderes judiciales estatales.
En esencia, hay un riesgo apreciable de que miembros del Poder judicial no deban su puesto a las personas que voten en las elecciones judiciales ya que esas elecciones serán una grotesca farsa, sino que esos miembros deberán su lugar en el sistema judicial a sus patrones políticos que los incluyan en las listas electorales, así como a otros promotores cuestionables que bien podrían ser delincuentes que financiaron o apoyaron sus campañas.
Es previsible, entonces, que habrá jueces y magistrados que obedezcan, no a la ley, sino al poder político dominante. Este riesgo se verá agrandado porque el nuevo régimen dispondrá también de los medios para castigar a los “desobedientes”.
Ni como discutirle al ex presidente; tiene toneladas de razón…
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