Desde el gobierno de Celso Delgado, se establecieron las rígidas reglas que el gobierno de la república tiene para la asignación del presupuesto que le transmite a las entidades federales y municipios; existe un documento denominado “Criterios que se utilizan para la asignación presupuestal a entidades federativas y municipios en la Ley de Coordinación Fiscal” elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados Federal.
Y recuerdo al tribuno, porque el secretario de hacienda de entonces le dijo, sólo le enviaría al gobierno de Nayarit, lo que le aprueban los diputados federales en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Este asunto no es para legos, de todos los ingresos que obtiene la federación en un ejercicio fiscal, se queda con el 80% y le distribuye a todos los Estados el restante 20%, creando así el denominado Fondo general de participaciones, que a su vez, cada entidad, debe distribuir de menos el 20% de lo que recibe a los municipios que la componen.
Empero, los criterios de los genios de finanzas públicas de Hacienda y de la cámara de diputados no están determinados por la filia o fobia partidaria, sino que obedecen a una fórmula –muy compleja- que tiene variables para la asignación de los dos ramos más importantes, el 28 que son las participaciones federales; y es el que se utiliza para gasto corriente y el 33 aportaciones federales, que se integra por 8 fondos que vienen “etiquetados”: para Salud, Seguridad, Educación, Infraestructura social, Fortalecimiento municipal, Fondo de aportaciones múltiples y el Fondo de aportaciones para educación tecnológica y de adultos; y el Fafef, que es el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas.
La fórmula de distribución tiene como indicadores, el monto asignado en el año 2007 (ignoro el porqué), el crecimiento económico, el esfuerzo recaudatorio y el tamaño de la población de cada entidad federativa.
Recuerdo los estudios de hace unos 20 años en los que participé en el Indetec, se les exhortaba a los Estados y Municipios para que ampliaran su capacidad recaudatoria específicamente en dos rubros, en el impuesto predial y en el pago de los derechos de agua potable; de un modo tal, que sus incrementos en estos ingresos, la federación les incrementaría de manera proporcional las participaciones federales, es decir para el gasto operativo.
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
Esta ley, es la que regula el cómo se identifican los indicadores que se utilizan para determinar la asignación presupuestal a Estados y Municipios; se estudia el origen y el destino de los dos ramos presupuestarios señalados, el 28 y el 33; el primero tiene la característica que es resarcitorio y tiene como fin el asignar recursos de manera proporcional a la participación de los Estados en la actividad económica y la recaudación, se pretende en última instancia generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de la entidades. ¿Entendieron..?
De los fondos que integran el ramo 33, cada uno de ellos tiene su fórmula de distribución, y al inicio de cada año, de forma provisional se hace un cálculo mensual considerando la recaudación federal participable obtenida en el mes inmediato anterior.
Durante los primeros cinco meses de cada ejercicio, las participaciones del Fondo General de participaciones se calcularán provisionalmente con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior, en cuanto se cuente con la información necesaria para calcular los nuevos coeficientes.
Por eso, resulta tan aldeano que gobernadores rupestres nos digan que “gracias a sus gestiones, se obtuvo tal cual recurso para tal o cual obra…, gracias al señor presidente y al secretario fulano…” la ignorancia de la Ley de coordinación fiscal, no excusa el cumplimiento de estos mecanismos de distribución de los dineros públicos.
Si bien es cierto que existen otros mecanismos para incrementar las participaciones federales a las entidades federativas, como el ramo 20 que es para el desarrollo social; éstos obedecen a el talento de cada gobernador de saber presentar los expedientes técnicos para la asignación de obra pública o inversiones a fondo perdido, para beneficiar a los que menos tienen.
Y existen otros Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional.
Estoy cierto que es muy difícil que nuestros legisladores federales hayan leído el PEF, y que tal cual lo dijo el novel gobernador Toño Echevarría, para el próximo ejercicio se obtuvieron, más de 21 mil millones de pesos, lo que resulta histórico, pero, que de acuerdo a lo expuesto, el monto de estos recursos se debe en parte a la operación financiera del anterior gobierno y de los anteriores ediles.
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