El día de hoy, en Nuevo Vallarta, con la presencia del gobernador Antonio Echevarría García, y del consejero jurídico del presidente de la república, Lic. Misha Granados Fernández, se llevará a cabo la primera reunión plenaria de la Conferencia nacional de presidentes de los Tribunales de Justicia de los Estados CONATRIB, en cuyo seno se tratarán los temas de la mayor relevancia que enfrentan los poderes judiciales de los Estados ante la inminente implantación de la reformas constitucionales en materia del derecho civil, familiar, mercantil y del trabajo.
El Estado mexicano, mediante reformas y adiciones a la Carta Magna, ha implementado la fase final de la unicidad judicial, esto es, que serán los tribunales judiciales quienes se encarguen de aplicar y administrar justicia con el nuevo sistema garantista y oral en materias que están rezagadas frente a la dinámica que ya tiene el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral; tendremos juicios orales civiles -hipotecarios- y familiares; mercantiles en su fase final y lo novedoso, los tribunales del trabajo desaparecen del ámbito de los poderes ejecutivos estatales y pasan a la competencia de los poderes judiciales.
El tamaño del reto para las entidades federativas es enorme, sobre todo porque los legisladores federales y la presidencia de la república han llevado a cabo esta remodelación integral de la «justicia cotidiana», empero, a las reformas que se traslada su operación a los poderes estatales, no ha venido aparejada la ministración de los inherentes y cuantiosos recursos financieros que se requieren para su debida operación.
Estos y otros temas, son la materia que hoy los presidentes de los TSJ tratarán en el paradisiáco Nuevo Vallarta; con la presencia del gobernador de los náyaros, es obvio que Toño escuchará de viva voz, que todo lo que sabe que le duele y le hace falta a nuestro poder judicial, es sufrimiento que es común a todos los tribunales estatales de la república; lo cual, debe servir para un reordenamiento de las relaciones del poder ejecutivo estatal con el legislativo y el ejecutivo federal, y que no se dejen esos boquetes financieros que hasta hoy tienen limitados a los poderes judiciales para cumplir con decoro sus delicadas funciones ante la sociedad que demanda una pulcra y eficiente procuración y administración de justicia.
Por el bien de México, de su sociedad y de los poderes judiciales de los Estados, que llegue a buen fin esta reunión; y si «robalea» el consejero jurídico de la presidencia, pues que sepa que los magistrados presidentes están dispuestos a llegar a la controversia constitucional para la debida implementación financiera de estas trascendentales reformas.
Que Pedro Antonio Enríquez sea un buen anfitrión y que no les tiemble la voz a los oradores para el reclamo de justicia financiera que requieren para la implementación de este nuevo sistema de justicia integral.
A ver si se animan…
