Por Luis Ignacio Palacios
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Los riesgos de cambiar el sistema
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El menos malo, examen de oposición
De las 20 iniciativas de reformas constitucionales que presenta el presidente de la república, por sus consecuencias inauditas están las reformas que inciden en la división de poderes para concentrar el poder en la presidencia de la república, y en ello, las reformas al poder judicial y la desaparición de los órganos con autonomía constitucional.
Digámoslo con todas sus letras, la reforma judicial prepara la refundación de todos los tribunales del país, incluyendo los estatales.
Los argumentos que lo justifican señalan que las causas de la impunidad, la corrupción y la injusticia ha sido la falta de independencia de los juzgadores, distanciados de la sociedad; y para remediarlo se proponen mecanismos democráticos que permitan al ciudadano participar activamente en los proceses de elección de ministros, magistrados y jueces.
Al aprobarse la iniciativa de un plumazo todos los jueces del país, -que son miles, federales y estatales- dejan sus funciones para ser sustituidos en plazo perentorio por quienes serán electos por la ciudadanía, los previos procesos de selección serán propuestos por los partidos políticos y los legisladores del congreso federal.
La administración de justicia será capturada por la política, lo cual es un verdadero adocenamiento, puerilizar y llevar a la contienda partidaria, una de las labores más delicadas que tiene el Estado mexicano. Este proceso destruye lustros de evolución del derecho mexicano, y la larga constitución de la especialización que trae consigo la carrera judicial.
Para ser juez de distrito, tienen que pasar por duros exámenes de oposición, en el caso del poder judicial de nuestro estado, aún existen jueces –sin los perfiles mínimos- que fueron nombrados por la cercanía del presidente del TSJ, quien fuera nombrado por el gobernador en turno; sin embargo, los exámenes de oposición son los que pueden ofrecer mejores abogados para convertirse en juzgadores.
La experiencia nos lo indica, quienes hemos sido Abogados postulantes; el mejor derecho reclama imprescindiblemente buenos jueces y, la práctica de la administración de justicia reclama una sana aspiración, además del cumplimiento de exigencias de procedimientos jurídico administrativos, debemos de acogernos a las cuatro virtudes cardinales de la vieja democracia griega, que deben ostentar los jueces:
Prudencia, justicia, fortaleza y templanza; a las cuales les añadimos las virtudes propiamente judiciales: independencia, imparcialidad, profesionalismo y objetividad.
Un buen Abogado debe ser un hombre educado, culto, capaz, debe ser reconocido socialmente como una buena persona, un hombre justo, y los jueces incardinan en su vida cotidiana la práctica de la ética judicial; en el poder judicial de Nayarit había muy buenos jueces –ya se jubilaron- y quedan muy pocos que puedan ser reconocidos como jueces de excelencia por el foro local.
Magistrados del TSJ local, reconocidos como estudiosos y profesionales del derecho judicial, se pueden contar con los dedos de una mano.
Sí, los mexicanos requerimos de mejores jueces, las distintas ramas del derecho reclaman indefectiblemente su especialización, el reto de implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares será una verdadera tarea de romanos; y no, no es el cambio drástico del sistema judicial como se podrá lograr.
Los políticos actuales no son buenas personas, no son ilustrados, son ambiciosos vulgares, llegan al poder para ejercerlo de manera patrimonialista, se ha sepultado el concepto de que la política es la más elaborada de las disciplinas sociales, ahora cualquier gandalla ignorante, es diputado o presidente municipal, otros, verdaderos pillos, zafios e ignorantes llegan a ser jefes de gabinete del Ayuntamiento de Tepic.
Ninguna de las razones que justifican esta reforma, resiste un análisis serio, racional y objetivo.
Hay que ver el estancamiento judicial que hoy existe en Bolivia, su gobierno populista no ha podido dar respuestas a los reclamos ciudadanos, con su sistema de elegir jueces, magistrados y ministros; de llevarse a cabo en nuestro país como se propone esta reforma, se causaría un daño irreparable.
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