En la deflación política que prevalece en el gabinete legal y supuestamente “político” del gobernador Roberto Sandoval, existen recomendaciones que recientemente han dado para contrarrestar los ataques mediáticos que se han generado por la inopinada contradicción y denuesto del alcalde Polo Domínguez; han permitido que otras voces, y en otros escenarios empiece a permear que uno de los activos más importantes de este gobierno –la seguridad pública- se desprecie del análisis gubernamental.
Señalan los voceros oficiosos de la secretaría general de gobierno que, es necesario tener otro tema para ponderar la solidez política del gobernador Sandoval; se van por los derroteros de la distorsión mediática que se origina por la anomia política de un gabinete Montessori, que poco o nada aporta hacia el fortalecimiento de la imagen política del gobernante, en ese hito que será la cuarta edición de su informe de gobierno.
Mal hacen estos voceros y más mal aún es la actitud permisiva de quienes tienen la obligación fundamental de mantener las líneas discursivas mediáticas del gobierno; por que dejar que se sub valúe la seguridad pública que tantas vidas costó a las fuerzas de seguridad pública, minimizar la epopeya que hizo Edgar Veytia con sus hombres es, demeritar un auténtico bastión de la gobernabilidad de la administración de Roberto Sandoval.
La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad; la vigencia real, auténtica de un Estado de derecho genera condiciones que permiten a los ciudadanos llevar a cabo todas sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida y la de su familia, su patrimonio y todos sus bienes jurídicos están tutelados, sin la inminencia de peligro o riesgos que se presentan con una delincuencia desatada.
Si un gobierno no cumple con esta, que es una de sus principales funciones, la de proporcionar seguridad a sus habitantes; los ciudadanos quedan inermes y no tienen manera de defender sus bienes y derechos; salvo que nos vayamos a la venganza privada y entonces esto será la ley de la selva.
Al fiscal de hierro, le han estado tratando de tentar con las liviandades de una aventura política, e implícitamente conminar a que su presencia en el gabinete de Roberto es de tal importancia que si no se le dan las condiciones para lo primero, emigraría a Nuevo León para integrarse al gabinete del “Bronco” Jaime Rodríguez Calderón, que está en ciernes de tomar posesión como mandatario de aquella entidad.
SIN CHATAJES NI PRESIONES
Muy lejos está Edgar Veytia de chantajear así a su compadre y amigo que hoy es gobernante de los nayaritas; ya lo dijo hace semanas y hace unos días lo reiteró en una reunión con periodistas; no se va a Nuevo León y no tiene –de momento- planes para contender por la candidatura para suceder a Roberto Sandoval; y para aquellos que pretenden seducir a uno de los mejores funcionarios del gabinete, es posible que sean cómplices involuntarios de los intereses del sexenio anterior que hizo la perversidad mayúscula con la trágica cohabitación delincuencial.
La función primordial de la seguridad pública del Estado, es la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, preservando sus libertades, el orden y la paz públicos; en Nayarit no todo ha sido miel sobre hojuelas; se llevan a cabo dos tareas, las funciones sustantivas de la seguridad pública, la prevención y la disuasión de los delitos, y las prisas por el escaso presupuesto que le corresponde a la Fiscalía para las demandas del nuevo sistema de justicia penal.
En este contexto, en la parte jurídica de los miles de procesos y averiguaciones previas que se tienen bajo el viejo sistema inquisitivo, los juzgados penales y mixtos tienen que implementar los viernes y días de asueto para hacer revisiones exhaustivas y darle racionalidad al ejercicio de la acción punitiva, resolver de menos el 80% de más de 8 mil procesos penales que están vigentes es el enorme reto que hoy tienen, la FGE en su ámbito de titular de la acción punitiva.
No contar con orden y paz pública, es no tener las condiciones para la subsistencia del mismo Estado; sin ello, el tejido social se corroe, la sociedad se desordena y surge el caos y la anarquía; todos aquellos que hoy le quieren mover el tapete a Veytia, deben de reconocer que en una comunidad donde no exista el orden y la paz pública, difícilmente puede hablarse del ejercicio de libertades individuales y la salvaguarda de derechos.
Estas expresiones sibilinas, no abonan al fortalecimiento de la imagen gubernamental, los inteligentes del gabinete de Roberto ya debieran de percatarse de ello; tener seguridad pública, propicia el orden de la sociedad, que es como corolario el sustento de la cohesión social que la da sentido a la existencia del Estado.
El problema de la delincuencia es el resultado de un problema mayor que puede padecer todo orden social; la contención a la densidad delincuencial que asfixiaba a los nayaritas, es uno de los principales activos del gobierno de Roberto, no es dable bajo ningún concepto subvaluar esta epopeya y frivolizarlo es una ordalía política, una perversidad descomunal de estos “amigos” del gobernante.
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