La frase es antigua y tradicional, se trata de la inconveniencia de mencionar temas incómodos o dolorosos, especialmente en presencia de los afectados de la cita; en la aburrida y enorme novela del Ingenioso Hidalgo de la Mancha, aparece en boca de Sancho –capítulo 25 y en la de Alonso Quijano –capítulo 28; y tal frase me vino de inmediato, el viernes anterior, cuando el gobernador Antonio Echevarría García, disertó su filípica contra el poder judicial de Nayarit en la primera reunión plenaria de la Conatrib.
El mismo día, su oficina de prensa difundió el hecho haciendo énfasis en la diatriba gubernamental: pidió a magistrados y jueces del Poder Judicial de Nayarit que dejen de proteger a ex funcionarios corruptos, «que saquearon al estado y destruyeron sin piedad sus instituciones», y habló del pasado reciente de injusticias que vivieron miles de familias de nayaritas de parte de gobiernos irresponsables, saqueadores y sin compromiso alguno con las causas más elementales de los ciudadanos.
«Justicia robada por un ex fiscal hoy interno en una prisión Norteamericana, acusado de narcotráfico, y de quien hoy tenemos certeza que su conducta criminal tenía alcances, entre otros, hacia el secuestro, la extorsión, el desvío de recursos y el uso patrimonial ilegal e ilegítimo de los instrumentos penales a su disposición».
En presencia del Magistrado Sergio Javier Medina, Presidente de la CONATRIB y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de México, así como del titular del Poder Judicial de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez, el gobernador Echevarría García relató algunas conductas criminales que agraviaron a más de un millón de nayaritas, cometidas por el ex fiscal, situaciones que no se explican sin la complicidad de jueces y magistrados locales.
«Según reportes de la nueva Fiscalía General del Estado, el papel de guardaespaldas de esos malos servidores públicos es evidente, y absolvieron —por ejemplo— a un ex funcionario del periodo 2005-2011, cuya participación en el desvío de recursos quedó más que demostrada. Hay una evidente y deliberada dilación del proceso contra un ex alcalde capitalino de pésimo recuerdo”.
A juicio del escriba, con el rigor metodológico que indica la interpretación del derecho judicial como argumentación política, al duro discurso del gobernante, le faltó precisiones jurídicas, fueron interpretaciones políticas de sus hombres cercanos –que no son letrados- que le sugirieron tales admoniciones.
Toño Echevarría se pronunció a favor de tener tribunales confiables y respetables, legitimados y con credibilidad. «Para que eso suceda, debe de estar desligado de las dinámicas del poder político. Estamos lejos de alcanzar este anhelo, y no seré yo quien retarde aún más ese proceso; pero también que quede bien claro, como Gobernador, tampoco renunciaría a mi derecho de hacer uso de todos los instrumentos que la ley y la política me permitan para cumplirle a los nayaritas la promesa que hice de devolverles la justicia”.
SOBRIA RESPUESTA DE PEDRO ANTONIO
Imagino que tales asertos del gobernante, causaron estupor en los magistrados presidentes de los Tribunales de Justicia de los Estados, se trataba de un acto protocolario de la Conatrib y en la agenda de los trabajos se encuentran los más delicados temas de las reformas constitucionales, en cuya aplicación tienen que ver, ser partícipes los gobernadores de la entidades federativas; la trascendencia de los temas se difuminó, el duro mensaje del gobernante náyaro fue la nota del fin de semana.
Repuesto de la sorpresa que de seguro le causó a Pedro Antonio la admonición de Toño Echevarría, por conducto de su jefe de prensa, en breve lapso, hizo circular en redes su respuesta: “el magistrado presidente Pedro Antonio Enríquez Soto reconoció en primer término la preocupación del titular del Poder Ejecutivo por que se garantice una expedita y eficaz impartición de justicia en el estado.
De igual forma, dio a conocer que en ninguno de los casos penales referidos han terminado los correspondientes procesos ni se han dictado sentencias que impliquen exoneración alguna.
Agregó que jueces de primera instancia y magistrados han resuelto las promociones de las partes conforme a las normas y procedimientos que son aplicables en cada caso, sean del sistema tradicional o el acusatorio.
Enríquez Soto dijo asimismo que dichas resoluciones son recurribles ante la justicia federal, que hasta el momento en ninguno de dichos casos se ha pronunciado por que se modifique lo dispuesto por jueces y magistrados.
Dijo finalmente que en atención a las reglas del debido proceso, el Poder Judicial reitera su respeto al derecho que tienen las partes a realizar las promociones que les permite la respectiva legislación y precisó que es obligado para los juzgadores darles respuesta, de manera fundada y motivada”.
Como se aprecia, se trata del desencuentro de los operadores de la fiscalía y de la auditoría superior del Estado, con los jueces penales; de un singular asunto de capacitación profesional; tendrán muchos títulos de licenciados, máster e incluso doctores en derecho; empero, la pericia del Abogado litigante aún no ha sido acreditada en las querellas y procedimientos resarcitorios que han presentado.
Y los emisarios del pasado, han contratado avezados Abogados litigantes de amplia experiencia en estos menesteres, que a la fecha han hecho nugatorios los intentos de resarcir al pueblo de Nayarit, la “justicia robada”. El gobernador Echevarría anda en lo suyo, la beligerancia política y mediática; sin embargo a juicio de algunos magistrados del poder judicial local, era innecesaria la filípica, si todas las contradicciones político administrativas las quieres judicializar, “pues contraten buenos Abogados…”
El quid del asunto, para el escriba es, que el poder legislativo puede y debe de tender puentes para resolver estas contradicciones jurídico-políticas del gobernante con el poder judicial; son solo cuatro años en el ejercicio del poder, ya llevan siete meses y hace falta que cuaje la verdadera gobernabilidad en esta administración.
Digo..,
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