Pocos hemos reparado en el hecho de que en las elecciones del próximo 7 de junio, los mexicanos, por vez primera tendremos el proceso electoral más grande de nuestra historia reciente de construir una democracia electoral, la que sin el pueblo -pese a la perversidad de los partidos políticos- no podría llevarse a cabo; la numeralia electoral es sencillamente abrumadora.
Y además, tenemos a partir del 23 de mayo del 2014, un compendio de nueva legislación electoral; primero fueron las reformas constitucionales, y concomitantes los nuevos cuerpos legislativos, al Cofipe lo cambiaron por la Legipe –Ley general de instituciones y procedimientos electorales; y se perfeccionó la Ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
Se reordenó y tipificó –en demasía, según el escriba- la Ley general en materia de delitos electorales y el nuevo adefesio populista, la Ley federal de consulta popular. Prácticamente es el mismo modelo anterior, solo que con la puntillosidad que los partidos y sus dirigencias le endilgaron a la sociedad en general,
Tendremos dos tipos de procedimientos sancionadores: a) ordinario y b) especial, el primero lo desahoga el INE y puede ser apelado ante el Tribunal; en el segundo, el INE realiza un “informe circunstanciado” y lo remite al Tribunal, el que sancionará o no.
Se ampliaron las causales de nulidad de una elección; por rebasar el tope de gastos de campaña, utilizar recursos de procedencia ilícita, aprovecharse del desvío de recursos públicos, compra de cobertura informativa en radio y televisión.
Dice el texto legal “Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor de cinco por ciento”.
Entendemos que mientras más estricta sea la sanción (en este caso, la anulación de una elección), las probabilidades de que se cometan esas infracciones será menor; lo cual es de dudarse. Y por otro lado consideramos que al añadir causales de anulación se multipliquen los incentivos para impugnar la elección por parte de los perdedores. Todo un galimatías pues.
NUMERALIA
Con esta elección se renueva la cámara de diputados con sus 500 ineficaces integrantes; 9 gobernadores de: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora; 16 congresos locales a los anteriores Estados hay que sumarle Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Tabasco, Yucatán y la Asamblea del D.F.
Se eligen 887 ayuntamientos y 20 juntas municipales en Campeche.
En la boleta aparecerán 10 partidos, además de dos coaliciones: PRI-PVEM y PRD-PT -aunque no en todo el proceso- y por primera vez aparecen candidatos independientes .
El listado nominal de electores, que no es lo mismo padrón electoral; sino los ciudadanos que potencialmente pueden votar son 83. 6 millones y representan el 95.78% del total de los mexicanos registrado en el padrón.
Se requerirán 1 millón 251 mil funcionarios de casilla -presidente, secretario, escrutadores y suplentes- para recibir y contar los votos. Se trata de ciudadanos que generosamente aceptan la invitación del INE a fungir como tales y que son fruto de un sorteo y un breve proceso de capacitación. Para lo cual se contrató a un poco más de 38 mil capacitadores.
Se instalarán más de 152 mil casillas en todo el país. Todos los partidos han recibido 5.3 mil millones de pesos para sus actividades ordinarias, gastos de campaña, tareas de capacitación e investigación, franquicias postales y telegráficas.
Un candidato a diputado federal no podrá gastar más de 1 millón 260 mil pesos en su campaña y el INE es el encargado de administrar el acceso de todos los partidos y candidatos a los tiempos de radio y televisión, lo cual ha generado millones de spots en toda la nación que, su emisión ha sido contradictoria, tienen al futuro elector hasta la madre de enfadados.
La autoridad electoral espera más de 79 mil informes de gastos de campaña sumando las federales y las locales, a los que deberá fiscalizar; y, desde luego quedan los cientos o miles de impugnaciones que habremos de tener, puesto que, dado el talante tan pedestre de los candidatos y sus partidos, muy pocos aceptarán en primera instancia su derrota electoral.
Todo lo cual, convierte a este sufrido país, en una olla de ebullición política en las semanas posteriores al proceso; que desde luego se espera que transcurra con normalidad, solo los focos rojos de las zonas de conflicto con el narco y los grupos de autodefensas o de plano en las contadas regiones del país en donde la disolución del Estado mexicano ya sucedió.
Estas elecciones serán un parte aguas del México que quiere salir de la mediocridad que nos impone la partidocracia que estamos padeciendo.
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