Para darle un poco de racionalidad al descomunal proyecto del ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sobre la amnistía y perdón a delincuentes, debemos ver el cómo procesaron acciones similares, pese a que en nuestro país existren características que nos hacen únicos en el fenómeno frente a la violencia recurrente e impune de los grupos delincuenciales, en Perú la situación de conflicto terminó en 2000, cuando inició un proceso de justicia transicional, de recuperación del sistema democrático, y también de recuperar la institucionalidad, porque el término del conflicto coincide con la caída del régimen del presidente Fujimori, precisamente por múltiples actos de corrupción.
En el proceso de reconciliación peruano, sus leyes de amnistía bloquearon toda posibilidad de investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el periodo de la administración del presidente Fujimori; y fue un proceso que se dió con relativa calma, merced a que cesó la violencia; en México, al violencia la tenemos presente..! cómo promover amnistía cuando el dolor y la humillación de las víctimas están a flor de piel del mexicano.
La justicia transicional es un proceso que se activa al término de un periodo de violencia. Esta es una herramienta jurídica de excepción que promueve el Estado y su mandatario que recién llega, y tiene básicamente cuatro elementos: verdad, justicia, reparación y, finalmente, medidas de no repetición o reformas institucionales. Son cuatro elementos de justicia transicional, entendiéndola como un periodo que se inicia luego de una etapa en la que hubo graves violaciones o crímenes contra los derechos humanos.
De esta manera, es la mar de difícil y el grado de dificultad es mayúsculo para proponer y operar un mecanismo de esta naturaleza que implica -según el decir de Alfonso Durazo- perdón de la víctima y olvido del Estado en su función punitiva en contra del delincuente; sería una tarea de romanos, operar caso por caso y en la mayoría de éstos, según lo hemos visto en los foros de consulta sobre el tema, existe una marcada oposición de las víctimas y sus familiares; el dolor causado por crímenes impunes es inocultable y la rabia contenida ante la impunidad de los victimarios sin duda es mayúscula.
En el caso de Perú, el nuevo gobierno que sucedió a Fujimori aprobó las leyes de amnistía, una relacionada a la otra. La primera era dándole el perdón a todos los que estuvieran comprometidos en actos de violaciones a los derechos humanos o crímenes cometidos en el contexto de la violencia, y la segunda era que no se podría cuestionar la primera ley.
En México tendrían que analizar caso por caso, una amnistía general sin duda sería un mecanismo de impunidad para la delincuencia organizada y obvio tendría el rechazo de la mayoría de los mexicanos; en Guatemala, Argentina, Chile, Colombia, la lucha armada fue de guerrilla urbana y rural, que tenían como justificante una aspiración política, en contra del gobierno establecido, circunstancia cuestionable desde el punto de vista jurídico, pero justificación histórica ante sus connacionales; y en México, esto no sucede, la violencia generalizada, es por el lucro del trasiego de las drogas, del chantaje al comercio, del secuestro, de la impunidad total, es una abominación total de los derechos humanos de todo tipo de víctimas.
Y una posibilidad de esta amnistía, genera de inmediato un bajón como país viable a las inversiones y al comercio internacional, y quizás un efecto a la inversa, alentaría aún mas a los desempleados a irse por la libre a delinquir, puesto que el gobierno entrante abroga el estado de derecho e impide la función punitiva de la violencia legal del Estado; y la violencia sigue viva, muy focalizada en las regiones del norte y del sur de México.
Por ende, la circunstancias reales a las que hoy se enfrenta AMLO y su equipo les imponen una visión de las víctimas que es un verdadero quebradero de cabeza, es muy difícil ganarse la confianza con las víctimas cuando ya terminó todo, ¿cómo es cuando todavía no acaba? el panorama mexicano es muy complicado.
Hay que fortalecer oficinas como Protección de Víctimas y Testigos; esa unidad tiene que redoblar sus presupuestos o sus formas de trabajar, porque es distinto: el temor está vigente, el terror se mantiene. Probablemente no sea una comisión de la verdad como la conocemos, pero la intención va a ser la misma; y baste ver los yerros mayúsculos que se están cometiendo en lo local con la comisión de la verdad alentada por la alianza de partido que impulsó al gobierno de Toño Echevarría García que encabeza Rodrigo González Barrios.
La violencia está viva. No se puede hablar de una justicia transicional que tenga como supuesto el término de una etapa, sino que estamos en un periodo vigente de violencia y ese es un factor al que primero tiene que enfrentarse el gobierno de AMLO…
