Hoy, en la inter acción de los poderes estatales, el papel de presidente del Tribunal Superior de Justicia ha cobrado singular relevancia; de cara a su ¿séptimo..? informe, las condiciones políticas tienen un escenario de desconfianza; sí, producto de las disparatadas demandas de quien dirige la autonombrada “comisión de la verdad” que busca no solo defenestrar a los integrantes del tribunal de justicia administrativa, sino que se lanzó en contra de los actuales magistrados que integran el poder judicial.
Y es que los titulares del legislativo y del ejecutivo, no han desconocido a su aliado perredista, son parte del esquema de las revanchas políticas en contra del gobierno ido, y con sus lances, han tratado con yerros jurídicos de desmontar el aparato de justicia de la entidad.
Eso, ha sido inédito en los cambios de gobiernos previos, aún con toda la parafernalia del triunfo electoral en los años noventa, con el padre del actual gobernador, no se dieron estos intentos de romper la institucionalidad de la administración de justicia, circunstancia que ha permeado por omisiones y desconfianzas entre los operadores del gobernador, que se ha visto reflejado un tanto en los medios, empero, es al interior del congreso y del poder judicial que esta condición prevalece.
Se entiende la novatez política del gobernador, con todo y lauros académicos, su secretario de gobierno, se enfrenta por vez primera a la dura realidad que hoy tiene la entidad; el flagelo de la densidad delincuencial los trae asolados; son trémulos los balbuceos políticos el poder ejecutivo, no tiene secretarios que puedan ser protagonistas o al menos que marquen la agenda del gobierno.
Es un problema cultural, los abogados tenemos una amplia gama de conocimientos del ejercicio del poder, y los magistrados actuales, salvo un par de excepciones tienen una reciedumbre intelectual que les es reconocida; al novel gobernador le ha de parecer extraño y lejano el contexto en el que se desenvuelve el poder judicial, y el talento de Pedro Antonio Enríquez, su sólida cultura jurídica, sus reconocimientos que tiene entre sus pares a nivel nacional, son un enigma para este nuevo gobierno.
El diputado presidente –Polo Domínguez- juega sus cartas y permanece aliado de las necesidades del poder judicial que ya le fueron expuestas en la reunión que el mismo impulsó.
De ahí que, el mensaje de mañana de Pedro Antonio sea la mar de importante, sin duda, con altura de miras fijará la agenda del poder judicial ante sus pares, y es menester que el super secretario sin cartera –Daniel Saucedo- le traduzca al novel gobernador, que es imperioso clarificar las relaciones institucionales del ejecutivo con el judicial, a nadie conviene este clima de desconfianza.
Es explicable el tacto y la mesura con que se conduce Petronilo Díaz Ponce al frente de la fiscalía; una vez ungido titular de tan importante dependencia, debe ser el activo protagonista de la necesaria gobernabilidad que le falta al poder ejecutivo.
Mientras tanto, el poder judicial en voz de su magistrado presidente, tiene un papel estelar en esta atonía del gobierno estatal; procurar y administrar justicia, es sin duda, una de las fundamentales obligaciones del Estado, que, debiendo actuar en sincronía hoy le deben a la sociedad el superar esta incómoda condición.
Pedro Antonio tiene que ser condescendiente y generoso; no existen puntos de referencia, la cultura política no se da en píldoras…
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