Contando con el respaldo de sus pares, y el respeto de los titulares de los otros poderes estatales, el magistrado presidente Pedro Antonio Enríquez, el día de ayer, desarrolló en un par de jornadas, con un novedoso formato de comunicación política, el momento de culminación y reflexión obligada, que constituye el informe anual de labores 2014-2105; salió airoso sin duda, y dejó la vara muy alta, para aquellos que en su oportunidad vengan a sucederle en el más alto puesto del poder judicial.
Ante los diputados, al presentar su informe les dijo que: “Venimos a dejar constancia del comportamiento de la justicia en Nayarit en todas sus expresiones, las más sensibles que afectan los derechos vitales del ser humano. Pero también asistimos ante esta representación popular a presentar la agenda de la justicia en Nayarit para invitarles a la corresponsabilidad en el cumplimiento de nuestras facultades reciprocas.
En el Poder Judicial, jueces y magistrados y todo el personal jurisdiccional y administrativo, atendemos la demanda de justicia de mayor preocupación de la gente. En nuestra responsabilidad los nayaritas depositan la confianza para dirimir sus conflictos más sensibles; esos que afectan su patrimonio, su libertad, su honor, el destino de sus hijos y sus familias. Somos el espacio natural al que la Constitución ha encomendado desempeñar el honroso rol de servir de distensor de los conflictos sociales”.
En un buen elaborado documento supo condensar los aspectos sustantivos del quehacer jurisdiccional y darle el más amplio panorama del momento en que se encuentra el poder judicial a su cargo, en este tiempo de coyuntura en el que los cambios se imponen sin dilaciones.
Dejó su visión de su quehacer con un “concebimos a la justicia como el derecho humano fundamental que permite consolidar el estado democrático y de libertades. Entendemos que el acto de juzgar no se circunscribe al mero formalismo de un acto jurídico, somos conscientes que con nuestras decisiones impactamos en la vida de las familias nayaritas”.
Con los diputados, compartió los avatares por los que atraviesa en este momento la estructura operativa del poder judicial, las estrecheces financieras que impiden el total despliegue de las facultades jurisdiccionales, señaló. “El foro, la comunidad judicial y sobre todo la sociedad se pregunta justificadamente: ¿está el Poder Judicial, la Fiscalía General del estado, preparados para operar este nuevo modelo..?
Se le ha invertido recursos propios y los que vienen de la Setec, a todo el sistema de procuración y administración de justicia; sin ambages podemos decirle a la sociedad, a las organizaciones de abogados litigantes, a la sociedad toda; que sí, el poder judicial si tiene los hombres y mujeres capaces y talentosos para ser juzgadores en el nuevo sistema.
Ese no es nuestro problema, para proseguir su implementación, desde el mes de diciembre, requerimos de 21 nuevos jueces; tenemos solo 3 juzgadores y uno de ejecución de sentencias.
Les dijo sin ambages el predicamento en que se encuentran ante la impronta de los cambios constitucionales “Sin el suficiente presupuesto para dar cumplimiento a este mandato que requerimos todas las instituciones antes citadas, el sistema se encuentra en grave riesgo de operar satisfactoriamente.
Apelamos a la sensibilidad y compromiso social de esta soberanía para que el decreto emitido por ustedes que nos ordena la ruta para la puesta en marcha en todo el estado del nuevo sistema de justicia penal, sea aprovisionado de los recursos económicos suficientes que garanticen el resultado óptimo que requiere este proyecto.
Al cerrar su intervención, Pedro Antonio, con urbanidad política dejó claro el escenario y les envió la impronta a su competencia “Apelamos a su compromiso social para que la asignación presupuestal que en estos días se discute se ponga en la agenda de prioridades al Poder Judicial.
La independencia del poder judicial en sus decisiones internas, en la práctica jurisdiccional está garantizada; y en ello tiene un gran mérito el Gobernador Roberto Sandoval y este Congreso, en Nayarit necesitamos ir inmersos en la corriente nacional, hacia la concreción de la independencia presupuestal garantizada por nuestra carta local; dispositivo al que se tienen que constreñir los poderes en el diseño y distribución de los recursos públicos del Estado para el cumplimiento de sus altas responsabilidades sociales.
La sociedad, los abogados y los justiciables merecen una justicia puntual, decorosa y sin vicios de ninguna especie; esa es nuestra convicción, en esta tarea estamos empeñados; todo este esfuerzo colectivo, es el resultado de una mística de trabajo, de un sentido humanitario de excelencia que tienen todos quienes laboramos en el Poder Judicial”.
Luego, en la disertación en la sede del TSJ, con un innovador formato, estuvo como catedrático exponiendo los interiores de las funciones jurisdiccionales, manejando los aspectos sustantivos de excelente manera y, sobre todo, asumiendo el liderazgo del esfuerzo colectivo de todos aquellos que laboran en el TSJ; enviando un esperanzador mensaje a los poderes y a la sociedad en general, de que ante la trascendencia de los cambios de modelo de justicia, los nayaritas pueden tener la certidumbre de que ellos, serán capaces de responder; la bronca presupuestal es pues, compartida.
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