“La voluntad, es la suprema ley de los contratos..” reza uno de los principios generales de derecho que parecía inmutable; a lo largo de los siglos, desde los viejos griegos y romanos, que crearon paradigmas e instituciones jurídicas, no solo para quebrarle la cabeza a los estudiantes de Abogacía, sino para darle los sustentos al edificio jurídico de toda sociedad que base su existencia en principios de observancia general y estricta.
En la evolución del derecho, una ciencia dinámica por excelencia, desde hace más de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancia de los resolutivos de la Corte interamericana de derechos humanos, emitió varias tesis de jurisprudencia, los jueces locales, civiles y mercantiles motu proprio tienen facultades en un juicio contencioso, para disminuir discrecionalmente el monto de los intereses a cargo del deudor, cuando éstos son, notoriamente usurarios.
Los montos pueden quedar en un solo dígito, menor al 5% anual.
Tal determinación causó un impacto tremendo en ese sector de la economía de nuestro país que se dedica al inmoral negocio del agio legitimizado; cientos de empresas auxiliares de crédito, casas de préstamos “bancos” de tiendas departamentales, “cajas populares” y demás buitres, pusieron el grito en el cielo, abogados venales que han hecho de la expoliación de deudores morosos su modus vivendi, presentaron cientos, miles de amparos en contra de estas sentencias que empezaron a dictar en nuestro país, los jueces civiles y mercantiles.
Los magistrados de los tribunales colegiados, que en sus sentencias dan una de chicha y otra de limonada, medianamente han respondido, han sido obsecuentes a las sentencias de los jueces de primera instancia.
Recientemente, los magistrados integrantes de la Sala civil del Tribunal superior de justicia de Nayarit, dieron a conocer que en el año del 2015, se dictaron en la entidad más de 2500 sentencias por jueces locales, sentencias en las cuales se disminuyeron los montos de los intereses usurarios que se cobraron judicialmente a los deudores morosos, sentencias que fueron recurridas mediante el juicio de amparo, y que, en su mayoría fueron ratificadas por los magistrados de los colegiados locales.
Esta nueva práctica judicial, se origina de una singular reunión que tuvo el gobernador Roberto Sandoval con todos los integrantes del TSJ en el mes de diciembre del 2014, en donde les pide que le ayuden a resolver en favor de deudores empobrecidos, los miles de reclamos que ha registrado en sus giras; comisionó a la magistrada Rocío Esther González, para que explorara el tema.
Apenas hacía un par de meses que la SCJN había dictado sus resolutivos al respecto y Rocío, con esa diligencia tan propia con que actúa, implementó una serie de seminarios y conversatorios semanales con los jueces civiles y mercantiles para que actuaran en consecuencia en juicios ejecutivos en dónde los actores ejercían acciones de cobro con montos de intereses notoriamente usurarios.
Hoy, es una actuante realidad, todos los empréstitos leoninos pactados ante la notoria necesidad de la gente, tienen en el poder judicial un valladar para evitar su expoliación patrimonial; falta mucho por hacer, legislar para disminuir el fenómeno de la fijación de intereses usurarios, empero, judicializar sus cobros ya no será tan fácil.
Así se cumplen los objetivos superiores de la función jurisdiccional…
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