En el cuadro disímbolo de conductas personal y pública que tiene el doctor Leopoldo Domínguez, actualmente el presidente municipal de Tepic, existen algunos aspectos que me llaman poderosamente la atención, de su particular desconocimiento de los interiores jurídicos y administrativos del sistema político mexicano; y del no comprender en absoluto –pese a haberle prolijamente explicado- cuáles son las fuentes primarias y constitucionales de la hacienda pública de los ayuntamientos.
El reciente lance público de anunciar una denuncia penal en contra de un numeroso grupo de ex funcionarios del ayuntamiento anterior, cuya lista la encabeza –desde luego- el ingeniero Héctor González Curiel, el ya no tan famoso “Toro” para los medios.
La lista la integran 23 funcionarios a los que se les comenzarán una serie de procedimientos administrativos y denuncias penales, luego de los hallazgos durante el proceso de entrega- recepción. Aserto que nos revela, lo lento que trabajan en su administración dado que han sido ya más de cuatro meses de ejercicio constitucional y hasta hace un par de días se percataron de que la conducta de tales ex funcionarios es típica, dolosa y constitutiva de delitos.
El boletín informativo de este ayuntamiento señala a quienes presuntamente desviaron recursos y causaron daño patrimonial al municipio. “Iremos a fondo contra la corrupción, sea quien sea, tope donde tope. En Tepic, el cambio se demuestra con hechos. La gente quiere acciones más que palabras”, enfático declaró el edil Leopoldo Domínguez.
Resaltó que los responsables deberán recibir castigo, que los bienes sustraídos deberán ser reincorporados al municipio y el daño patrimonial, de más de 125.5 MDP –más lo que se acumule-, tendrá que ser resarcido en su totalidad.
“No descansaremos hasta que esto se cumpla. En Tepic, el cambio va en serio”, lo cual confirma que la intención subyacente es una autoafirmación política, y que esta denuncia, de proceder, tiene muchas aristas débiles de la parte querellante, puesto que, tratándose de delitos cometidos en ejercicio de las funciones públicas, se tiene una serie de elementos sine qua non, en el código adjetivo penal, que tiene que pasar forzosa y necesariamente por la competencia del Órgano de fiscalización superior de la cámara de diputados.
Llama la atención de lo que señala como “daño patrimonial” “bienes sustraídos que deberán ser reincorporados al municipio de más de 125.5 millones de pesos..” ¿ah chingá..? ¿se robaron edificios, joyas.., dinero en efectivo, lujosos automotores para dimensionar tal cantidad..?
LA RUTA DEBIDA
En toda administración municipal existe una dependencia que es la primera instancia para que se generen acciones en contra de servidores públicos corruptos o venales; son la contralorías municipales, las cuales casi siempre tienen como titular a un funcionario anodino, sin el perfil debido, que de nada o poco sirve para que en las administraciones municipales, se cubra todo el expediente de transparencia y ejercicio probo de los recursos a su cargo.
Son ellos y no lo que determine el OFS lo que debe de mover la voluntad política para presentar denuncias en contra de quienes han vulnerado voluntariamente la ley, en el ejercicio de sus funciones; y luego, salen que después de la auditoría que están practicando –que durará cuatro meses- de la cual espera mas irregularidades, lo cual es absurdamente atípico, desde el punto de vista de la juridicidad que debe prevalecer en este tipo de asuntos.
Es decir, que primero el doctor Domínguez emite un comunicado de lo que va a hacer, presentar una denuncia en contra del edil anterior y todos sus principales colaboradores, de primer y segundo nivel, hallan o nó hallan manejado recursos monetarios o financieros; lo cual, es verdadero contrasentido, anunciar una conducta ilícita se haber obtenido al menos un resolutivo del ministerio público como presuntos responsables de los delitos que se les imputan.
Que incluso, tales expresiones constituyen una vulneración flagrante a las garantías de legalidad y de debido proceso a las que tiene derecho todo imputado y no es que desde este espacio defendamos al “Toro” y a sus contlapaches, sino que esta condición de respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Con la información anunciada, pareciera que el doctor Domínguez y su singular grupo jurídico del ayuntamiento, proceden de manera precipitada, pre juzgando la responsabilidad delictiva del “Toro” y sus secuaces; y, una conferencia de prensa con asertos y generalizaciones no es el camino ni legal ni político para sanear la administración y las finanzas del ayuntamiento a su cargo.
Son expresiones aventuradas que deberán ser confirmadas con la admisión de las denuncias –primero- con la acreditación de los elementos presuntivos del corpus delicti –segundo- de las figuras típicas que se les imputen; y, de encontrar tipicidad y antijuridicidad, el representante social de la fiscalía deberá de consignar y pedir la acción punitiva ante el juez competente, mientras tanto, los presuntos tienen todo el tiempo del mundo para armar su defensa.
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