El gobierno de Toño Echevarría García, a su inicio, tuvo mediante exuberancias y exageraciones de algunos de sus connotados funcionarios, el ejercicio de la condena política para el gobernador precedente y lo que significa para esta administración, un gobierno plagado de latrocinios; en ello se acabaron el bono democrático y la innegable legitimidad que les dieron los votos en las urnas para su contundente triunfo electoral.
Ignoro si tenían trazada una ruta crítica o todo fue producto del espontaneísmo y en algunos ingenuidad para perder tiempo y patrimonio político, desgastando su fortaleza en infiernitos; empero, helos ahí, con un poco de orden en lo jurídico, desde el congreso del Estado, se dieron las primeras acciones de lo que pudiésemos llamar la “etapa postulatoria”, a guisa de un proceso judicial, que consistió en la inopinada condena mediática de la inconveniente e incontinente “comisión de la verdad”.
Este gobierno, con su aval o tácita confirmación permitió que el pleito político así se iniciara, rijoso, y con una enorme carga de subjetividad en los anuncios previos a las acciones judiciales, hechos y circunstancias que contradicen los principios fundamentales del nuevo sistema de justicia penal; se hizo apología de delitos aún no confirmados por autoridad judicial, se abusó de la condena mediática, se perdieron las proporciones de las acusaciones, fueron timados por unos vivales que a la postre supimos que eran peores que aquellos a los que acusaban de despojos.
En fin, ahí quedó el escenario, con un poco de cordura y algo de orden, el encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, ha presentado diversas denuncias en contra de ex funcionarios del gobierno…, de Ney González, el sátrapa de la Mololoa que tuvo seis años, atejonado a Roberto Sandoval con un singular chantaje, mismo que le aseguró seis años de impunidad.
Empero, ya se enderezaron acciones punitivas en contra del mismo ex gobernador Roberto Sandoval y algunos de sus principales colaboradores, por la comisión de figuras delictivas que son la mar de difíciles de acreditar los elementos sustantivos de la tipicidad objetiva, ya no digamos la subjetiva y la tipicidad normativa, que a la luz del sistema de corte acusatorio y oral, el pronóstico se aprecia difícil.
Terminó la primera etapa, ahí queda el escenario en el campo de la fiscalía general, cuyo titular se truena los dedos al conocer los textos de las querellas, deseando que tengan toda la pulcritud jurídica cada caso, para darle viabilidad a unas acciones que son, eminentemente de índole político, con tintes jurídicos que pudiesen acreditar llegado el caso, la vulneración voluntaria por parte de Roberto y sus cuates, de las normas legales que nos rigen.
LITIS CONTESTATIO
Y en éstos días, se da la respuesta jurídico política del denunciado, el ex gobernador Sandoval, haciendo uso de sus elementales derechos de defensa, da a conocer que contrata a un singular despacho de Abogados especialistas en pillerías de ex funcionarios gubernamentales y de evasores fiscales, así como de quienes el tesoro de los yunáites, les tiene congeladas sus cuentas y prohibiciones variopintas.
Se anuncian las primeras acciones judiciales, para evitar la monserga de ir ante el ministerio público que inició la carpeta de investigación y que decidió asegurar precautoriamente algunos bienes inmuebles, se van por la cómoda ruta de los juicios de derechos fundamentales, para que las autoridades estatales señaladas como responsables contesten pronto y con pulcritud, la verdadera naturaleza de los hechos presumiblemente señalados como delitos.
Se abre pues, la contienda jurídica con una sobre carga de tintes políticos, merced a la activa participación en redes sociales, de los fidelizados del gobernador Toño Echevarría; el pronóstico es, desde luego reservado; empero, si al escriba como Abogado litigante le hubieses preguntado “¿cómo iniciamos…?” les hubiera señalado una ruta administrativa-jurídica un poco más larga, pero de real eficacia tanto política como judicial.
Sin un fiscal que sea amedentrador de los litigantes, empecinado el Petrus y Rodrigo en hacer de la fiscalía un territorio en el cual campee la vigencia del estado de derecho, la cancha, se supone está pareja para ambos, el pleito jurídico-político apenas se inicia y existen varios estadios que se tienen que cubrir.
El gobernador Toño Echevarría, está conminado a vigilar con lupa los acontecimientos, y esperar que primero la fiscalía haga bien su trabajo en base a las querellas y elementos probatorios que les presentaron; y llegado el caso, el poder judicial cumpla sus funciones, sin dubitaciones de ninguna especie; ésta vertiente de un nuevo gobierno, es una ruta cruel, la búsqueda de una justicia que castigue al sinvergüenza, con un aparato de procuración que aún tiene los vicios e inercias de un pasado oprobioso; sin duda, requieren de gente experimentada que contribuya al manejo de las inherentes crisis que van a surgir.
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