La Ombudsperson de México acusa que el INAI está poniendo en riesgo un caso que, desde su perspectiva, no está resuelto.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció el miércoles una batalla legal en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), porque ese organismo presuntamente ha puesto en riesgo las investigaciones del caso del homicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Dolando Colosio Murrieta, asesinado un día como hoy hace 28 años en la ciudad de Tijuana.
“Daremos la batalla para lograr la apertura de una investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos del 23 de marzo de 1994, y también para defender los derechos de las víctimas, incluso recurriendo a amparos o aquellos recursos que sea menester”, dijo la CNDH en un pronunciamiento público.
En el documento, la defensora de derechos humanos califica al INAI de tener un doble rasero en materia de transparencia, y acusa que a través de ese Instituto se han intentado obtener elementos de prueba del caso Colosio que, según la Ombudsperson del país, no deben transparentarse ni hacerse públicos.
“A través del INAI se ha estado pretendiendo que la CNDH dé cuenta de elementos de prueba que serían clave en la apertura de una investigación de los hechos sucedidos el 23 de marzo de 1994, por lo que vamos a iniciar una batalla legal para lograr que en todas las resoluciones de ese Instituto se imponga la prevalencia de los derechos humanos, es decir, el interés de aquellas personas que tienen la calidad de víctimas”.
Debido a que la CNDH dice tener pruebas que permitirían la reapertura del caso Colosio, la Ombudsperson mexicana le pide respeto al INAI, y que considere la recomendación que aquella emitió en octubre de 2021, en el que la víctima de violaciones a los derechos fundamentales es Mario Aburto Martínez, condenado por el homicidio de Colosio.
“Tampoco es posible que el INAI pretenda poner en riesgo un caso que no está resuelto, que mida con doble rasero sus resoluciones de información”, detalla el pronunciamiento de la CNDH.
La Comisión agrega que el INAI “por un lado se niega a dar a conocer los bienes y el origen de la riqueza de algunas personas, invocando los artículos 6º y 16 de nuestra Constitución, (y) por otro, extrañamente pretende obligar a la CNDH a exponer los intereses, y en este caso incluso, el debido proceso de una víctima, que además se encuentra en esa calidad, debido a una Recomendación”, dice la Ombudsperson refiriéndose primero al caso del periodista Carlos Loret de Mola, y al final a Mario Aburto.
El pasado 16 de febrero el INAI informó que no tiene facultades constitucionales ni legales para investigar los ingresos y bienes de ningún ciudadano, por lo que no podía realizar una indagatoria sobre el patrimonio de Loret de Mola, solicitado previamente al Instituto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sobre Aburto, la CNDH se queja de que el INAI ha resuelto que debe transparentarse la información que sirvió de fundamento para la recomendación que la Ombudsperson hizo en octubre del año pasado en favor del condenado, y en contra de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Para esta Comisión Nacional, es de suma importancia defender los derechos de las víctimas y por lo tanto su información y derecho a la intimidad; sin embargo, el Instituto ha venido instruyendo la entrega de información a terceros que pudieran exponer la integridad de las víctimas, sin importar la relevancia pública y política que la misma pudiera generar”, precisa la CNDH.
El pronunciamiento también convoca al Congreso de la Unión a oponerse legalmente al INAI, alineando la legislación en materia de transparencia con los principios básicos de los derechos humanos.
“Frente a la cerrazón del INAI a nuestros argumentos, hemos interpuesto dos recursos en protección de la información que obra en poder de la CNDH, relativa a la investigación del caso, toda vez que la protección de los derechos de las víctimas es nuestra prioridad y además nuestro deber legal”.
Consultadas sobre este pronunciamiento, fuentes del INAI dijeron a ALTO NIVEL que el documento sería analizado en las próximas horas, a fin de fijar una postura oficial sobre el mismo.
En octubre del año pasado, la CNDH recomendó a la FGR hacer una nueva investigación del caso Colosio, y considerar en la indagatoria las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones registradas en el pasado.
La CNDH determinó además que los elementos policíacos de la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR, así como los Agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron en la detención de Mario Aburto, hace 28 años, incurrieron en actos de tortura en su contra.
En ese tenor, Aburto solicitó un amparo en contra de la Fiscalía General de la República porque esa institución ha sido omisa en investigar los presuntos actos de tortura que habría sufrido, documentados en la recomendación de la CNDH.
El 23 de marzo de 1994, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, entonces de 44 años, fue privado de la vida al recibir dos disparos de arma de fuego. Su muerte dejó en la orfandad a sus dos hijos, Mariana y Luis Donaldo, de apellidos Colosio Riojas, este último hoy es alcalde de Monterrey.
Mario Aburto Martínez, actualmente de 51 años, fue encontrado responsable del homicidio y sentenciado a 45 años de prisión, de los cuales ya ha cumplido el 62%.
