Me lo comentó el magistrado Miguel Ahumada, secretario técnico de la comisión que sigue implementando el nuevo sistema de justicia penal en la entidad; con ese mesurado entusiasmo que expresa en sus logros; el gobierno del Estado adquirió “un portafolio” que se integra por todos los aparatos de video grabación y registro de las audiencias de juicios orales, para llevar a todos los funcionarios, judiciales, defensores, agentes del ministerio público, a lugares en dónde se requiera para que se lleven a cabo las audiencias de casos penales circunscritos a los delitos de enjuiciamiento oral.
El viernes anterior por vez primera, se llevó a cabo una audiencia pública itinerante, en la cabecera municipal de Santa María del Oro; se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en un caso de violencia familiar, y puesto que la víctima y el imputado radican en una comunidad rural de este municipio, para no incurrir en denegación de justicia, personal del juzgado de oralidad fue a dicho lugar y se empleó el equipo de cómputo que permite instrumentar una “Sala de audiencias móviles”.
Con este equipo, se demuestra que no son necesarias las sofisticadas instalaciones de las salas penales que imponen los manuales de operación de la Setec; se realizan las audiencias públicas en comunidades donde no se cuente con los edificios ad hoc para los juicios orales; de esta manera se registra en audio y video lo que acontece en esas audiencias, conforme al canon del nuevo sistema de justicia
En el auditorio de la unidad administrativa del Ayuntamiento de Santa María del Oro se llevó a cabo esta primera audiencia de justicia oral itinerante y fue presidida por el coordinador de jueces de oralidad penal, Rodrigo Benítez Pérez, quien acorde a su talento y capacidad operó adecuadamente las intervenciones de la víctima y el imputado; del MP, los defensores públicos y al asesor jurídico de la víctima.
Como los implicados en este caso de violencia familiar pertenecen a una etnia de la entidad, se tuvo la participación de la representante legal de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, licenciada Lucinda Arias Vázquez, quien conforme al mandato protector de ley, debió intervenir en esta audiencia “combo”.
Conforme al procedimiento que establece el CNPP, el juez declaró en contra del imputado el auto de vinculación a proceso y a petición de la Fiscalía le decretó medidas cautelares, que mientras dure el proceso deberá dejar el domicilio que compartía con la víctima y los hijos de ambos, además de que no deberá acercarse a dicho domicilio ni a su pareja.
El juez Benítez Pérez en su carácter de juez de control, en forma reiterada se dirigió a la víctima y el imputado para preguntarles si comprendían lo que se trataba en cada parte de la audiencia y ellos respondieron afirmativamente; hubo la oralidad plena, de las partes y sus abogados a preguntas expresas del juez; y conforme a su función el defensor de oficio, señaló que el imputado podría optar por un medio alterno de solución al conflicto, lo cual se podrá concretar en las semanas siguientes a instancia de la parte imputada.
A esta audiencia pública asistieron decenas de personas, entre ellos el alcalde de Santa María del Oro, Procopio Meza Nolasco.
Una audiencia conducida de manera profesional, con actores cuyos abogados en paridad procesal le dan vida a la singularidad del sistema adversarial; en donde la oralidad es casi en su totalidad, la parte sustantiva de la que se componen los juicios.
Enhorabuena..! ahora hay que mandarle el video a María de los Ángeles Fromow, la mandamás de la Setec, en la secretaría de gobernación, para que le apure con eso de los recursos que se requieren en la entidad para la cabal implementación del nuevo sistema de justicia penal. Con este tipo de esfuerzos del poder judicial, de la fiscalía y de los defensores de oficio, se acredita el esfuerzo y la constancia con que los poderes han enfrentado el mandato constitucional en Nayarit.
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