Pues el gobierno del Estado, tiene otra carga legislativa y presupuestal, que se suma a las que le son inherentes a las reformas constitucionales y orgánicas que se han establecido con el Nuevo sistema de justicia penal; la reforma electoral que trae un tribunal electoral local; un nuevo tribunal administrativo; y lo que se les ocurra a los legisladores federales con la reforma propuesta de la “justicia cotidiana”.
La nueva legislación, tiene un largo título, fue publicada el pasado día jueves 16 de junio en el Diario oficial de la federación, se denomina “Ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes”, y es el summun de todos los tratados que México ha suscrito, la declaración de la ONU, la declaración de Ginebra, sobre los derechos de los adolescentes, dentro de la dinámica doctrinaria de que se termina la actitud tutelar del Estado, para pasar a u otra, eminentemente garantista.
Es consecuencia de la trascendental reforma constitucional de junio de 2008, relativo al sistema de justicia y de seguridad pública; luego de la publicación del Código nacional de procedimientos penales, en el mes de marzo de 2014, era inminente su elaboración por el legislativo federal; en esta nueva ley, desde sus prolegómenos, se aprecia la participación activa de las senadoras de Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo y de nuestra amiga Martha Elena García.
El diputado Jorge Humberto Segura y sus muchachos, en el congreso local, deben estar sumamente preocupados; dado que en el noveno transitorio, toda la parafernalia de la implementación, y adecuaciones al NSJP ya establecido, se debe imbricar este sistema integral de justicia penal para adolescentes en la legislación local puesto que en este transitorio del decreto que promulga esta ley, le trasladan a los órganos implementadores estatales del NSJP para que se hagan cargo de ello.
Dice este numeral que el órgano implementador local “Deberá realizar los programas para el adecuado y correcto funcionamiento y cumplir con los objetivos para la operatividad del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en coordinación con todos los operadores del sistema integral de justicia”. Además, -lo que no tiene el de los adultos- se debe crear un comité para la evaluación y seguimiento de todas las acciones que se requieren para lograr la adecuada implementación de las normas para los adolescentes.
LA VACATIO LEGIS
Los señores diputados de la XXXI legislatura, tienen mucho que trabajar; a saber, luego de la publicación del decreto, tienen 180 días a partir del jueves pasado para establecer los protocolos de la implementación para la justicia penal para los adolescentes; y 200 días naturales para publicar las reformas a sus leyes y toda la normatividad complementaria que sea menester para esta ley.
Y no solo en esto tienen que trabajar, de entrada la actual procuraduría de defensa de la mujer y la familia, del DIF estatal, asume los lineamientos protectores de esta nueva ley, entonces, mientras se crea una nueva Procuraduría de protección para adolescentes.
Y desde luego, los legisladores federales se la ponen fácil a los dos órdenes de gobierno, todas las erogaciones que se originen con el cumplimiento de esta ley, en la entidades federativas, “se cubrirán con cargo a sus presupuestos para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes…” realizando de inmediato “las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente decreto”.
No contento el legislador federal, le conmina a la federación y a los titulares de los gobiernos estatales para que de inmediato, deben implementar las políticas públicas que contengan acciones, conforme a los programas vigentes y alineados a la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, con el objeto de dar cumplimento a los dispositivos de esta LNSIJPA.
¡Recórcholis..! De dónde carajos va a sacar el gobierno del Estado de Nayarit, los millonarios recursos para cumplir con esta nueva legislación; mientras los diputados locales hacen su trabajo, lo obligado es que el magistrado Miguel Ahumada, titular de la secretaría técnica que implementó exitosamente el NSJP en la entidad, se haga cargo de toda la parafernalia que implica esta ley super garantista de justicia penal para adolescentes.
Este es el panorama presupuestal en la procuración y administración de justica en la entidad; toda la información me la dieron sus titulares “of the record”, cometeré infidencia pues:
-En la fiscalía general, les quitaron el 30% de su gasto operativo, “de lo que nos aprobaron los diputados..”
-En el poder judicial, con el aumento de los egresos que implicó el NSJP, sus recursos para el gasto ordinario, se terminan en el mes de septiembre próximo
-15 mil procesos penales pendientes por terminar en el viejo sistema penal;
-5 mil o más nuevos procesos de cada año, que con el nuevo sistema penal se tienen que atender;
-faltan decenas de operadores verdaderamente capacitados para la atención primera en la FGE, so pena de que le explote el nuevo modelo al fiscal.
Roberto Sandoval, Jorge Humberto Segura, Pedro Antonio Enríquez, Miguel Ahumada y Edgar Veytia, tienen mucho en qué pensar y ponerse a trabajar de inmediato, para conseguir los millonarios recursos que implica la impronta del nuevo sistema de justicia integral para adolescentes; condición nada fácil en la preparación de la entrega de esta administración.
Por cierto, como le señalé en la introducción de la columneja, la filosofía que subyace en esta nueva ley, es, que el Estado mexicano abandona su actitud tutelar para los adolescentes, ahora se troca en un hiper garantismo para los delincuentes de entre 12 y 18 años; a ver cuánto desfiguro se cometen en su nombre…
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