De la reforma constitucional aprobada al sistema actual de justicia, destaca lo correspondiente a la introducción de los juicios orales, cuyo objeto es “mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el sistema de justicia en México”, como seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como la reinserción social; por lo que con la entrada en vigor de dicha reforma, la administración de justicia se enfrenta al reto de hacer frente a los impactos que de carácter humano, regulativo, procedimental, organizacional, estructural, tecnológico, equipamiento e infraestructura, no sólo de los órganos jurisdiccionales, sino de los auxiliares y logísticos que soportan el nuevo aparato de justicia; lo que redunda en una considerable derrama de recursos, que no han sido suficientes en Nayarit, para cubrir tales requerimientos, desde el 2009, el poder judicial de la entidad, viene actuando en déficit permanente.
La conversión del Juzgado Mixto de Xalisco en Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar es una prueba palpable de ello, pese al optimismo permanente que le aplican en el CEJ; “es un evento histórico, pues crecemos en la cobertura jurisdiccional” para una mejor atención de los asuntos familiares, que son los número uno de los que se tramitan en el Poder Judicial de Nayarit; lo dijo el magistrado presidente del TSJ Pedro Antonio Enríquez Soto, en breve acto que tuvo lugar en el mencionado juzgado, con la asistencia del personal que encabeza el juez Braulio Meza Ahumada; la presidenta del DIF Municipal de Xalisco, Francisca Gutiérrez Cervantes; magistrados, jueces de primera instancia, abogados en el ejercicio libre de la profesión y comunicadores, entre otros invitados.
El derecho subjetivo público de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 constitucional, tiene como base el anhelo humano por una verdadera cultura de legalidad; por consiguiente, todo procedimiento llevado ante el tribunal competente para su debida impartición de justicia debe estar libre de obstáculos innecesarios, evitando formalismos que retrasen o impidan su debida resolución.
Es por todos sabido, que los sistemas de justicia en la actualidad están saturados en su modalidad tradicional debido a múltiples factores que han acarreado distintos males y vicios a la actividad jurisdiccional de impartición de justicia, haciendo evidente la necesidad de un cambio.
El predominio de la oralidad en el proceso ha sido visto en los últimos años como una posible solución al problema de la expeditez en la impartición de justicia en el Estado Mexicano, tanto así, que se realizó la reforma judicial penal cuyo punto importante es la implementación de la oralidad en los procesos dirigidos en dicha materia.
Al hablar específicamente sobre el derecho familiar, también implica hacer referencia a la familia como institución y núcleo de la sociedad, de esta manera, tanto la familia como el derecho que rige las controversias que se suscitan dentro la misma, a través del tiempo han sufrido distintas transformaciones, debiendo evolucionar de manera conjunta; el orden jurídico de familia es una materia innovadora que se encuentra en constante cambio, debiendo estar a la vanguardia para dar una respuesta adecuada a las necesidades de la sociedad.
La materia familiar es de vital importancia y trascendencia, por lo tanto, es necesario dotar al juez de los instrumentos jurídicos precisos para que sus resoluciones sean más efectivas, pues deben llevar a cabo la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias. Es indiscutible el hecho de que actualmente la impartición de justicia en el derecho familiar carece de los principios fundamentales para proveer de manera pronta y expedita por parte del juzgador, dicha problemática se atribuye en gran medida, a que en su mayor parte el procedimiento tiene tendencia hacia la absurda burocratización de los juicios, retrasando indebida e irresponsablemente la secuela de los procedimientos y que se pueda llegar en corto tiempo a la solución de la controversias.
EL PORCENTAJE DE JUICIOS IMPONE
Pedro Antonio lo ha dicho, en los últimos años los asuntos familiares rebasan el 38% del total de los que ingresan en el Poder Judicial y, específicamente, en cada uno los juzgados de esa materia radicados en Tepic se reciben en forma anual casi dos millares de expedientes. Esto significa que el trabajo en materia familiar ha sido titánico y en tales condiciones es imposible dar respuesta eficaz a los justiciables.
Con la especialización en materia familiar del juzgado de Xalisco “va a ayudar a que el trámite de asuntos en materia familiar sea un poco más holgado” pero no lo resolverá totalmente; “creemos que nos faltan tres juzgados más para atender la creciente demanda en esa materia”, tal el aserto del magistrado presidente; urge pues, la reforma orgánica a nuestros códigos sustantivo y adjetivo civiles, para que la administración de justicia del ramo familiar, se lleve a cabo en juzgados de oralidad, con los principios constitucionales del sistema acusatorio, concentración, continuidad, contradicción, inmediatez y publicidad. No hay de otra, sería una irresponsabilidad que la comisión que preside el magistrado Miguel Ahumada no haya hecho la debida prospección de este tema que ya debe estar en la agenda del gobernador y de los diputados del congreso local.
Enríquez Soto, es el vocero de las realidades ingentes de la entidad, dijo que en Nayarit “hay muchos problemas de la familia y ahí es donde hay que incidir, en el trabajo social, en la política social, porque algo está pasando en la sociedad: la gente está viviendo problemas de familia delicados”, y ejemplificó los numerosos casos de divorcio y de personas que se niegan a proporcionar alimentos a otras, especialmente menores de edad, cuando están obligadas a ello.
El magistrado presidente informó además que para contribuir a la mejor y más ágil atención a ese tipo de asuntos, especialmente la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior ha propuesto una reforma al sistema de justicia familiar en el estado, en la que se ha considerado el conocimiento de jueces, secretarios de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta, entre otros servidores y servidoras judiciales.
Al respecto, invitó a las organizaciones de abogados a opinar sobre la propuesta con base en la cual se enviará una iniciativa al Congreso del Estado.
El magistrado presidente expresó la certeza de que el liderazgo del juez Braulio Meza y la colaboración de su equipo de trabajo redundarán en una atención sensible y humana a los problemas de las familias, “de la gente que viene aquí con una angustia porque se está divorciando o está perdiendo la convivencia con sus hijos o intenta tener una sana convivencia sana con su hija o hijo”.
El dato es abrumador, en los juzgados familiares de Tepic se han llegado a tramitar 6000 expedientes anuales, una carga de trabajo que limita obviamente su capacidad de impartir justicia. Es impostergable la reforma para instaurar la oralidad en la justicia familiar.
La adopción de los juicios orales en el derecho familiar en la entidad, traería consigo múltiples beneficios. Se deben ponderar todos los aspectos positivos que se proporcionarían a la sociedad con el hecho de contar con la oralidad en el proceso de familia, así como de los principios que lo sustentan, sería un acercamiento a la justicia de forma tangible, no sólo de manera práctica, sino también humanitaria.
El foro local, los diputados, las organizaciones de abogados litigantes, todos debemos evaluar el sistema de impartición de justicia de los procesos en materia familiar, es evidente la necesidad de actualizar las leyes procesales anticuadas existentes, para llevar a cabo una simplificación en el procedimiento y como resultado obtener un método ágil, sencillo, confiable y eficaz para el debate y la solución de controversias, congruente con las necesidades sociales.
Si Pedro Antonio logra convencer al gobernante y a los diputados, sería la cúspide de su trascendental presencia como magistrado presidente del TSJ y del consejo de la judicatura.
A trabajar, señores..!
