El Centro de Investigación y docencia económicas CIDE junto con el Colegio de México COLMEX, son instituciones mexicanas de educación superior e investigación en ciencias sociales y humanidades; y el referente obligado para llevar a cabo investigaciones independientes del gobierno federal sobre temas torales del quehacer público.
Ayer, el CIDE le hizo entrega al presidente Enrique Peña Nieto, de los resultados de una investigación que le fuera pedida por el mandatario ex profeso sobre el escabroso tema de la “justicia cotidiana” de los mexicanos, el diagnóstico no pudo ser más catastrófico; su director Sergio López Ayllón le dijo al ejecutivo federal “tiene un escenario profundamente preocupante…, carecemos de los medios y condiciones para solucionar conflictos a través de las instituciones”
Y la mayoría de estos problemas son del ámbito estatal, y una de las posibles soluciones implica el fortalecer las capacidades de los tribunales estatales; lo inaudito, se dijo en este estudio que la mayoría de los mexicanos “desconocen sus derechos y cuando los conocen difícilmente saben cuáles son las vías para reivindicarlos”, el ciudadano común tiene muchos obstáculos para acceder a los mecanismos protectores de la justicia, que la ven larga, compleja y distante.
Lo que nos faltaba..! dadas las condiciones generales del momento que vive México, el conocimiento de este delicado tema, implica para el poder presidencial el saber de la enorme asimetría que tienen los mexicanos para acceder a los bienes de una justicia pronta, eficaz y expedita.
Junto a estos resultados, también se hicieron 20 propuestas para mejorar el tétrico panorama de esta justicia lejana, rezagada, complicada para el mexicano común; así como posible soluciones agrupadas en seis categorías; donde la información es fundamental, para cuando se enfrenta un conflicto; la calidad de los conocimientos de los agentes que intervienen: abogados, jueces, defensores, ministerios públicos.
La falta de capacidades institucionales y recursos de los sistemas de justicia de las entidades federativas; la resistencia del diseño institucional a la renovación, en particular en materia de justicia laboral; y la mala calidad de la regulación en todo el país. Peña Nieto lo dijo: “la justicia cotidiana es la justicia olvidada..”
Duro resultado, empero, necesario el darse cuenta de esta terrible condición.
EL CASO NAYARIT
Desde hace sexenios, el poder judicial local ha sido marginado de los dineros públicos del gobierno estatal; gobernadores torpes e insensibles se han negado a aumentar mínimos porcentajes en el presupuesto para la administración de justicia; recientemente con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, la administración primera del magistrado Pedro Antonio Enríquez, hizo malabares y demostró que sin aumentarle recursos pudo responder a la impronta del reto que implica este trascendental cambio.
Nayarit, se encuentra por debajo de la media nacional, respecto del porcentaje que le dedican otras entidades federativas al presupuesto de egresos de su poder judicial, se tiene un magro 1.3% y la demanda de la administración de justicia en este lustro se ha incrementado notoriamente, y si bien en el presupuesto de egresos de este año, le dieron un mínimo incremento, la implementación del nuevo sistema de oralidad mercantil, penal, familiar y civil, requiere una inversión inicial de más de treinta millones de pesos, más su ulterior mantenimiento.
El binomio procuración y administración de justicia en Nayarit funciona; y funciona por el talento del fiscal de hierro Edgar Veytia y la enorme disposición de Pedro Antonio Enríquez que superando inercias del pasado han hecho perfectible cada uno en su responsabilidad el proceso de darle a la ciudadanía más y mejores mecanismos para tutelar derechos vulnerados de los nayaritas; este aserto, sin desconocer que aún perviven los prietos del arroz.
Y el panorama que tenemos es de urgencia, actualmente funciona un sala de juicios orales penales, gracias a la hombrada del fiscal de hierro, que con exiguos recursos la hizo en el centro de justicia familiar; sin embargo, en breve se van a inaugurar tres salas de oralidad, a la salida al sur de la ciudad; sin embargo la demanda de nuevos juzgados es imperativa merced al inusitado incremento de juicios, sobre todo en materia familiar.
Poniéndole números al asunto; faltan en Nayarit 5 juzgados familiares; 4 mercantiles; 3 de oralidad mercantil y 19 jueces de oralidad penal. El porcentaje que recibe el poder judicial es del 1.3% cuando lo recomendable es un mínimo del 3% de los presupuestos estatales para los poderes judiciales.
Han crecido las policías sí, en México estamos por encima del promedio internacional por cada 100 mil habitantes se recomiendan 328, en el país se tienen 356; en cuanto a jueces, se recomienda tener 14 por cada 100 mil habitantes, en México tenemos 4..!
Para la entidad, el gobernador Roberto Sandoval y sus diputados es imprescindible de que se tome el asunto con una prioridad de urgencia; tal cual ha actuado Roberto Sandoval en este tema, profundizar en su reordenamiento presupuestal, para disminuir la enorme desigualdad existente.
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