José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue acusado de haber cometido presunto conflicto de interés tras darse a conocer que habitaba una casa en Houston, Texas, Estados Unidos (EEUU), misma que es propiedad de un exejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual trabaja en algunos contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Sin embargo, este domingo 20 de febrero el periodista Julio Astillero compartió unos documentos en los que se probaría la validación del contrato de arrendamiento entre Carolyn Adams y Keith y Lauren Schilling, información que podría desechar la teoría de un presunto delito por parte del hijo del mandatario mexicano.
Asimismo, Astillero indicó que dicha información aún deben de pasar por una prueba de confirmación, es decir, explicó que lo ideal sería que se muestre la validación del contrato y del pago mensual que se dieron entre agosto de 2019 y julio de 2020, fecha en la que dura el contrato que se mostró.
“Los documentos dados a conocer hoy, en contexto d(e la) casa de Houston, #JoséRamónLópezBeltrán y #CarolynAdams, deben pasar aún por la ácida prueba d(e) la confirmación. Mostrar la validación del contrato (no solo un formato) y el pago mensual d(e) las rentas (no solo depósito de seguridad)”, redactó el comunicador en su cuenta de Twitter.
No obstante, cabe aclarar que los documentos de los que habló el periodista fueron publicados esta mañana por el periódico La Jornada, el cual indicó que tuvo acceso a las copias de los contratos y de los cheques, así como el depósito inicial que constó de USD 5 mil 600.
Además, se notificó que Carolyn Adams habría fungido como la arrendataria principal de la familia López-Adams, mientras que Keith y Lauren Schilling como los arrendadores, debido a que son los dueños de la propiedad en Texas.
Ante lo referido, José Ramón López Beltrán también compartió las copias de los contratos e indicó que con dichos documentos “se desmiente la campaña contra la familia del hijo de AMLO”.
La difusión de ésta información contrastaría lo que difundió el pasado viernes 18 de febrero Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en donde agentes inmobiliarios aseguraron que el pago del alquiler se habría realizado fuera de la ley o sin un pago al dueño.
De acuerdo a lo que se refirió, la operación no fue registrada en el sistema que utilizan los agentes de bienes raíces en Texas, puesto que tres agentes inmobiliarios confirmaron que el supuesto arrendamiento de la propiedad valuada en poco más de USD 1 millón (20 millones 800 mil pesos) no está registrada en el sistema MLS (Multiple Listing Service), a la que únicamente pueden acceder quienes son miembros de la asociación de Agentes de Bienes Raíces de Houston (HAR, por sus siglas en inglés).
Además, se mencionó que en el listado de datos aparece que la fecha de expiración fue 14 de diciembre de 2019, cuando la pareja habitó la casa hasta 2020. Por lo tanto, la operación se habría realizado por fuera; es decir, entre particulares o, incluso, que no habría habido ningún pago de renta o relación contractual de por medio.
Cabe mencionar que Adams también aseguró que la renta fue a través de una agencia por lo que nunca conoció al arrendador: Keith Schilling, un alto ejecutivo de la empresa estadounidense Baker Hughes, la cual tiene contratos con el actual gobierno por más de USD 151 millones en obras para Pemex y por lo que se acusa a la pareja de un posible conflicto de interés.
