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Se inicia el proceso para modificar al TSJ
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Un cambio de paradigmas de difícil estimación
Pues finalmente le llegó al Congreso la iniciativa de reforma del poder judicial del Estado que le remite el gobernador Miguel Ángel Navarro; el lunes 20 de enero a las 10:15 am fue recibida; y, entendemos que de inmediato se avocaron a la redacción de la iniciativa de decreto.
Dadas las fechas perentorias de la instrumentación de estos cambios estructurales en la carta local, los ubicuos diputados deberán de trabajar a marchas forzadas, o al menos los funcionarios del Congreso; en el largo y prolijo documento de 96 cuartillas, en la exposición de motivos Miguel Ángel hace profesión de fe a la presidencia de la república y homologa con todas sus partes, puntos y comas, la iniciativa que reformó el poder judicial de la federación; señala que:
“Esta reforma tiene el propósito de asegurar que las juezas, jueces, magistradas y magistrados sean seleccionados mediante procesos más democráticos, transparentes y basados en méritos, eliminando en la medida de lo posible las influencias políticas y la corrupción.
El compromiso del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit con el gobierno de la Cuarta Transformación y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se materializa principalmente con el alineamiento de los principios y políticas impulsadas por el gobierno federal, en particular, en relación con el proyecto de transformación del país que busca la justicia social, la lucha contra la corrupción, y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Es menester señalar, que, la democratización de los jueces, juezas, magistrados y magistrados en las entidades federativas es fundamental para la consolidación de un sistema judicial justo, transparente y autónomo.”
Los Abogados litigantes padecemos las dilaciones que son la constante en las actuales circunstancias del poder judicial; ausencia de funcionarios y empleados administrativos, y la dejadez del actual consejo de la judicatura y la nula reacción de su actual presidente; y conforme los términos de la reforma que se envió al congreso van a meter en un brete a los nuevos juzgadores, ya que les imponen un draconiano plazo para cumplir con los procesos y que si no lo cumplen serán juzgados por el tribunal de disciplina administrativa; el proyecto establece:
“Toda persona imputada será juzgada antes de seis meses con las modalidades y excepciones que establezcan las leyes, con la salvedad de la materia penal, cuyos asuntos serán resueltos en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
“…en los cuales tanto el Tribunal de Justicia Administrativa como los Jueces del Poder Judicial del Estado en los casos que corresponda, deberán resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente.”
Hemos de imaginar la clase de sentencias que van a dictar.
Entendemos que esta reforma fue redactada por abogados, y es de extrañarse que el término “persona imputada” se aplique de esta forma, ya que cualquier lerdo letrado sabe que la figura del imputado solo existe en materia penal.
Toda la parafernalia de la reforma al poder judicial local, se inicia el 12 de febrero y el congreso tiene solo 10 días para emitir las convocatorias respectivas, y una vez emitida, 10 días naturales para el registro de todos aquellos que aspiren a ser juez o magistrado.
Se destaca que de los requisitos que establecen para ser magistrados o jueces, se modifica sustancialmente, ya que actualmente son 10 años de ejercicio profesional, en la reforma, solo 3. Los jueces durarán 9 años en ejercicio y se podrán reelegir una sola vez. Adiós a la carrera judicial.
El domingo 1 de junio del presente año serán las elecciones; toman posesión el 15 de octubre; ah..! y el Congreso del Estado tiene solo 30 días a partir de la promulgación del decreto de reforma, para adaptar todas las y reglamentos locales, a los términos de la reforma judicial estatal. Y toda la complicada logística de las elecciones se la remiten a la responsabilidad exclusiva del Instituto Estatal electoral.
Uff..! un mundo de trabajo y demasiadas prisas para cumplir de manera pulcra y puntual una reforma de este calado, que desdibuja la actual estructura de los poderes y desaparece como lo conocemos al poder judicial del Estado.
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