Ya vamos para tres años; la más grande reforma constitucional –desde el constituyente de Querétaro- que entró en vigencia en julio del 2016, que tuvo una laarga vacatio legis para ser implementada en todas las entidades y en la federación, y seguimos en precariedades por la involución de la policía que requiere el Nuevo Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio.
Desde la promulgación de la reforma en el 2008, se estableció el canon; uno de los ejes fundamentales para lograr esta transformación institucional son los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno. La operación del Sistema Penal Acusatorio ha puesto de relieve el papel de los policías como primer respondiente, es decir, como primera autoridad que atiende el posible delito y está en contacto con la ciudadanía para velar y proteger sus derechos.
Los elementos policiales deben ser el primer eslabón del procedimiento penal para lograr una justicia efectiva; y al menos en Nayarit, lo que se conoce como ”Policía Nayarit” y que funciona como la policía estatal investigadora que es el componente del Agente del Ministerio Público, es absolutamente ineficiente.
Según la reforma, todas las instituciones federales, estatales y municipales debieron de sumarse al compromiso de dotar a todos y cada uno de nuestros policías de las competencias y habilidades necesarias que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales y nuestra Constitución.
En Nayarit, las policías municipales y la estatal, no las tienen; debieran actuar bajo los mismos principios y procedimientos, en concordancia con los protocolos nacionales aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública; y sin embargo, en su mayoría difícilmente pueden llenar con una horrible e inentendible sintaxis, -pletórica de faltas de ortografía, con una caligrafía de párvulos- un Informe Policial Homologado.
En la Fiscalía General del Estado, las carpetas de investigación que tienen a cargo los agentes del MP, su judicialización es tardada, plena de dilaciones, duran semanas, meses, y giran oficio tras oficio para que la policía Nayarit, cumpla con sus funciones, y al final, la precariedad de la debida integración de un causa penal, se debe precisamente a la precariedad de las funciones del primer respondiente.
LOS RESPONSABLES
Sin duda, el primer responsable es el Fiscal General, el Abogado y Notario Público, Petronilo Díaz Ponce Medrano; empero, la responsabilidad directa es del Director General de la Policía Nayarit, el coronel Héctor Navidad Villarreal, y su subdirector general operativo, licenciado Leopoldo Pacheco Rentería, ellos encabezan una policía que tiene aún toda la actitud, comportamiento y arcaísmo de la tenebrosa y represora –ya extinta- Policía Judicial del Estado.
Sus oficinas, están resguardadas por guardias armados, mal encarados y de mal trato a familiares de detenidos y litigantes que van a buscar al comandante responsable de las investigaciones de alguna carpeta que tiene un agente del MP; difícilmente reciben a alguien, estas instalaciones y las que tienen en el Centro de Justicia Familiar, huelen feo, huele a miseria humana, propia aquellos separos de la PJ, y no son pocos los integrantes de este cuerpo que andan trabajando desaseados.
¿Esta es la policía “científica” que requiere el NSJP..? no, definitivamente que nó; si sus labores son de investigación, ¿es menester que anden armados y se comporten exultantes y autoritarios con la gente que tienen que inter actuar..?
Existen querellas de asuntos judiciales muy complicados y que llevan años sin resolverse, la integración de una carpeta de investigación de este tipo de casos, reclama una investigación especializada que debiera ser instrumentada por licenciados en derecho con una larga experiencia en el derecho judicial; existen casos patéticos como el llenado de IPH de la policía municipal de Tepic, que los hechos que registran sus carpetas, tipifican delitos de manera indebida y lo inaudito, ponen ilícitos que ya no existen en el Nuevo Código Penal del Estado de Nayarit.
Años antes de la vigencia de las reformas constitucionales, se puso en marcha el Plan Estratégico de Capacitación Policial que enfrentaría el reto de capacitar a 330 mil policías en todo el país antes de su entrada en vigor. Se esperaba el trabajo conjunto de las instituciones para asegurar que en nuestro país tuviera policías conscientes de la importancia de trabajar con procedimientos homologados de actuación, y de respetar en todo momento los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia.
Fueron los gobernadores de los Estados quienes echaron a perder los prolegómenos de la vigencia del NSJP y los responsables de su implementación; hoy para desgracia de la sociedad y los justiciables, lo que tenemos en la FGE y en las policías municipales, es una práctica híbrida de la policía investigadora, lejos de los extremos de la especialización que reclama la reforma constitucional y el canon que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Es una asignatura pendiente, que el foro, los justiciables y los Abogados litigantes reclaman la urgente atención del poder ejecutivo y del legislativo para generar los recursos suficientes que se destinen para implementar más y mejores cursos de capacitación compensatoria para éstas policía estatal y municipales. Y lo aspiracional, que se capacite a jóvenes universitarios en la especialidad, para que no tengan las taras de los viejos vicios de las viejas prácticas policiales…
Es un asunto de elemental justicia…
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