Al cierre de este año, con los cambios en la presidencia del TSJ y ahora con un nuevo titular de la Secretaría de Seguridad, se impone un reordenamiento en las acciones que el Estado debe hacer de cara a la conflictiva delincuencial y a la recurrencia de la demanda de justicia que la ciudadanía lleva a cabo ante las instituciones responsables de tutelar sus derechos.
Se ha recrudecido la violencia, los homicidios se han incrementado, un poderoso grupo delincuencial se ha acotado, regresa a sus territorios y deja la ciudad capital a merced de los sinaloenses, lo que queda de los del centro y dos pequeños carteles que han surgido localmente ante la oportunidad del control de la plaza, que, pequeña y todo, genera más de cien millones de pesos mensuales el abastecer a los narcoadictos.
El conflicto entre estas fuerzas es evidente; Jorge Benito, el nuevo secretario de seguridad, deberá implementar lo conducente, y se impone las labores de inteligencia para discernir los flancos a atacar, la contención se impone, la disuasión es fundamental y la limpia en las filas de la SSP y de la FGE es consustancial.
Por su parte, el magistrado presidente Ismael González, ya tuvo una primera reunión con los jueces, debe colegir un diagnóstico que impone, se requieren con urgencia mayores recursos, son decenas de jueces que está actuando por ministerio de ley, fueron secretarios proyectistas o de acuerdos y tuvieron que entrarle a esta responsabilidad, sin el acuerdo del CEJ y sobre todo, sin la remuneración que conlleva a la función de juzgador.
Es posible que se encuentren estos juzgadores en una irregularidad, si un abogado litigante avezado, no está conforme con una sentencia, puede explorar esta vertiente y lograr anular el acto judicial.
Existe una especie de vacío, un distancia entre lo que hacen los jueces de primera instancia y la hegemonía del presidente del poder judicial; la comisión de disciplina trata de lavar la ropa sucia en casa, sin embargo, existen sentencias aberrantes de juzgadores y el inaudito, confirmadas por un magistrado cuya ética es inexistente, resolutivos de corrupción extrema, propio de este petatero que hizo llegar Roberto Sandoval al poder judicial.
Y es una realidad inocultable, a la que se tiene que enfrentar el magistrado presidente; es posible que veamos por vez primera el fincamiento de una acción punitiva en contra de un juez y unos magistrados, querella que la Fiscalía General está esperando, para darle racionalidad al enojo del gobernante; ahí tienen que llevar probanzas; lo cual no es nada difícil.
COMPLEMENTAR LA REFORMA
Al diputado presidente, Polo Domínguez en esta impronta judicial y legislativa, le corresponde dinamizar las acciones del congreso para la debida –y pronta- integración del concejo de la judicatura local, para que apruebe el ejercicio del gasto de este poder y, sobre todo, que sancione la elaboración del presupuesto de egresos para el 2019; presupuesto que sin duda ya tiene el diligente administrador Juan Carlos del Real.
Los tres poderes en Nayarit, se encuentran en el escenario idóneo para dar el estirón en todo lo que significa la administración pública y el reordenamiento de la política de contención a los grupos delincuenciales; en Nayarit tiene que estar vivas y actuantes todas las instituciones públicas, una entidad como la nuestra reclama pasión y entrega de los titulares de los poderes.
Se reclama unidad de pueblo y gobierno, trascender la mezquindad de los intereses particulares de cada partido, se avizoran tiempos por demás difíciles, el proyecto presidencial de austeridad del presidente electo, tiene muchas aristas que pueden perjudicar el ejercicio del gasto corriente en las participaciones estatales; el sistema nacional de distribución de los dineros públicos, sin duda se verá afectado.
Lo que ya se ha anunciado, el ejercicio centralizado del poder, la toma unipersonal de decisiones anuncia aspectos restrictivos y un enmarañamiento burocrático, con personajes sin experiencia y un voluntarismo extremo.
Nayarit requiere de sus mejores hombres y mujeres, preparémonos para tiempos aún más difíciles que éste, en dónde la astringencia económica y la falta del reciclaje del capital desde el gobierno estatal ha sido la constante.
La prudencia y ejecutividad de Antonio Serrano, el conocimiento del territorio que le corresponde a Jorge Benito; la bien recibida presidencia de Ismael González en el TSJ, y el activo protagonismo del diputado presidente Polo Domínguez, nos dimensiona que el cierre del 2018 será ordenado, para enfrentar las incógnitas que trae el gobierno federal a partir del 1 de diciembre.
Diosito santo nos agarre confesados…
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