El magistrado presidente del TSJ de Nayarit, Ismael González Parra, hizo un claro y contundente pronunciamiento de la institución de la cual es titular; ante el escándalo ya trascendido de las acciones de la Fiscalía General, que prosigue una indagatoria para encontrar responsables de una serie de hechos que serán en su momento ilícitos, delitos patrimoniales que alcanzan decenas de millones de pesos.
Protagonizados por personajes del o vinculados al Infonavit, que desde tres juzgados de primera instancia de la entidad, fraguaron el despojo de miles de acreditados a dicha institución, por singular impago y con la complicidad de fedatario de la entidad.
Lo primero que surge, es el cómo le hicieron para resolver el asunto de la competencia de los juzgados, y del inaudito que con escrituras expedidas por fedatario local, impactaron en varios Estados de la república.
El togado dijo enfático en conferencia de prensa convocada ex profeso el pasado 11 de diciembre “los órganos de control y de revisión del consejo de la judicatura, iniciaron las investigaciones correspondientes para conocer el estado de los asuntos que guardan los juzgados, entre ellos, Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas.
Ha sido del conocimiento público una serie de acciones llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado respecto de un tema en el que presumiblemente participaron servidores públicos de este Poder Judicial”.
No le puso nombre y apellidos de los titulares de dichos juzgados que en su momento le dieron curso a estas demandas; empero, dejó en claro que:
Si “al interior de este Poder Judicial, con base en nuestra legislación orgánica, estamos en la mejor disposición de coadyuvar con las autoridades competentes para que realicen sus investigaciones y se esclarezcan los hechos con lo que se presume puede constituir un ilícito relacionado con créditos para la obtención de viviendas de interés social”.
Y he aquí el claro deslinde sobre lo que sin duda llegará en su momento: “si de las investigaciones se deriva responsabilidad para algún servidor judicial, léase magistrado, juez, secretario o notificador, que haya incurrido en una conducta ilícita, debe prevalecer el imperio de la ley y por ende sancionarse con todo rigor.
De ser el caso que dichas conductas sean constitutivas de hechos que la ley señala como delitos, garantizamos que habrá juzgadores que de manera imparcial, independiente y con estricto apego a la ley, resolverán lo que en derecho corresponda”.
Acompañado por los diez magistrados que fueron designados por el gobernador anterior señaló: “La honorabilidad y el respecto de nuestra institución y quienes la conformamos, de modo alguno debe verse menoscabada por conductas que en lo individual no representan ni reflejan los principios con los cuales debe conducirse un servidor público que labora en esta institución”.
LE TOMAN LA PALABRA AL MAGISTRADO PRESIDENTE
Luego de este mensaje, en varios despachos corporativos de Abogados de esta ciudad, de inmediato le tomaron la palabra al presidente del TSJ y del CEJ, presentarán las quejas al Tribunal y las querellas ya redactadas en contra de un rubicundo juez de primera instancia que en su posición anterior a la que hoy ocupa, en un juicio civil ordinario dónde un pillo ex funcionario del pasado ejerció una acción de nulidad de un contrato sin ser causahabiente del mismo.
Y el simpático juez, le dio una plus petitio, en inaudita resolución le da sentencia como si hubiera ejercido una acción reivindicatoria; la cual fue apelada desde luego, y siguiendo el curso de venalidad y corrupción, en un tiempo récord de siete días, fue inopinadamente confirmada por la sala civil, cuyo magistrado ponente, -también denunciado- muy orondo estuvo en la conferencia.
Este mismo personaje de singulares antecedentes, el mismo que cuando fue a la Fiscalía a cargo del Güero para pedir su carta de antecedentes penales, hizo una alharaca porque le registraron en el documento su singular historia de vida.
Estos casos, serán materia de las investigaciones que el ahora convaleciente magistrado Rafael Pérez Cárdenas, debe llevar hasta sus últimas consecuencias, tal cual lo afirmó González Parra en la lectura del documento que comentamos.
De ahí que las palabras del magistrado presidente, cayeron como miel sobre hojuelas en los despachos que llevan estos negocios judiciales:
“Con pleno respeto a los derechos humanos y a la presunción de inocencia, en ejercicio de las atribuciones que le son conferidas al Consejo de la Judicatura, habremos de explorar todas las variables jurídicas para iniciar y de ser el caso fincar responsabilidades administrativas a quien haya transgredido la ley.
El Poder Judicial no puede ser omiso a los constantes reclamos y al malestar social en los temas de combate a la corrupción e impunidad”.
Este es el tiempo nuevo de que los ajustes de cuentas, de quienes de manera voluntaria siendo juzgadores, vulneran el marco de derecho y las normas que regulan su actuación, incurriendo en la figura ilícita de los delitos cometidos en la administración de justicia, cuyo bien jurídico protege a las partes sub júdice para que no le den una ventaja indebida a ninguno de los justiciables.
Le corresponde al magistrado presidente, sin ambages, darle curso al largo brazo de la ley. “Sed lex dura lex..!” «Durum est, sed ita lex scripta est”
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