Excontratista de Peña Nieto amenaza con demandar a medios que publicaron los Pandora Papers

Por Surya Palacios / altonivel.com.mx

El empresario Carlos Peralta, contratista de CFE, anunció que emprenderá acciones legales porque presuntamente ha sido afectada su reputación.

Empresario consentido de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la administración de Enrique Peña Nieto, Carlos Peralta Quintero, propietario del Grupo Iusa, y uno de los tres mil mexicanos que poseen bienes y sumas de dinero en empresas offshore (extraterritoriales) y paraísos fiscales, según los papeles de Pandora, advirtió a los periodistas que participaron en esa investigación que emprendería acciones legales en su contra.“Él ya nos dijo que ya presentó una demanda penal en la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable, él dice que hicimos una extorsión”, dijo en entrevista con ALTO NIVEL Armando Talamantes, editor de Quinto Elemento Lab, colectivo de periodistas en México que participó en la investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que reveló los llamados Pandora Papers.En nuestro país, además de Quinto Elemento Lab, participaron en las pesquisas de los papeles de Pandora la revista Proceso, el diario español El País, y Univisión, que en conjunto solicitaron la opinión de los mexicanos cuyos nombres aparecen en los documentos, obteniendo como respuesta, al menos de parte de Peralta Quintero, la advertencia de que serían demandados.A Carlos Peralta, quien en la administración de Peña Nieto se convirtió en el rey de los medidores de luz, a través de contratos con la CFE, los periodistas le pidieron sus comentarios tras informarle que “teníamos esos papeles y que los íbamos a publicar”, dice Talamantes, tal y como lo dicta la ética periodística.

La respuesta del empresario fue oponerse a la publicación, además de anunciar que el pasado 28 de septiembre interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los medios que le investigaron.

Adicionalmente, “él también nos advirtió que procedería con una demanda civil por daño moral, porque él pensaba que esto afectaba su reputación”, explica Armando Talamantes.

Fuentes de la Fiscalía consultadas por ALTO NIVEL declinaron confirmar si en efecto la denuncia de Peralta ante el Ministerio Público federal ya fue recibida. En cualquier caso, si la FGR decide darle curso a la denuncia y abrir una carpeta de investigación, formalmente los medios involucrados en los Pandora Papers deberían ser llamados a declarar, siempre y cuando la institución que dirige Alejandro Gertz Manero siga lo que establece el artículo 20 de la Constitución mexicana, numeral que detalla los derechos que tiene cualquier persona que vaya a ser imputada por el Ministerio Público.

En cuanto a la demanda de carácter civil mencionada por Armando Talamantes, hasta el martes pasado ni en el Poder Judicial de la Federación, ni en los juzgados locales de la Ciudad de México, existían registros de una acción de estas características de parte de Carlos Peralta. Lo que indicaría que, o no ha promovido la demanda, o esta aun se encuentra en la etapa de turno y análisis para determinar su procedencia.

Peralta Quintero, de acuerdo con los papeles de Pandora, en 2005 constituyó una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, al año siguiente creó otra firma en Liechtenstein, la cual fue trasladada en 2016 a las ínsulas ya referidas.

El propósito “era poseer en ‘outsourcing’ un yate de 5 millones de euros llamado Moon Goddess”, reveló Quinto Elemento Lab. El colectivo documentó que Peralta también es accionista de una sociedad de papel en Holanda, y director de una segunda firma pantalla en las Bahamas.

Los documentos igualmente desvelan que el propietario del Grupo Iusa posee una tercera empresa offshore, se trata de Belliza Services Limited, “que abrió en 2016 y donde él y su esposa Mariana Tort son accionistas y directores”.

Quinto Elemento Lab detalla que el objeto de todas estas operaciones “era detentar las acciones de otra empresa que a su vez poseería un bien inmobiliario valuado en 6 millones de dólares, en Florida”, Estados Unidos.

De su lado, el hijo de Carlos Peralta Quintero, Juan Carlos Peralta del Río, “constituyó Stargate Partners Inc en 2008 para controlar un inmueble” en territorio estadounidense, con valor de 2.5 millones de dólares, apunta la investigación.

Privacidad personal vs. interés público

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó desde el domingo pasado los papeles de Pandora, una serie de documentos que mostrarían cómo 35 destacados líderes, gobernantes, y exjefes de Estado, tienen activos en paraísos fiscales.

En esta investigación masiva, que sigue la estela de los “Panama Papers” de 2016, aparecen tres mil mexicanos, entre ellos funcionarios y exfuncionarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, así como excolaboradores y empresarios cercanos del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tener dinero en empresas offshore (extraterritoriales) o en paraísos fiscales no es un delito, siempre y cuando los recursos utilizados tengan un origen lícito, y el consecuente incremento al patrimonio de los titulares haya sido reportado a las autoridades hacendarias para enterar el impuesto correspondiente.

Si se han cumplido estas premisas ciertamente los personajes que poseen estas cuentas, como en el caso de Carlos Peralta Quintero, pueden oponerse a la revelación de sus propiedades y activos, aunque este derecho no es absoluto, pues eso debe ser determinado por un juez tras ponderar si el interés público de la investigación periodística es más importante que la privacidad de los involucrados.

“Quien busca un refugio en un paraíso fiscal es justamente por las ventajas no nada más de impuestos, bajos o significativos, prácticamente simbólicos si es que los hay, también buscan el anonimato, o sea realmente quien va a los paraísos fiscales es porque busca secretismo”, considera Armando Talamantes.

En esta investigación, los periodistas se preguntaron cuáles eran los aspectos que podían ventilar, pues en los documentos que le fueron filtrados al ICIJ se incluían datos personales como teléfonos y domicilios de los involucrados.

Algunos de los personajes que fueron consultados por Quinto Elemento Lab manifestaron que ellos tenían derecho a la privacidad, y ciertamente, los poseedores de inversiones en paraísos fiscales cuentan con esta prerrogativa, aunque los periodistas “sabemos que el interés público es mucho más grande que el derecho a la privacidad que ellos puedan alegar”, explica Talamantes.

Este interés público se guía por los principios de transparencia y máxima publicidad, que permiten, en México y en todo el mundo, exigir a las autoridades una vigilancia mucho más estricta con respecto a las transacciones que se llevan a cabo en países que son paraísos fiscales, pues justo por las ventajas que ofrecen estas naciones existe un campo fértil para ocultar el origen y destino de miles de millones de dólares.

No debemos olvidar que cualquier ciudadano que cuente con los recursos para ello puede adquirir -directamente- un yate o un inmueble en cualquier parte del planeta, reconociendo así la legalidad del origen de su patrimonio, y pagando los impuestos respectivos que correspondan a la compraventa.

Sin embargo, los Pandora Papers nos indican justo lo contrario: las grandes fortunas prefieren triangular transacciones para que sus titulares no aparezcan como los dueños de diversos bienes, mismos que son adquiridos por empresas que solo existen en papel, dejando tras de sí una estela de dudas sobre las verdaderas razones del secretismo utilizado en este tipo de operaciones.