Es, quizás, la más abrumante de las responsabilidades de todo gobernador, dotar de seguridad pública a la sociedad y mantener en lo posible una contención a los grupos delincuenciales, debe el actual gobierno, aumentar el grado de control gubernamental que se necesita, para que Nayarit no se estime como un Estado fallido
Cuando la delincuencia actúa a plena luz del día, nos muestran que su capacidad de operación, no tiene límites, ni horarios; el Estado mexicano, los tres órdenes de gobierno tienen como primer compromiso, dotarle de seguridad pública a la sociedad que gobiernan; los recientes homicidios cometidos en esta ciudad, es un factor alarmante de que nos indica: en el gobierno de Toño Echevarría, no existe una eficaz política disuasora para minimizar los efectos de la delincuencia.
Conforme a la estructura jurídico política del Estado mexicano, son las secretarías de seguridad pública, la entidad responsable de combatir el delito y de implementar una política de estado, que funcione como disuasora de los eventos delictivos.
Y en el gobierno de Toño Echevarría, el señor Javier Herrera Valles no ha dado resultados, no ha implementado una política de contención a los grupos delincuenciales que se disputan esta plaza –pequeña y todo- que genera más de cien millones mensuales con el consumo de varios tipos de estupefacientes.
Este señor, me dicen quienes alternan con él, que su mayor preocupación, es volar diario el helicóptero que renta el gobierno estatal, para acumular horas de vuelo a su bitácora, dado que lo requiere para adquirir otro tipo de licencia de piloto; ahora que eso es lo de menos; lo espeluznante del caso, es que de otra fuente, se afirma que el gobernador Toño Echevarría ha dilatado su despido por causas inverosímiles.
Que está en espera de que se vaya a asumir una importante posición en una entidad federativa del sureste, para anunciar la llegada de un general retirado de la Sedena; empero, si no se prodiga seguridad a la población, nos encontramos ante un Estado fallido, porque esta administración no ha prodigado a los gobernados la inherente seguridad que implica mantener a la delincuencia contenida en sus cotos.
La seguridad pública es elemental, y es imperioso que no exista erosión en la autoridad que tiene en su poder la violencia legítima del Estado; esta vertiente es quizás, la piedra angular que legitima a toda administración gubernamental; y la persona que tiene la investidura del poder ejecutivo, no puede –ni debe- soslayar su responsabilidad, a Toño Echevarría no le debe temblar la mano para tomar decisiones que redunden en un reforzamiento del aparato de seguridad pública para que la sociedad pueda vivir en paz y sin el Jesús en la boca.
Desde luego que no es desdoro en la personalidad del gobernante el reconocer que Herrera Valles no pudo con el tercio, se impone despedir a quienes no han funcionado y apostar por un personaje que esté a la altura de los retos que esta condición corrosiva de la sociedad y de sus instituciones, ha impuesto a los ciudadanos.
Es una tarea de romanos diseñar acciones dirigidas a la sociedad para mejorar sus condiciones colectivas de vida y así disminuir la incidencia de factores causales de delincuencia, que son acciones a mediano y largo plazo.
El estado tiene un complejo aparato para luchar en contra de la delincuencia: policías, ministerios públicos, jueces, personal administrativo, directores, técnicos y custodios de cárceles; pero lo urgente hoy es la contención a los grupos en conflicto, en sus luchas por el control del trasiego de las drogas.
Se gasta gran cantidad de dinero para según defender a la sociedad y el resultado ha sido precisamente todo lo contrario a lo buscado, ya que el delincuente sigue impune y si entra a prisión sale perfeccionado, desadaptado, desocializado y resentido.
Un escenario bastante complejo que implica funcionarios de alto nivel para empezar a resolver los acertijos; y ni modo que a estas alturas del transcurrir del gobierno, no tengan el adecuado diagnóstico.
Sin miedos Toño, sin miedos…
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