En una sociedad como la nuestra, el Estado es el garante de que el marco de derecho sea tangible a la ciudadanía; todas las autoridades están obligadas a evitar actos que lesiones el catálogo de derechos fundamentales del cual, todos debemos mantener incólumes; de acuerdo, pero ¿qué sucede cuando son las propias autoridades quienes se ven inmersos en conflictos de interferencia jurídica y administrativa ..?
Conforme a la interpretación formal del principio de legalidad, son ellos, los detentadores de las instituciones públicas, quienes tienen la obligación de ser escrupulosos en el marco de derecho, cumplir y hacer cumplir las normas, pretender torcerlas, hacerle al inteligente es una actitud mendaz e inadmisible políticamente.
La recurrencia de este fenómeno –de actuar al margen de la ley- es un problema de cultura social, el político bribón que se ha entronizado en el gobierno, contribuye con su cinismo, corrupción e impunidad al grave deterioro de nuestras instituciones públicas; durante estos últimos lustros desde el gobierno, la academia y los medios se han producido en México, indicadores cada vez más precisos sobre la inoperancia del sistema de justicia penal.
Ahora con el nuevo modelo acusatorio, es aún lejano el imperio de la ley; esta es una de sus aristas, y es responsabilidad del gobernante, generar condiciones para el cumplimento estricto del Estado de derecho.
El acceso a la justicia, las garantías de seguridad jurídica, la protección judicial, el debido proceso y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales del individuo, son paradigmas de nuestro derecho público; es obligación del Estado de proporcionar a toda persona recursos eficientes, sencillos y expeditos ante los tribunales competentes para que le tutelen sus derechos vulnerados.
La desobediencia a la ley por parte de los mexicanos, algunos estiman que se debe a factores históricos, sicológicos e incluso emotivos; se desobedece lo que no se comprende, lo que no le ajusta a la mente del político.
Hoy en la cámara de diputados tienen una crisis, se mueven en el territorio de la desobediencia a un mandato judicial de un juez de distrito, las suspensiones de los actos reclamados son imperativos desde su declaratoria y funcionan prevaleciendo el sentido de sus resolutivos.
El desacato se paga con la destitución del funcionario omiso; un agente del ministerio público de la federación está a un tris de generar la mayor crisis política constitucional en Nayarit, ¿cómo la van a enfrentar..? ¡Y sin fuero..!
Ya pasa a segundo plano el origen del problema, y una primera condición es reconocer el yerro judicial; hemos de ver de qué pasta están hechos nuestros diputados y sus ubicuos asesores…
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