Por Surya Palacios / Alto Nivel
Los Ministerios Públicos del país dejan en la impunidad 95 de cada 100 delitos por los que se abre una carpeta de investigación.
De los más de dos millones de delitos que cada año se denuncian en México, las Fiscalías de todo el país solo consiguen llevar ante los jueces al 4.78% de los presuntos responsables, lo que implica que quedan en la impunidad 95 de cada 100 delitos por los que se abre una carpeta de investigación.
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tenemos un grave problema en esta materia, es decir, en las Fiscalías.
Si se tratara de una empresa, y sus empleados solo lograran vender el 4.78% de los productos, quedándose almacenado un inventario del 95% de las mercancías, el comercio no solo quebraría, sino que en el primer mes de operaciones tendría que despedir a todos los subordinados por este altísimo nivel de ineficiencia.
La analogía nos sirve para describir el escenario de indefensión en el que nos encontramos los mexicanos, pues si somos víctimas de algún delito y decidimos denunciarlo ante el Ministerio Público, lo más probable es que no haya ninguna consecuencia.
Si a esto agregamos que -en realidad- en México cada año se cometen 26.8 millones de delitos, y que el 92.4% no se denuncian, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 2023 del Inegi, en los hechos tenemos una tasa de impunidad del 99.62%, que es responsabilidad de las 33 Fiscalías que existen en el país (32 estatales y 1 federal).
El cálculo para determinar este nivel de impunidad superior al 99% se hace tomando en cuenta que cada año las Fiscalías mexicanas solo logran vincular a proceso a poco más de 100,000 presuntos delincuentes, lo que equivale al 0.38% de los 26.8 millones de delitos que refiere el Inegi.
¿Cómo está la impartición de justicia estatal?
A su vez, en los pocos casos en los que las víctimas denuncian, y los Ministerios Públicos logran vincular a proceso a quienes presumiblemente cometieron un delito, después de transcurrido todo el proceso penal, los jueces de primera instancia de los Poderes Judiciales de las entidades condenan al 25.31% de los imputados, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023 del Inegi.
En el 21.27% de los casos penales que se juzgan en los estados el infractor admite su responsabilidad, con el fin de acceder a alguna solución alterna, como la suspensión condicional del proceso o los acuerdos reparatorios, opciones que están contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Esto quiere decir que en el 46.58% de los procesos penales del fuero común, que están a cargo de los Juzgados de los Poderes Judiciales estatales, se logra evitar la impunidad.
Se trata de un nivel de eficiencia no satisfactorio por parte de los jueces de las entidades, pero al menos está lejos del 4.78% de éxito que tienen las Fiscalías.
Asimismo, en el 37.92% de los casos la sentencia condenatoria no puede emitirse como tal, porque los delitos cometidos por el enjuiciado prescribieron, lo que quiere decir que no se puede imponer una sanción al delincuente ya sea porque se le apresó mucho tiempo después de cometido el ilícito, o porque el proceso tardó tanto en resolverse que ya transcurrió el plazo de la prescripción.
A su vez, solo en el 4.80% de los procesos se dicta una sentencia absolutoria en los procesos penales del fuero común, siempre de acuerdo con los datos del censo del Inegi.
También hay que destacar que en el 23.69% de los casos que atienden cada año los Poderes Judiciales de las entidades federativas no existen datos, o estos no fueron proporcionados al Inegi.
¿Y la administración de justicia federal?
Los Juzgados de Distrito en materia Penal, la primera instancia que juzga los ilícitos federales, emiten sentencias condenatorias en el 52.62% de los casos, en tanto que en el 2.80% de los procesos penales el imputado accede a alguna solución alterna, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023 del Inegi.
En total, en un 55.43% de los delitos que llegan ante los jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) no hay impunidad. Un nivel de eficiencia superior -en 8.8 puntos porcentuales- a la observada a nivel estatal.
Las sentencias absolutorias en el ámbito jurisdiccional federal solo representan el 1.45% de los procesos que se llevan en estas instancias, y únicamente en el 0.75% de los casos que se juzgan en los órganos del PJF no puede dictarse una sentencia debido a la prescripción de los delitos.
Todos estos datos nos indican que, en materia penal, los Juzgados federales y los de las entidades requieren aumentar el número de casos que resuelven cada año, lo que podría lograrse con mayores presupuestos y más personal especializado.
En cambio, comparativamente, entre el sistema de procuración de justicia y el de la impartición de la misma, las diferencias son abismales: Las Fiscalías son completamente ineficientes al dejar en la impunidad el 95% de las denuncias que llegan a sus escritorios.
Es justo en estas instituciones, a cargo de los Ministerios Públicos, donde se requiere una transformación radical, coordinada con una política criminal distinta que realmente combata a la delincuencia.
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