El gobierno de la república, faltando 397 días para que se cumpla la vacatio legis y se establezca el nuevo sistema de justicia penal en todo el país, por medio de la Setec, -la secretaría técnica que se encuentra en la Secretaría de Gobernación- el organismo operador, encuentra serios problemas no solo en las entidades de la república que van retrasados, sino en el mismo poder judicial de la federación que es la entidad pública que no ha cumplido en tiempo y forma.
El escriba ha platicado con juristas e investigadores, algunos de la máxima casa de estudios de los mexicanos, el IIJ de la UNAM, y en su mayoría coinciden en dos graves asertos; uno, mientras la PGR y la SCJN no tomen para sí los recursos y la responsabilidad de la operación de implementar en su fecha el NSJP, tendremos con seguridad otra vacatio legis; tal cual me lo dijo don Diego Valades, “mi amigo, me temo que nos encaminamos a una gran decepción nacional..”
Y dos, una de las mayores preocupaciones que hoy se tiene sobre esta implementación a todo lo largo y ancho del país, es la falta de programas específicos para socializar el todo de la reforma, que no solo son paradigmas, categorías y operación judicial completamente diferente, es, una nueva y amplia cultura del derecho constitucional, de amparo, de derecho humanos, y del derecho judicial.
El desconocimiento del nuevo modelo acusatorio es tal, que ni los propios abogados litigantes lo conocen cabalmente.
El año pasado, el fiscal de hierro me pidió proyectar un documento para una exposición de 15, 20 minutos máximo para dar a conocer en lenguaje coloquial “que es el nuevo sistema de justicia penal”, y alzando las cejas, puntualizando con el dedo índice me dijo: “no lo quiero para doctores en derecho, lo necesitamos para el camionero, para el comerciante, para los hombres del campo, para las señoras, para los estudiantes de otras profesiones, para la gente que va a ser sujeto de los nuevos procedimientos..”
Y en esas andamos no solo en Nayarit, sino en todas las fiscalías y poderes judiciales de los Estados; ya han surgido diversos tópicos que reclaman la atención merced a una serie de disfunciones que aparecen en la operación de la reforma constitucional; sobre todo, las leyes y normas intermedias que reclama el que se aterrice en la competencia y jurisdicción estatales, el nuevo modelo.
EJEMPLOS Y EL CASO NAYARIT
Nuevo León, le dio una espléndida adecuación con su Centro de orientación y denuncia CODE, que ofrece orientación personalizada consistente en la recepción y seguimiento de las denuncias de hechos delictivos, con la permanente orientación de buscar sobre todas las cosas, los mecanismos alternos de solución a los conflictos derivados de los hechos ilícitos; ahí operan los mediadores, encargados de los procesos de justicia penal alternativa que son los que ayudarán a descongestionar el trabajo en las Unidades de Investigación y cuenta con un asesor de atención a víctimas.
Con la imaginería que tiene Edgar Veytia, aquí en la entidad se crearon las Unidades de soluciones alternas penales USAP, iniciando con diez ex agentes del MP capacitados como mediadores y conciliadores, que a la fecha han funcionado de manera perfectible.
El problema fundamental, no solo es cultural, sino la insuficiencia de recursos que la Setec maneja para todos los Estados; el fiscal de hierro, el presidente de la comisión local Pedro Antonio Enríquez y el operador, secretario técnico Miguel Ahumada, con las uñas han optimizado los exiguos recursos que les manda la Setec, y los magros presupuestos locales que pueden ser orientados a estos urgentes menesteres.
Por eso, ante este panorama nada promisorio, es destacable que el TSJ haya tomado la tarea que quizás no le corresponde, capacitar a los abogados litigantes de la entidad, de facto, se ha trocado en subsididarios del Estado mexicano que en este ámbito ha revelado ineficacia.
Este fin de semana anterior con los abogados organizados de Santiago Ixcuintla, se inició un programa de capacitación sobre el sistema penal acusatorio y oral vigente en Nayarit, en una primera etapa, desde el pasado 15 de diciembre.
A la primera de seis sesiones de capacitación acudió el presidente del TSJ magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, y destacó que es imprescindible para los profesionales del derecho el pleno conocimiento del mencionado sistema de justicia penal; dado que, para los abogados especialistas en materia penal la subsistencia de su fuente de trabajo dependerá de si dominan o no el sistema acusatorio y oral.
Y puso ejemplos: por desconocimiento del modelo e incapacidades de algunos abogados, en audiencias de los juzgados orales de Tepic han tenido que ser sustituidos por defensores públicos debidamente capacitados sobre dicho sistema.
El talentoso master Rodrigo Benítez Pérez, coordinador de jueces de oralidad penal en Tepic, con un enfoque esencialmente práctico y basado en su experiencia, disertó el tema “El proceso penal en el sistema de justicia en México”.
El próximo viernes 22 de mayo tendrán la conferencia “La función del defensor en el nuevo sistema de justicia penal”, que es ahí donde la puerca tuerce el rabo, merced a las expósitas incapacidades de los abogados litigantes sobre las tripas del modelo, y también por la falta de habilidades para la oratoria forense. Uy..!
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