- Se desnaturaliza el juicio de Amparo en tribunales federales del 24° circuito
- El quid del asunto; ¿abrir o nó abrir las actividades presenciales del poder judicial local?
Son terribles los efectos sociales y económicos que se han producido en la sociedad, con las limitaciones de la actividad jurisdiccional; el poder judicial del Estado, implementó un sistema parcial que no ha dejado a los Abogados litigantes nada satisfechos, porque se han evidenciado las inepcias de los juzgadores y ante la imposibilidad de acciones presenciales, los procesos judiciales que se mueven, causan perjuicios en lugar de procesar conforme a derecho los conflictos sub júdice.
En la competencia federal, al menos en el 24° circuito, la administración de la justicia federal, está por los suelos, dilaciones extremas y una desnaturalización del juicio de amparo es la constante; una liviandad extrema en todo juicio de garantías, porque los secretarios de acuerdos de los juzgados de Distrito, de los Colegiados, lo primero que le buscan a las demandas, son las causales de improcedencia.
Con suspensiones provisionales inverosímiles, contribuyen a la deconstrucción de los derechos humanos de los padres no custodios en juicios familiares en donde la madre custodio utiliza a los menores hijos como moneda de cambio; con el solaz de las agentes del ministerio público adscritas al centro de justicia familiar.
El juicio de amparo, es una protección superior, jurídica y axiológicamente, cuestión que los jueces de distrito y los magistrados de tribunales federales no han tomado en cuenta para la aplicación de las peticiones del amparo de la justicia federal, no se apegan al marco jurídico vigente, donde existe preponderancia de los derechos fundamentales y el principio pro persona.
Vulnerando la Ley de Amparo en vigor, eluden el principio procesal de que el acto reclamado debe apreciarse como fue probado ante la autoridad responsable. Por señalar un tópico que ha sido recurrente; y se explica, con diez u once funcionarios en un juzgado de Distrito, cuando son alrededor de cincuenta su plantilla, pues no existe justicia pronta y expedita; y ¿las notificaciones a los correos electrónicos de los quejosos..? simplemente no las hacen.
Ponen fecha a un acuerdo y diez días o más, los suben a la lista de acuerdos que se puede apreciar en el “Sise”. La reforma judicial que tanto preconiza el ministro presidente de la SCJN Arturo Zaldívar, se refiere a su recomposición del poder judicial, la carrera judicial, las prohibiciones al nepotismo y al recurrente tráfico de influencias de sus jueces y magistrados; empero nada aporta al mejoramiento de la administración de justicia de cara a los justiciables.
INCERTIDUMBRES EN EL PODER JUDICIAL ESTATAL
Las voces de Abogados, organizaciones de letrados litigantes, de justiciables influyentes, del daño que se ha causado con la suspensión de las actividades jurisdiccionales, mantienen cierto clima de incertidumbre en el magistrado presidente Ismael González Parra, que termina su periodo para el que fue electo; sin embargo, debe decidir con el apoyo de los integrantes del pleno del TSJ y del CEJN, cuál es el nuevo acuerdo para la reanudación de las funciones sustantivas de todo el aparato jurisdiccional, a partir del mes de octubre.
Se acredita en demasía que esta es una actividad no solo esencial, sino indispensable para la adecuada marcha de la sociedad y su contienda interna.
La pandemia del Covid-19 no cesa, llegamos a lo que le apostó el negligente gobierno de la república, la “inmunidad de rebaño” está haciendo que paulatinamente desciendan los registros de infecciones y decesos; en la burocracia del poder judicial han ocurrido fallecimientos y las esquelas de condolencias son un día sí y el otro también.
¿Qué es lo recomendable..? ¿se ha medido el riesgo de abrir completamente las actividades presenciales y el reinicio de plazos, diligencias y audiencias judiciales..? Pudieran dividirse en dos turnos las actividades de los juzgados de primera instancia, pares por la mañana, nones por la tarde, con su respectivo personal de apoyo y la presencia de los jueces a cargo. Algo tienen que resolver, no es recomendable alargar otro mes este periodo de excepción.
Y la otra, para las ambiciones de algunos dilectos magistrados del TSJ, que desean sacrificarse por el próximo periodo de su presidencia que será por el lapso de tres años y no será renovable; en este escenario, quizás lo único que pudiese hacer el actual magistrado presidente, sería un auxiliar del gobernador, para apaciguar la posible inconformidad de los pocos magistrados que se sienten con mérito para ser receptores de la decisión unipersonal de Toño Echevarría que dejará al magistrado de sus confianzas.
A menos de que se imponga la racionalidad y se privilegie el reconocimiento a la carrera judicial y por que nó..? se establezca una presidencia del TSJ con faldas; recordemos que desde el primer año del gobierno de Rigoberto, con Elvia Aldara Zápari, no ha llegado ninguna Abogada a esta representación. Existen juezas y magistradas con talento para darle prez a la presidencia sin desdoro del género.
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