De manera paulatina se concretan los cambios, la difícil y ardua transformación del poder judicial, cada una de sus acciones, según la materia, penal, mercantil, familiar, son los ladrillos de base, de dónde se levanta el nuevo edificio del poder judicial.
Tuvieron que hacer sinergia entre los poderes, con una buena disposición de Roberto Sandoval, que dejó en el ahora magistrado Miguel Ahumada la responsabilidad de su representación en el proceso y la operación de la comisión inter institucional para implementarlo.
Uno de los hombres de Edgar Veytia, y el eficiente secretario general del congreso –José Alfredo Becerra y Javier Rivera- fueron los artífices de las adiciones a las normas y de los nuevos ordenamientos que se imponía su existencia para adecuar todo este mundo de nuevo paradigmas jurídicos, cuyo impacto no solo se reduce a la juridicidad cotidiana, la que se deriva de las funciones sustantivas de la procuración y administración de justicia.
Pedro Antonio Enríquez, el magistrado presidente que ante las estrecheces financieras, hace de tripas corazón e insiste en el reclamo permanente de que le trasladen a sus cuentas, lo que el legislativo les ha aprobado, pese a ser decreciente el presupuesto anual desde hace varios años.
Edgar Veytia, con la reciedumbre que le caracteriza señala que le disminuyeron un 30% de su gasto operativo, circunstancia que le ha impedido abrir las nuevas plazas que demanda el nuevo sistema de justicia penal; con los mismos hombres y mujeres, sigue empecinado en darle respuesta a la nueva cultura judicial que reclama el nuevo sistema.
Un hombre capaz y talentoso, responsable de la carrera judicial, el doctor Julio César Romero, cuya cátedra la demandan la división de estudios de post grado, como la universidad de Guanajuato, ha demostrado que sin recursos suficientes, han podido cumplir con todos los cientos de cursos de capacitación y actualización para los operadores del nuevo sistema en el TSJ y la FGE.
Esta es la nueva dimensión del poder judicial; quizás el lado flaco lo tengan algunos jueces que aún no se desprenden de las viejas estructuras mentales, del ramo familiar sobre todo- las policías municipales y las ministeriales que no han evolucionado al ritmo que reclama la nueva cultura jurídica.
EN SEGUNDA INSTANCIA
Por ejemplo, las ventajas del nuevo sistema de justicia penal en Nayarit es posible advertirlo en audiencias encabezadas por jueces y en presencia de imputados y víctimas de delitos, así como de fiscales, defensores y personas del público, pero ahora también puede verse en audiencias presididas por magistrados y celebradas con motivo de la inconformidad de alguna de las partes con sentencias de primera instancia.
Conforme al nuevo sistema de justicia, el magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado, presidente de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia, encabezó hace unos días la audiencia en que una de las partes explicó las razones de su apelación de lo resuelto en fecha reciente en un caso de violencia familiar.
Frente al magistrado, de viva voz y con plena libertad, la parte apelante dijo lo que a su derecho convenía.
Concluida la audiencia, el magistrado Marmolejo Coronado señaló que ese contacto directo con las partes, esa inmediación, es una de las bondades del nuevo sistema, pues “le permite al juzgador conocer de manera directa y allegarse de elementos para resolver de una manera apegada a derecho pero también más justa”.
En el sistema tradicional un juez sólo tenía documentos y con base en una lectura fría de las constancias que integraban un expediente arribaba a conclusiones y tomaba una resolución, dictando una sentencia. “Ahora no —puntualizó—, pues el nuevo sistema obliga a la celebración de determinadas audiencias”.
El togado manifestó que la apelación del mencionado caso será resuelta a la mayor brevedad, y estimó que una resolución de esa naturaleza ahora tarda un máximo de dos semanas, “lo cual —destacó— es bastante bueno si tomamos en cuenta que hay apelaciones que en el sistema ordinario tardan en resolverse cuatro o hasta seis meses, dado lo complejo del asunto o bien dadas las cargas de trabajo que se tienen” en ese sistema tradicional.
Este es pues, el “otro poder judicial” y la “otra procuración de justicia”; están haciendo su tarea; es tiempo que la sociedad y las organizaciones de abogados hagan la que les corresponde, existen pues, asimetrías entre las funciones del Estado y la sociedad; todos están aprendiendo.
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