A lo largo y ancho de la entidades que componen este sufrido país, cada poder ejecutivo conforme a sus particulares circunstancias hicieron lo que pudieron para cumplir dentro de larga vacatio legis, la implementación en el sistema de justicia local, las trascendentales reformas de junio de 2008; variopintos modos de afrontar la construcción de una nueva –verdadera- cultura de la legalidad, para poder reconocerse así mismo el Estado mexicano, que somos una nación de derecho democrático.
Nayarit comenzó mal y tarde; la quiebra financiera heredada impedía esquemas de financiación que tuvieron la mayoría de las entidades de la república; con el añadido de que Chihahua y Oaxaca tuvieron cuatro, tres años antes de la reforma constitucional el inicio del sistema penal de corte acusatorio; luego Guanajuato invirtió 8 millones de dólares para la preparación de la nueva generación de funcionarios de procuración y administración de justicia.
Hoy, la calidad de sus operadores es tal, que ellos son los que le han dado capacitación al personal del poder judicial de la federación.
En Nayarit, no hubo dinero para invertir en nuevos servidores que sustituyeran a los operadores del viejo sistema en la extinta PGJ y de los juzgados penales; destacable sin duda el enorme esfuerzo de capacitación que hicieron la fiscalía general del Estado y el TSJ, actuaron en sincronía al inicio de las acciones de implementación.
Con posterioridad, merced a las singulares interpretaciones que el fiscal Edgar Veytia hacía de las reformas en el ámbito de su competencia, y por la especialización de cada una de estas instituciones cada cual jaló para sus particulares intereses.
En la secretaría de la carrera judicial, sin muchos recursos y ajenos a los reflectores, llevaron decenas de cursos de capacitación y de actualización de las normas adjetivas penales ya vigentes en la entidad, el capaz y discreto doctor en derecho Julio César Romero, ha cumplido con creces las exigencias que le fueron dadas; Julio es un ejemplo del funcionario comprometido, que nunca se quejó de las limitantes financieras e hizo un apostolado en la escuela judicial.
Migue Ahumada que siempre ha actuado en sigilo y mesura, supo encontrar en María de los Ángeles Fromow el respaldo incondicional a las acciones de lo que en Nayarit se hizo; por su parte, el equipo de cómputo y servicios del TSJ sin haberles aumentado un cinco a su presupuesto, estos cuatro años cumplieron en la medida de las exigencias que Pedro Antonio Enríquez demandaba para hacer sinergia con Ahumada; en el poder judicial todos hicieron doble chamba, con el mismo salario desde hace lustros.
LA HIBRIDEZ DEL NSJP EN LA FISCALÍA
Un hombre que se hizo abogado ya mayor, con escasa experiencia en las acciones jurisdiccionales, con una imaginación festiva, hizo singulares interpretaciones a la forma y modo en que el NSJP debía de implementarse en la Fiscalía a su cargo; Edgar Veytia, enjundioso, siempre muy echado pa´delante, pretendía una hibridez mayúscula, que obvio, desnaturaliza la función protectora que el NSJP propicia para la víctima de los delitos.
Como buen policía, la etapa primera del procedimiento penal, no la han implementado debidamente conforme al canon que establece el CNPP; los agentes del MP que fueron instrumentados como mediadores y conciliadores en esa mala copia de los CODES de Nuevo León, la USAP, no tienen siquiera un código deontológico para su actuación; a la de a güevo imponen la mediación sin que se hayan dictado las providencias primeras para asegurar la integridad física de la víctima; los victimarios son los beneficiarios de este híbrido implementado en la FGE.
No tenemos un observatorio de justicia que debiera ser conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil que realicen acciones de vigilancia, monitoreo, evaluación y difusión del nuevo sistema de justicia penal en la entidad; se aprecian obsolescencias en el funcionamiento de la FGE en esta etapa primera, al ser el primer respondiente en el inicio de las carpetas de investigación; el autoritarismo y la intolerancia del fiscal ha sido un valladar para ello.
El NSJP fue creado para que el sistema de justicia penal fuera transformado, con la finalidad de eliminar una serie de males que han aquejado históricamente la forma en la que se ha procurado e impartido justicia; tales como la corrupción, la ineficiencia de las autoridades, la falta de profesionalismo y la amplia gama de facultades discrecionales del Ministerio Público, entre otros.
La vieja cultura del sistema inquisitivo aún permea en los pasillos de la fiscalía, la atención temprana de los titulares –hombre y mujeres- de las agencias del MP, son irreverentes, autoritarias y absolutas faltas de respeto para la víctima que va a presentar una querella, que asiste, dolida, encabronada por haber recibido un agravio en su persona, sus bienes o su familia; y que se encuentra ante la cerrazón, de estos servidores que no tienen la capacitación suficiente que demanda el NSJP.
Le dieron mayor peso a la policía investigadora para la instrumentación primera de la carpeta inicial; no están capacitados para responder a la altura que el reto impone, algunos siguen comportándose como aquellos policías judiciales, que eran el oprobio del viejo sistema; y las agentes del MP adscritas al juzgado de oralidad en el centro de justicia familiar, no han cumplido la filosofía garantista del nuevo sistema, sobre todo en delitos de abandono de familiares y violencia familiar, deudores alimentarios son tratados de manera asimétrica frente a las necesidades de su víctima; son incapaces de dictar medidas cautelares preventivas.
Muchos delitos de violencia familiar pudieron ser evitados si el MP actuara con la visión que requiere esta nueva cultura judicial; no se trata de que se olviden las garantías que tiene todo acusado de un delito; lo que criticamos es la lógica ultra garantista que no distingue los matices que un sistema judicial como el nuestro tiene; este NSJP está en formación y en Nayarit tiene desviaciones en su etapa inicial.
Mañana se inicia la vigencia en todo el Estado, el nuevo sistema de justicia penal; no se cumplieron las metas de abatir un importante número de procesos penales vigentes bajo el anterior sistema, sin datos oficiales, se considera que existen más de seis mil procesos penales pendientes, por lo tanto subsistirá unos cinco o seis años más el enjuiciamiento penal tradicional.
Faltan recursos y mucho..! falta nuevo personal, los viejos operadores en la procuración acreditaron el festivo dicho de aquel magistrado michoacano: “es como meter vino nuevo en odres viejos..” los nuevos jueces con rostro, hasta ahora, han actuado de manera proba y profesional en el ámbito de sus responsabilidades.
Pese a todo, el nuevo sistema de justicia penal va, es responsabilidad de todos, perfeccionarlo, y en cuanto al titular del ejecutivo y legislativo, que de una vez y para siempre se percaten de que la Fiscalía y el Poder judicial, requieren de un presupuesto suficiente para cumplir de manera perfectible sus delicadas responsabilidades.
La sociedad, el foro y los justiciables se los demandan…!
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