En un par de días, el Nuevo sistema de justicia penal, de corte acusatorio, tendrá su plena vigencia en nuestra entidad; un aserto que, viéndolo a la distancia de estos años del sexenio, pareciera inconcebible, merced a las graves condiciones de quiebra financiera que la administración de Roberto Sandoval recibió el aparato de procuración y administración de justicia.
Lejos nos parece el primer documento que suscribieron entre los tres poderes de la entidad, el 30 de noviembre de 2011, apenas unas cuantas semanas de haber tomado posesión del gobierno de Nayarit; al instalar de manera formal la comisión de coordinación institucional para la implementación del NSJP en la entidad; impulsado por su abogado, el responsable de la oficina de apoyo jurídico del gobernante, Miguel Ahumada Valenzuela, quien llegó a la función pública luego de una exitosa vida como abogado litigante, un hombre discreto y cauteloso en los dinteles del poder.
Los dos, Roberto y Miguel, se movían en terrenos inexplorados, el primero que dada su formación de educación media, ya había decidido estudiar en un sistema abierto universitario la licenciatura en administración de empresas; y el segundo, con todos los temores y prevenciones que imponía a la llegada de este gobierno, el brutal acotamiento que el sátrapa ex gobernador anterior les dejó como enclave trasnsexenal, un inamovible poder judicial compuesto por 17 magistrados.! de los cuales, once eran en ese entonces sus incondicionales.
Si bien ya se habían publicado los decretos para la formación de esta comisión implementadora e incluso existía un convenio marco de colaboración entre la Setec de la secretaría d gobernación y el poder ejecutivo d Nayarit, eran simples documentos sin vigencia ni operación alguna; Roberto entendió la impronta de esta reforma constitucional, denominada “de gran calado” por las vacas sagradas del derecho constitucional.
El poder legislativo con Armando García como su presidente siempre fue obsequioso a las urgencias normativas; el magistrado presidente Pedro Antonio Enríquez, autor de la reforma constitucional que remodeló al TSJ, imponiendo el inusitado número de magistrados, veía a los recién llegados con algo de conmiseración; el desconocimiento del tema de uno y la novatez del otro, le daban ventaja en la etapa primera de la implementación del NSJP.
A los días, el 14 de enero del 2012, Pedro Antonio vio que los recién llegados tenían una clara convicción de lo que esto significaba, y modificaron el acuerdo implementador, quitándole facultades y atribuciones para el manejo de los millonarios recursos que se invirtieron en el nuevo sistema, quedando éstos en las manos de Miguel Ahumada, nombrado “secretario técnico” de la comisión estatal implementadora.
OBJETIVOS; LOGROS Y OMISIONES
El convenio y todos los acuerdos, establecían la obviedad, implementar en el cuerpo normativo de Nayarit, el NSJP y establecer los lineamientos de la política criminal local en los términos de la trascendental reforma de la constitución política de los mexicanos; planificar la reforma y determinar las exigencias locales en materia presupuestal, los cambios de organización, la construcción y operación de la infraestructura, tecnologías, equipamiento y capacitación para la procuración y administración de la justicia conforme al nuevo modelo.
A la llegada de los primeros millonarios recursos, Miguel Ahumada contrató una onerosa asesoría con los genios del Instituto tecnológico de estudios superiores de Monterrey, para que le hicieran el diagnóstico del sistema y elaboraran el documento matriz para todas las reformas jurídicas, administrativas y burocráticas que era menester llevar a cabo en los poderes, específicamente en lo que sería la Fiscalía general del Estado y las adiciones al poder judicial.
A precios millonarios se logró lo anterior, aunque el mismo presidente del TSJ, magistrados, jueces penales del viejo y del nuevo sistema, así como los medios, a la fecha seguimos desconociendo este documento matriz que Miguel Ahumada lo ha tenido bajo siete llaves.
Con una notoria actitud injerencista, el gobierno norteamericano por medio de un programa para el desarrollo de éste y otros programas para los países de américa latina, la USAID, trajo sus capacitadores y recursos, para contribuir a la exigua respuesta financiera de la Setec; es tal el endeudamiento del gobierno estatal que los dineros públicos no alcanzan, y estuvieron maniatados para tener más y mejores recursos para esta implementación; llegamos a la vigencia del NSJP con varias asignaturas pendientes y careciendo de la infra estructura adecuada para su operación conforme a las normas que estableció la Setec.
Se estableció en el convenio macro, que se llevarían a cabo foros de análisis con las organizaciones de la sociedad para que se conocieran las propuestas de los sabihondos del derecho procesal penal local; y, que además se llevaría a cabo una profunda y permanente difusión de las bondades sociales y políticas que el NSJP traería para la sociedad en general. Que el escriba sepa, nunca se llevó a cabo ni un solo foro de consulta.
Miguel Ahumada contrató por millones de pesos a la Universidad Tecnológica de Nayarit –con su rector de entonces, Héctor Béjar- para que elaborasen una matriz de comunicación social, para usarla en las acciones de divulgación de lo que sería el nuevo modelo de justicia penal; se pagaron millones de pesos y hasta la fecha se desconoce el resultado de tan ditirámbico contrato.
No solo los abogados y el foro local, la sociedad en general sigue ahíta ante la contumacia del gobierno por no haber hecho lo conducente en la construcción de una nueva cultura de la población, que ahora que ya les atañe, desconocen no solo los alcances del nuevo sistema, sino que están en su contra por las improvisaciones y graves omisiones al CNPP en la atención temprana de las víctimas en la FGE.
Mañana, segunda entrega del tema: formación de operadores, jueces, defensores y la singular cultura de los MP´s en el tratamiento del nuevo modelo.
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