La implementación del nuevo sistema de justicia penal en Nayarit, avanza paulatinamente; desde luego, la estrechez de los recursos que se han destinado para el efecto impone que se maticen los tiempos que fueron diseñados en el escritorio de Miguel Ahumada el año pasado; nos encontramos con la sinergia de los tres poderes para llevar de la mejor manera posible el cumplimiento del mandato constitucional.
El gobernador Roberto Sandoval, le ha destinado especial atención a la generación de los recursos para que la secretaría de obras, cumpla en tiempo y forma los compromisos para la edificación de los centros regionales de justicia penal, recursos que se aplican junto a los exigüos que remite a la entidad la Setec.
El día de ayer, a promoción de la comisión interinstitucional para la implementación del nuevo sistema acusatorio, en sesión pública ordinaria los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen con proyecto de Decreto que contiene reformas que establece una ampliación de la declaratoria de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de Nayarit.
De esta manera, lo que estaba previsto para el día 30 de abril del presente año, con la aprobación unánime de los legisladores se establece que, para el día 15 de junio del presente año se alcanzará al 100 por ciento la transición al nuevo sistema de justicia penal.
Son varios y determinantes los factores que imponen la transición al nuevo modelo y que en la entidad todos los involucrados buscan que se dé sin contratiempos; la culminación de la infraestructura y equipamiento de las tres salas de juicios orales que se ubican en la capital nayarita, crea las condiciones necesarias para incorporar nuevos tipos penales al sistema acusatorio en esta región, que es la de mayor demanda de procuración y administración de justicia.
Para no andar con apuros e improvisaciones, se prorrogó 45 días la entrada en todos los partidos judiciales del nuevo sistema, en virtud de la reorganización administrativa que se lleva a cabo tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Tribunal Superior de Justicia.
Falta, sobre todo la infraestructura física de los centros regionales de justicia que están en construcción, los cuales quedarán en las cabeceras municipales de Tecuala, Santiago Ixcuintla, Bahía de Banderas y, posiblemente San Pedro Lagunillas; también es menester los acuerdos del Consejo estatal de la judicatura, que en el área de sus competencias debe crear nuevos instrumentos de gestión judicial.
Solo de esta manera, con los pies bien puestos en la tierra, sabiendo con qué recursos cuentan, el poder judicial y el ejecutivo llevan a cabo el cumplimiento de esta trascendental reforma constitucional que está impactando a toda la sociedad; de esta manera con la aprobación de este decreto los legisladores nayaritas de la XXXI Legislatura concretan las condiciones apropiadas para dar certeza a la implementación plena del nuevo Sistema de Justicia Penal en Nayarit.
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