En el congreso del Estado, si bien cada comisión tiene su propia directiva, la toma de decisiones y los acuerdos que tienen para pasar al pleno deben de contar con la intervención del diputado presidente; para evitar desaguisados del protagonismo de los diputados que presiden las comisiones, Polo Domínguez, tiene que entrarle a este trabajo que poco tiene de legislativo y mucho de judicial.
Estos esquemas de juicio político son herencias de un pasado que difícilmente podemos considerar que existe, estas figuras de enjuiciamiento se dieron cuando los gobernantes, los políticos tenían en alto honor la honradez personal y la honestidad como hombres públicos.
Las demandas de juicio político en contra del ex gobernador Roberto Sandoval, de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa Catalina Ruiz y Raymundo García, llegan a su etapa final, con accidentes administrativos en los procesos seguidos, y por la singular manera de litigar por parte de la defensa del ex gobernador; merced a que tanto los diputados Duñals como Mercado, han actuado de manera precaria en estos procesos, sin duda por el desconocimiento de la materia.
Empero, tienen Abogados en la Secretaría General, que les han dado todas las opciones para llevar a buen fin un proceso de esta naturaleza.
La naturaleza del juicio político, es, la de un mecanismo de control constitucional indirecto; es un proceso de responsabilidad jurisdiccional que busca garantizar el bien común, mediante el desarrollo “normal” de las instituciones y del eficaz mandato de los gobernantes.
A la vez, estos “juicios políticos” son un mecanismo de control político que está a cargo de los congresos, se supone que busca fortalecer el sistema de división de poderes, en aras de privilegiar los principios democráticos, republicanos y de rendición de cuentas.
Lo curioso o paradójico del caso es que el juicio político, es un instrumento materialmente jurisdiccional (juris dícere=decir el derecho) a cargo de un órgano eminentemente político como lo es la cámara de diputados local.
Son eminentemente políticas las causas primigenias del procedimiento del cual hablamos, como instrumento de control y, sobre todo por la naturaleza y alcance de las sanciones: destitución e inhabilitación.
En el caso que nos ocupa, ha trascendido la sentencia solicitada para el ex gobernador Roberto Sandoval; 12 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público o de elección; y la sociedad o sus lectores beligerantes colegimos que, lo que menos le importa a Roberto es la inhabilitación, mientras no le toquen su acumulado patrimonio que es conocido en la entidad y en ciudades como la cercana Guadalajara a donde trasladó su cuadra de finos equinos.
ARCAISMO POLÍTICO LA FIGURA
La sociedad agraviada, tuvo una adecuada recepción por el gobernador Toño Echevarría, durante sus primeros meses de gobierno –antes de la llegada del huracán Willa- no perdía oportunidad en cada ocasión que tenía que disertar en algún acto público o en reuniones privadas con sus amigos empresarios, para señalar “las raterías del gobierno anterior..” y enfatizar su compromiso del que “se haya robado un clavo, se va ir a la cárcel..”.
De ahí que al gobernador le resulte insuficiente la sanción que le impondrá el congreso al ex gobernante que le precedió; lo que nos acredita que esta figura, ya es un arcaísmo en nuestro sistema político.
La gente, el pópulo quiere ver tras las rejas a los ex gobernadores que sin pudor alguno ellos y sus familiares directos exhiben una riqueza insultante; si la causal genérica de procedencia del juicio político son aquellos actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses fundamentales de la entidad, o de su buen despacho, nos damos cuenta de la ineficacia jurídica, social y política de las sanciones.
Se impone una reforma a fondo para prevenir, disuadir a los gobernantes, funcionarios de gabinete, presidentes municipales, diputados, encargados de despacho de los entes para estatales, de que sus rapacerías no tienen fecha de caducidad para investigarlos; que su delito tendrá prisión preventiva oficiosa y que su naturaleza será absolutamente penal. Solo de esta manera se puede inhibir este tipo de conductas.
Porque el ejercicio patrimonialista del poder, el desvío de recursos públicos y el ejercicio indebido del cargo público, es un auténtico delito maquinado, premeditado y orquestado para vulnerar deliberadamente la ley, un auténtico fraude a la sociedad y a las instituciones.
Digo, ahora que Toño Echevarría ha dicho que tiene en AMLO a su nuevo patrón político, bien vale la pena explorar la propuesta del escriba, para estar en congruencia con los airecitos de austeridad republicana que promueve el mesías tropical.
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