Las condiciones económicas que prevalecen en el país, la astringencia económica impacta en los ciclos productivos primarios; hoy, no solo en la ciudad, en el medio rural las personas necesitadas han sido víctimas de las casas de préstamos y en el campo, de las “cajas populares” que no tienen la mínima subsidiaridad para con sus agremiados; los préstamos para las actividades productivas en varios municipios de la entidad, están ya en proceso de cobros judiciales.
Ayer en la sede del Poder Judicial de Nayarit se llevó a cabo una singular reunión; magistrados, diputados y el secretario general de gobierno, atendieron a representantes campesinos de diversos municipios que en su mayoría plantearon asuntos relacionados con el hecho de haber caído en cartera vencida de diversas instituciones y casas de préstamo, principalmente por pérdidas de producción a causa de fenómenos meteorológicos.
Pedro Antonio Enríquez Soto, el magistrado presidente junto a José Trinidad Espinoza Vargas, secretario de gobierno, escucharon los dramas de los productores agrícolas, quienes fueron acompañados por legisladores locales del Prd; en un escenario que en algunas ocasiones tiene los viejos resabios de la cultura del impago en el medio rural, porque algunos productores rurales actúan con estas nuevas financieras, como si se tratase del viejo Banco Ejidal del aquel Estado mexicano que subsidiaba todo préstamo y lo mandaban a cartera vencida.
En esta reunión los campesinos manifestaron su preocupación por la agresividad de los despachos de cobranza que los apremian a cubrir de inmediato ciertas cantidades de dinero con la amenaza de embargos, en algunos casos induciendo a pensar a los deudores que el reclamo de pago tiene la anuencia de un juez de primera instancia o que incluso los cobradores laboran en los juzgados.
Hubo quienes se refirieron también a la confusa redacción de los contratos celebrados para la obtención de préstamos.
El magistrado Enríquez Soto señaló que el personal de los juzgados está a obligado a identificarse debidamente en ese tipo de diligencias y los deudores tienen el derecho de verificar tales identificaciones; de igual forma indicó que los jueces, antes de disponer de un embargo, tienen la facultad de ofrecer salidas alternas como la conciliación y la mediación entre deudores y acreedores con el fin de llegar a acuerdos que faciliten el cumplimiento de obligaciones legales sin que necesariamente se afecte el patrimonio de las familias.
APLICAR JURISPRUDENCIA
Al conocer el hecho, le digo al magistrado presidente, que es el tiempo en que los jueces deben de aplicar la jurisprudencia de la suprema corte de justicia de la nación, por extensión en los contratos de avío o refaccionarios, deben aplicar los resolutivos del máximo tribunal del país; si el juez advierte que en una demanda por impago, la tasa de intereses pactada es notoriamente usuraria, puede, de oficio, reducirla “prudencialmente”.
Es necesario atender a las condiciones de cada caso que se presente, puesto que la tasa de interés que se cobre en estos juicios, al reducirla ex oficio el juzgador, no le resulte excesiva al deudor, mediante la apreciación razonada, fundada y motivada, con base en las circunstancias particulares de las partes en juicio.
Existen varios elementos de convicción que los jueces están obligados a tomar en cuenta, el monto del crédito, las garantías para su pago, las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares, la variación de los índices inflacionarios; todo esto debe evaluarse, junto a elementos subjetivos para conocer la existencia de una situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor.
Que recuerden que ahora son jueces continentales, deben aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la usura es una forma de explotación del hombre, que se contrapone con el reformado artículo 1° de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 de la señalada convención.
A lo que nuestro amigo, dijo que “desde luego nosotros vamos a hacer nuestra parte..” por lo pronto, jueves y viernes van a visitar los juzgados foráneos para percatarse del número de juicios que se encuentran en estas condiciones, y que el gobierno pueda buscar mecanismos financieros para ayudarles.
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