Inicia Congreso juicio político contra Roberto Sandoval y magistrados del TJA.
Bajo la crítica de letrados de que es una concepción extensiva la que se hace en la figura del ex gobernador Roberto Sandoval, quien tiene la vigencia de un año las prerrogativas de inmunidad procesal que le otorga la carta local al ex titular del poder ejecutivo, la cámara de diputados, ha iniciado el procedimiento de juicio político en contra del ex gobernador Sandoval y magistrados integrantes del tribunal de justicia administrativa.
Entraron al pantanoso territorio de unas figuras típicas cuya procedimiento previsto en la constitución sería, la declaratoria de destitución o inhabilitación; difícil concreción tienen los diputados con estos expedientes, dado que la causal genérica de procedencia del juicio político son los actos y omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; estas causales las identifica la Ley de responsabilidades de lo servidores públicos del Estado de Nayarit.
Son tres artículos de esta ley 6,7,8, los que establecen las figuras típicas para la procedencia del juicio político, «actos u omisiones de los servidores públicos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho..» «Ataque a las instituciones democráticas…» «usurpación de funciones..» «cualquier infracción a la constitución o leyes locales cuando cause perjuicio graves al Estado…etc.»
Y el artículo 12 de la norma en comento, señala la pena: destitución, pero también podrá imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público de uno hasta veinte años.
Esta forma de enjuiciamiento, es como querer lapidar a un funcionario corrupto…, tirándole palomitas de maíz. Dado que, con esta legislación no se sabe a ciencia cierta cuál es la finalidad que se quiere darle a esta figura, que mas parece un linchamiento mediático institucional; puesto que no está claro cuáles son las conductas que pretende sancionar: son conductas delictivas, o faltas administrativas, o ilícitos constitucionales; o, finalmente conductas anti éticas; existe una evidente confusión para operar el procedimiento.
En el contexto actual, con un legislativo muy echado para adelante, con el acotamiento del titular del poder ejecutivo, y con una mala prensa por los yerros iniciales en contra de funcionarios del anterior régimen; los diputados protagonizan un procedimiento político inusual; dado el clima de este gobierno para con el precedente, debiéramos entonces tener un verdadero juicio constitucional para exhibir y sancionar a un gobernador que tuvo una conducta reprobable.
Pero en el ejercicio público no existe el hubiera; hoy se ha publicitado el inicio del procedimiento que no tendrá conclusiones civiles, penales o mercantiles; ya cruzaron su Rubicón, y hemos de ver, el real impacto en los funcionarios sujetos a procedimiento; en cuanto a Roberto Sandoval, veremos si ahora con el arranque del procedimiento de juicio político, da la cara y responde a la altura de sus responsabilidades idas.
Ojalá que el diputado Javier Mercado, le pueda darle objetividad a las demandas presentadas, que tienen un mundo de subjetivismo con una legislación etérea y de difícil concreción. Así vemos que…
En reunión colegiada de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado se aprobaron por unanimidad los acuerdos para iniciar el procedimiento de cuatro juicios políticos.
Uno de los acuerdos aprobados se refiere al juicio político en contra de Roberto Sandoval Castañeda, por la presunta violación grave de la Constitución Política, a las leyes locales y el manejo indebido de fondos y recursos públicos, promovido por Rodrigo González Barrios, bajo expediente JP/CE/07/2017.
Se acordó iniciar procedimiento al juicio solicitado por el ciudadano Manuel Femat Rodríguez, en contra de Roberto Sandoval Castañeda, por presunta desviación y manejo indebido de recursos públicos, bajo expediente JP/CE/06/2017.
De igual manera, se dio el voto afirmativo para iniciar el procedimiento de juicio político en contra de la Magistrada Yenira Catalina Ruiz Ruiz, solicitado por José David Guerrero Castellón, por ataque contra instituciones y afectación al orden público e interés social, al excederse en el dictado de suspensión a favor de vendedores ambulantes, bajo expediente JP/CE/03/2017.
También se iniciará procedimiento en contra de Yenira Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, de juicio político solicitado por el ciudadano Levi Monts Bañuelos, quien argumenta actos y omisiones contra instituciones democráticas al emitir de manera sistemática suspensiones que afectan el orden público y el interés social, bajo expediente JP/CE/05/2017.
Los cuatro acuerdos aprobados de forma unánime fueron remitidos a la Comisión Especial de Gran Jurado Sección Instructora, que preside el diputado Leopoldo Domínguez González.
Esta Comisión Especial de investigación se instalará de forma temporal mientras se resuelven los asuntos remitidos, y una vez que concluyan los trabajos se informe sobre los resultados de cada uno de los juicios políticos.
