Por Surya Palacios / Alto Nivel
La Cámara de Diputados aprobó un decreto que interpreta el concepto de “propaganda gubernamental” contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), y en la Ley Federal de Revocación de Mandato, con el objetivo de permitir, sin que reciban sanción alguna, que los políticos puedan expresarse y promover sus ideas tanto en comicios regulares como en el ejercicio de revocación de mandato.
Avalado en lo general con 268 votos a favor y 213 en contra, y en lo particular con 267 votos favorables y 210 en oposición, el decreto “por el que se Interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones”, establece que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”.
Es decir, cualquier funcionario en general, incluyendo a los legisladores, podrán hacer propaganda en elecciones y en la revocación de mandato, bajo el supuesto de que se trata de libertad de expresión, según la exposición de motivos de la interpretación aprobada, la cual aún debe avalar el Senado.
El problema es que esta interpretación transgrede el artículo 35 de la Constitución, que prohíbe a los integrantes de todos los poderes públicos hacer propaganda político-electoral.
El dictamen apunta que la propaganda gubernamental, señalada en la LEGIPE y en la Ley Federal de Revocación de Mandato, debe entenderse como “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por un ente público”.
Ergo, lo aprobado por los diputados de Morena, y los partidos Verde Ecologista y del Trabajo, implica que no podrá sancionarse a los funcionarios públicos que, por ejemplo, militen en Morena y decidan promocionar a su mismo partido, o hacer propaganda para que en la revocación de mandato permanezca en su puesto el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Actualmente, el Instituto Nacional Electoral ha sancionado a diversos actores políticos por hacer público su apoyo al presidente, con base en lo que establecen la Constitución, la LEGIPE y la Ley de Revocación de Mandato, medidas que han sido ratificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Sin embargo, los diputados de Morena consideran que esos organismos han hecho una interpretación errónea de las normas.
Decreto inconstitucional
La bancada de Morena en la Cámara baja argumenta en el decreto que, en sus resoluciones, el Tribunal Electoral no ha analizado “el alcance del ejercicio de la libertad de manifestación de ideas de las personas servidoras públicas, es decir, si éstas cuentan con este derecho y en todo caso, si el Tribunal tiene competencia para interpretar límites de un derecho humano”.
Los diputados morenistas Mario Rafael Llergo Latournerie, Moisés Ignacio Mier Velazco y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, autores del dictamen, expresan en el documento que la autoridad electoral ha impuesto límites y restricciones indebidas a las expresiones de los servidores públicos.
Se quejan de que el Tribunal Electoral ha llegado incluso “a considerar que el Presidente de la República es un recurso público y, que por su alto cargo, podría tener una influencia tan grande que sus alusiones directas o indirectas hacia partidos políticos o el informe de una acción que pudiera insinuar un resultado positivo de su gestión vulnera el principio de equidad electoral”.
En síntesis, con esta interpretación, los legisladores del partido oficial pretenden revertir los lineamientos que se establecieron desde la reforma electoral de 2007, que tienen como objetivo garantizar que no se utilicen recursos del erario público en las campañas electorales, salvo aquellos que están expresamente etiquetados para los partidos políticos.
Además, este decreto violenta lo que establece la Constitución en su artículo 35, fracción IX, numeral 7, que prohíbe el uso de recursos públicos para promocionar la revocación de mandato, pues solo el INE es el encargado de hacer la propaganda de este ejercicio.
Textualmente, el numeral referido dice que “queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato”.
La carta magna agrega que “los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil”.
En ese tenor, la oposición en la Cámara de Diputados advirtió que las reformas a la ley no pueden hacerse a través de una interpretación.
El diputado Marco Aguilar, del Partido Acción Nacional apunto que la pretensión de este decreto impulsado por Morena “es impedir que el Tribunal (Electoral) del Poder Judicial de la Federación realice plenamente la función de impartición de la justicia que la Constitución les confiere”.
De su lado, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, legisladora de Movimiento Ciudadano, aseveró que “Morena quiere brincarse la ley, y no cualquier ley, quiere brincarse la Constitución, la ley, y hasta el Reglamento de este Congreso”.
Agregó que el artículo 105 constitucional dice claramente que las leyes electorales no pueden modificarse durante un proceso electoral, pues estos cambios deben hacerse por lo menos noventa días antes de alguna votación.
Esto significa que la interpretación aprobada, si también la avala el Senado, formalmente no puede surtir efectos para el ejercicio de revocación de mandato que se celebrará el próximo 10 de abril.
Ortega Pacheco enfatizó que en Morena “otra vez quieren que se les permita violar la ley para brincarse las sanciones que ya ha impuesto el INE en contra del presidente y la jefa de Gobierno” de la Ciudad de México.
En febrero pasado, el INE ordenó retirar de redes sociales un comunicado de los gobernadores emanados de Morena en el que estos expresaban su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La autoridad electoral consideró que se trató de “una acción concertada y consentida” de parte servidores públicos “para difundir, de forma expresa y preponderante, logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza”.
El INE añadió que ese apoyo es considerado “como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de Revocación de Mandato en curso”.
