*Agenda común de los poderes estatales para la impartición de justicia, propone magistrado Javier Rivera
Conforme a sus muy particulares proyectivas, el magistrado Javier Rivera Casillas, tiene un verbo filoso, de facto es, una voz del futuro del poder judicial de nuestra entidad, su visión y pasión por las funciones sustantivas del tribunal superior de justicia es trascendente, penetra en los intersticios de la institución y la sociedad, para reclamar lúcido y elocuente, acciones que el foro y todo justiciable agradecería su concreción.
Ayer, como orador del mensual homenaje que rinde el TSJ a nuestros símbolos patrios, el magistrado Rivera, señaló que su alocución y argumentos, por su trascendencia, «son palabras a título personal y de ninguna manera en la lógica de un posicionamiento oficial, que vulnere involuntariamente la respetable diversidad de pensamiento por la naturaleza colegiada del pleno del Tribunal Superior de Justicia».
Ante el resultado del reciente proceso electoral, «¿con qué lógica o sinergia debe participar el poder judicial en esta nueva realidad en un marco de respeto a la división de poderes y distribución de competencias?
Si bien es cierto que la constitución y las leyes definen de manera clara y precisa cuáles son las atribuciones del poder judicial, en lo personal, me parece que los componentes de temporalidad, agenda en común y la pluralidad partidista que estará representada en el ejercicio del gobierno, específicamente en el Congreso Estatal, son coyunturales y nos debe invitar a trazar un modelo de interlocución que invariablemente incida de manera proactiva en el contenido y ejecución de la agenda en materia de administración de justicia para los próximos años».
En la coyuntura del inicio de funciones de la XXXII Legislatura local, así como de la administración estatal y los ayuntamientos, es importante que el Poder Judicial de Nayarit contribuya a la interlocución que le permita incidir en una agenda común en materia de impartición de justicia para los próximos años.
«Y digo que compartiremos agenda en común, por los diversos temas que necesariamente involucran la decidida participación de los tres poderes en el estado. Solo por citar unos ejemplos, en los próximos meses debemos dar paso a la etapa de una decidida consolidación del nuevo modelo de justicia penal acusatorio; de manera conjunta con los poderes del estado, la alerta de género, recientemente emitida, nos impone la prioridad de seguir atendiendo con políticas públicas, con legislación en la materia y en lo que al Poder Judicial respecta, fortalecer la especialización y el dictado de las sentencias con perspectiva en esta asignatura».
Ante sus pares e invitados Francisco Javier Rivera Casillas, añadió que la sociedad a la cual nos debemos “no concibe el ejercicio del gobierno sin la participación y sobre todo sin la corresponsabilidad de una de las instituciones que tiene una de las tareas por demás relevante, como lo es la administración de justicia”.
Señaló el togado que la mejor manera de saludar el próximo inicio del ejercicio constitucional de los poderes del estado y los ayuntamientos es manifestando “nuestro respeto irrestricto a la división de poderes y en dicho marco expresar la disposición de la judicatura nayarita para privilegiar la coordinación y colaboración institucional con el firme propósito de lograr, como Gobierno que somos, los mejores resultados en beneficio de la población”.
Reiterando su particular visión de la ética del servidor del poder judicial «Desde nuestra posición ya sea con decisiones estrictamente personales, como lo es hacer pública la declaración tres de tres, o por acuerdo de la institución, debemos sumar los mejores esfuerzos para coadyuvar en el puntual cumplimiento y funcionamiento del sistema estatal anticorrupción».
Javier Rivera, magistrado integante de la Sala Penal señala que la coordinación y colaboración institucionales no riñen o se contraponen con los principios de imparcialidad e independencia judicial.
Con tino político dijo que la agenda común en materia de impartición de justicia, Rivera Casillas mencionó tres temas: uno, la consolidación del sistema acusatorio y oral; dos, la definición de políticas públicas para atender la alerta de género recientemente emitida para varios municipios de la entidad, y tres, el puntual cumplimiento y funcionamiento del sistema estatal anticorrupción.
Reiteró que en las actuales circunstancias es necesario que quienes laboran en la institución responsable de impartir justicia refrenden su compromiso con la ética judicial y de actuar con invariable apego a la ley, pues “las sentencias que emitimos hablan por nosotros y de nosotros”.
Al hacer profesión de fe en las funciones jurisdiccionales, el magistrado Rivera Casillas puntualizó que «quienes nos concretamos a servir sin ningún miramiento o visión particular que aquel que nos imponen la Constitución y la ley, estaremos ciertos de que las instituciones democráticas funcionan; que son un factor de equilibrio social y de que su existencia impone obligación de respeto ante cualquier coyuntura”.
Un discurso de argumentaciones contundentes, que señala rumbos en la actual coyuntura política y en la modificación de la correlación de fuerzas políticas que se reacomodan en los poderes de la entidad; y sí, es una de las voces del futuro que llega al poder judicial.
