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Interrupción legal del embarazo
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La reforma judicial estatal en fast track
Una de las bondades en la operación política, cuando se tiene un gobierno consolidado, es la obsecuencia del poder legislativo a temas torales que la agenda nacional y estatal le reclaman a la entidad; con formales voces plurales y de lo que queda de los partidos de oposición, hoy, todo tema, iniciativa de reformas o cumplimiento de resolutivos de la Corte, son aprobados sin chistar; y en ello comparten la responsabilidad de Estado, que se está remodelando en sus estructuras constitucionales sin la participación de las voces ciudadanas.
El tema de despenalizar el aborto cuando sucede antes de las doce semanas de gestación, tenía ya lustros en Nayarit, cuando la dinámica de legislar en esta materia ocurría en la CdMx y en varias legislaturas estatales, con la cultura aldeana de gobernantes anteriores, pese a manifestaciones de los colectivos femeninos, su proyecto seguía en la congeladora legislativa.
Instrumentarlo no es cualquier cosa, implica la responsabilidad de las autoridades estatales para que propicien los medios hospitalarios para consumarlo; y tal cosa, sin duda tiene sus matices de operación en el personal médico hospitalario.
Desde que la sociedad tiene memoria, han existido diversos medios para interrumpir el embarazo en las mujeres, sobre todo en aquella concepción no deseada, que fue consecuencia de violaciones o incestos. Un tema polémico por los tintes de rancia religiosidad y una doble moral de organizaciones de laicos que tienen virtudes públicas y pecados ocultos.
Queda en el ámbito privado y en la dura decisión de las mujeres que quieren recurrir –por múltiples motivos- a este, que es un derecho que les había sido escamoteado en la entidad.
El que esto escribe a partir de la iniciativa del gobernador Navarro Quintero que hace unos días envió al legislativo para implementar en el poder judicial local, la reforma que lleva a cabo el gobierno de la república; con las mismas prisas y solo en el ámbito de estos dos poderes se lleva a cabo, sin la participación de la ciudadanía o de las organizaciones de letrados, tampoco sin consultar a los actuales jueces y magistrados en ejercicio.
Hemos consultado a varios excelentes jueces y juezas en activo y jubilados, sus personales opiniones al respecto, en cuyas respuestas resaltamos la absoluta falta de socialización del tema, y la negativa a participar en el proceso de elecciones que establece.
Hay molestia porque en la iniciativa se omite reglamentar los haberes de retiro de jueces y magistrados que en este año tienen derecho a jubilarse; al borrar de un plumazo sus derechos adquiridos y prestaciones ya legisladas, y se aprecia que le faltan muchas facetas de reglamentar en este proceso que se aprobó sin problema alguno el viernes pasado en el congreso.
Conforme lo aprobado, Miguel Ángel ya puede ufanarse que en los próximos días se emite la convocatoria, y para el mes de septiembre y octubre de este año, la reforma judicial estatal debe ser una actuante realidad. En los nuevos ritos de este régimen de Morena, el gobernante náyaro le está cumpliendo a la presidente Sheinbaum.
Si la parte sustantiva de la representación que ostentan los legisladores estatales, es que son representantes del pueblo, una reforma de gran calado como lo es la reforma judicial ameritaría socializarla y escuchar a los afectados y a quienes va impactar de manera inmediata; ningún diputado tuvo iniciativa o balbuceo alguno para siquiera decir “yo considero de que se debe informarle a la sociedad y escuchar las voces de los afectados..”.
Si al fin y al cabo se aprobaría sin la mínima oposición, los poderes del Estado no quisieron pasar por la monserga de escuchar las opiniones ciudadanas.
Así funciona un gobierno consolidado.
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