- Inminente por la tozudez legislativa
- Violación a principios constitucionales y convencionales
Se ha dicho en todos los tonos, la inmensa mayoría de medios, noticieros y programas de entrevistas, se han escuchado todas las voces, una constelación plural –como plural es la sociedad mexicana- alerta contra la inconveniencia de aprobar las cuestiones torales que en este momento tienen a México pendiente de un débil hilo de caer en el abismo del autoritarismo que destruye el equilibrio de poderes y la independencia del poder judicial.
En una flagrante violación a las normas electorales, el poder ejecutivo desde el día siguiente del triunfo electoral, han hecho publicidad permanente en los números que les corresponden –según su particular visión- de legisladores federales, en ambas cámaras. Y ayer el dictamen previo de la comisión del INE, filtró el proyecto, se queda la sobrerrepresentación tal cual lo anunció Luisa María Alcalde; el viernes será la contienda en el concejo general, los once integrantes van a debatir su procedencia.
Mientras tanto, Mier y Monreal, los acólitos en las cámaras federales, con estulticia mayúscula, hacen eco de la inaudita afirmación presidencial, de que el paro de trabajadores, jueces y magistrados del poder judicial de la federación “no afectará al pueblo, la gente ni se va a dar cuenta…”ambos legisladores necios reiteran que pese al paro del PJF, “la reforma va..!”
Factores de poder, que ya riñeron con el dictum presidencial –y que pese a ello se mantiene en su macho- los dignatarios de la iglesia católica; La Coparmex; la Asociación de hombres de negocios de México; los ejecutivos de inversiones financieras; las cúpulas empresariales (falta la definición de los banqueros). Le quedan el ejército, la marina…, y el narco.
En el marco internacional, merced a los compromisos suscritos por el Estado mexicano, es prudente señalar que Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de acuerdo con los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de las personas juzgadoras, es importante recalcar que dicha independencia es posible cuando se cumplen tres garantías en el ejercicio de su labor: 1) ser elegidas con un proceso de nombramiento que valore su formación, experiencia y méritos, 2) estar protegidas de presiones externas, 3) la inamovilidad del encargo o estabilidad laboral.
La reforma constitucional planteada por el Presidente López Obrador y el proyecto de dictamen propuesto rompe con estas tres garantías. De ser aprobada, las personas perderíamos nuestro derecho a ser escuchados por un tribunal independiente e imparcial, lo que ha generado preocupación a nivel nacional e internacional.
La reforma al Poder Judicial no sólo plantea un retroceso en elementos clave de la independencia judicial, sino que tendrá elevados costos económicos, pese a que sus impulsores pretenden comunicar lo opuesto.
Afectaciones a la independencia judicial:
- La elección por voto directo de personas juzgadoras, en vez de asegurar imparcialidad y objetividad, generaría incentivos para que las decisiones judiciales sufran presiones externas para beneficiar intereses económicos, políticos o criminales de grupos específicos, es decir, los coloca en mayor riesgo de corrupción.
- El nombramiento por voto popular no es recomendable porque se corre el riesgo de politización en las decisiones de las personas juzgadoras, de que dichas decisiones sean más políticas que jurídicas, ya que no se prevé un mecanismo de designación objetivo que garantice la idoneidad de los perfiles para el buen desempeño del cargo.
- La experiencia internacional nos muestra que en países como Bolivia, la elección de personas juzgadoras por voto popular constituyó una de las causas que desencadenó una crisis del estado de derecho porque se eligieron jueces que no contaban con experiencia y conocimientos necesarios y estos fueron más vulnerables a presiones externas y a la corrupción
Afectaciones presupuestales e impacto económico de la reforma judicial:
- Se advierte que la reforma constitucional planteada presenta un análisis limitado sobre el impacto que tendrá en el presupuesto público, ya que sostiene que no impactará el actual ejercicio fiscal. No obstante, el aumento en los costos por la organización de elecciones sí afectaría a los presupuestos de egresos futuros.
- Entre los costos directos que afectan presupuestos, se identifica la cobertura de derechos laborales de los actuales trabajadores de los poderes judiciales federal y estatales, cuyas plazas serán rescindidas. Además, los costos de organizar una elección de más de 7,000 puestos judiciales por todo el país y los costos de capacitación de quienes llegarán a cargos judiciales.
- Deben considerarse los costos indirectos o impacto económico del debilitamiento judicial, como son la incertidumbre jurídica y la consecuente fuga de inversiones, la elevación del costo de bienes y servicios derivada de la disminución de la competencia y la inhibición de la inversión, el costo de paralizar los juicios en curso, el costo de los tiempos en lo que se asumen las nuevas administraciones judiciales
Pese a que el dictamen de la iniciativa de reforma, establece algunas reglas para una entrada en vigor gradual no se advierte un plan de implementación robusto. Por lo que de aprobarse, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y las legislaturas de los estados estarían incurriendo en una franca irresponsabilidad al sostener que la reforma no costará nada, ya que se están disimulando –o ocultando-los costos directos e indirectos ya señalados.
México se encuentra en la peor crisis de las instituciones del poder judicial y legislativo de su historia reciente; puede desembocar en una verdadera crisis constitucional y hacer inviable la marcha del país; aislándose de los organismos internacionales y violando los convenios suscritos, cuyo resultado será de pronóstico reservado.
Se incuba el huevo de la serpiente –sin duda alguna…
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