La trágica muerte del periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez alias “El guamas” propietario del semanario “Orión Informativo” que se publicaba en Santiago Ixcuintla, acaecido el 1 de diciembre del año 2018; tuvo el día de ayer su esclarecimiento; -sus autores fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado- se habla del jefe de licencias y del director operativo de la Dirección de Tránsito estatal, algunos elementos y su titular la licenciada Patricia Betancourt, esta última por encubrimiento.
La seriedad de Toño Serrano, secretario general de gobierno, el grave semblante de Petronilo Díaz Ponce, -en la conferencia de prensa convocada ex profeso- titular de la FGE implicaba la trascendencia de la nota informativa y del impacto político que le causó a la administración del gobernador Toño Echevarría García; supieron guardar las formas, no dieron a conocer los nombres de los detenidos por orden de Juez de control, a los minutos se diseminó en redes el nombre de los detenidos.
Funcionarios de este gobierno, del poder judicial, gente del foro y otras voces, atentas al discurrir gubernamental, emitieron criterios en el sentido de que este crimen proditorio, constituye un “crimen de Estado” por su etiología, por la naturaleza de su causa primigenia y, sobre todo por la presencia de la fiscalía especializada en delitos contra periodistas de la Procuraduría General de la República, que según Petronilo, tiene conocimiento de las indagatorias, y la FGE de forma profesional sin ambages dijo, por voz de su titular que están en espera de su determinación por si acuerdan ejercer su facultad de atracción, dada la naturaleza del occiso.
Y otras voces cercanas al poder ejecutivo, expresaron con azoro que estas detenciones y lo que pueda surgir del proceso penal, constituye un impacto político de trascendencia social, aún mayor de lo que ha causado la indagatoria del tema Infonavit y los juicios apócrifos que se realizaron en los despachos de Abogados que fueron cateados por la FGE, que trajo la suspensión de cuatro jueces de primera instancia y la solicitud de procedencia que se hizo al congreso del Estado para juicio político en contra de dos magistrados, el ex presidente del TSJ Pedro Antonio Enríquez y Jorge Marmolejo.
Desde la llegada de esta administración, la secretaría general de gobierno determinó que la Dirección de Tránsito del Estado, dejara la adscripción de la Secretaría de Seguridad Pública y pasara al ámbito de dicha dependencia, con ello se tendría absoluto control y, con el añadido de que ni su director ni sus elementos pasarían a exámenes de confianza, que establece el SNSP para cada elemento que trabaja en las instituciones de seguridad estatal y municipales.
Y estos hechos criminales, son parte de las resultas de aquella determinación.
Ahora, el gobierno estatal, el poder ejecutivo está en la picota del descrédito mayúsculo, por la gravedad de que funcionarios de primer nivel están involucrados en un crimen cometido en contra de un periodista, que, para acabarla de agravar, era un activo cuadro de MORENA en la entidad, incluso figuró como candidato a regidor en las pasadas elecciones municipales de Santiago Ixcuintla.
Menudo descrédito, tiempos inéditos y precariedad política, pese a la enfática expresión de Toño Serrano y Petronilo Díaz Ponce, de que el gobierno de Toño Echevarría, pretende preservar el estado de derecho y que está comprometido en su lucha en contra de la corrupción y que reafirma su compromiso de cumplir cabalmente con lo establece el marco normativo que nos rije.
Y pues no, con tales desaguisados, así no se gana la confianza de la gente…
Contacto.- cronicaslip@gmail.com
