*Aprueba Consejo de la Judicatura convocatorias a concursos de oposición de jueces de primera instancia
*En procesos transparentes de varias etapas se designarán quince jueces; convocatorias serán difundidas este martes
Este era, uno de los secretos mejor guardados del poder judicial; el cómo se nombran a los nuevos jueces, desde hace unos sexenios se hizo el esfuerzo de profesionalizar los mecanismos de designación de los juzgadores para abatir favoritismos y que llegasen abogados sin la debida preparación a la delicada tarea de juzgar conflictos sub júdice.
Ayer, aunque tiene una vida efímera, merced al parche constitucional que le hicieron a la reciente reforma de la carta local, el pleno del Concejo de la Judicatura del Poder Judicial de Nayarit aprobó en forma unánime las convocatorias a los concursos de oposición para designar, por una parte, a nueve jueces de primera instancia del sistema tradicional y, por la otra, a seis jueces especializados en el sistema acusatorio y oral.
Es un proceso cerrado, es decir, ningún letrado del foro podrá participar, solo los actuales jueces que actúan por ministerio de ley, y los secretarios proyectistas y de acuerdos que se sientan con merecimientos y talento para participar en las pruebas que serán no solo de conocimientos del derecho judicial, se incluyen los otros mecanismos que ya son comunes en la fiscalía general y en el poder judicial federal.
Esta sesión que fue presidida por el magistrado presidente Ismael González Parra, se dio que a conocer que dichas convocatorias atienden la reciente reforma a la Constitución Política del Estado de Nayarit, que en su adicionada fracción XVIII del artículo 7° reconoce el derecho de los nayaritas a que se les imparta justicia por jueces nombrados en términos de ley; puesto que prevalece una irregularidad que muy pocos abogados litigantes exploraron, el que sus juicios sean juzgados por el llamado «juez natural».
Con este procedimiento que establece la convocatoria, se garantiza el derecho al juez natural y se solucionará la situación que impera en el Poder Judicial en torno a la actuación de jueces por ministerio de ley, según se informó al dar lectura al dictamen con proyecto de acuerdo, emitido por las comisiones unidas de Evaluación y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura.
Este dictamen señala que atendiendo al principio de especialización que se prevé en el artículo 84 de la Constitución Política del Estado, proceden dos convocatorias: una para la selección de jueces que habrán de cubrir vacantes en juzgados del orden civil, familiar, mercantil y mixtos, y otra para cubrir vacantes de jueces especializados en el sistema acusatorio, existentes en los centros regionales de justicia penal.
Estos concursos estarán dirigidos al personal jurisdiccional que ocupa cargos de entre los comprendidos en el artículo 111, fracciones 3 a 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, privilegiando, el mérito y la carrera judicial de quienes se vienen desempeñando como servidores públicos de la institución.
Los concejeros dieron a conocer que los concursos de oposición constarán de seis etapas en las que se evaluarán y valorarán los conocimientos teóricos, prácticos, aptitudes, capacidades, méritos y el perfil psicométrico de los aspirantes, involucrando en las etapas a la participación de diferentes comités de evaluación, garantizando un proceso transparente que arroje los mejores resultados.
Las convocatorias prohíben expresamente el cabildeo de los que aspiren al cargo de jueces; para que no realicen gestiones en forma directa o indirecta para resultar favorecidos en las diferentes etapas del proceso de selección; incurrir en ello ameritará la descalificación. Se busca que quien resulte electo para fungir como juez será por su propio mérito, de su capacitación constante en la labor jurisdiccional y no por injerencia de terceras personas.
Con este tipo de acciones, la presidencia del magistrado Ismael González Parra se fortalece al tomar decisiones de manera colegiada y por unanimidad; les resta poco tiempo a este Concejo Estatal de la Judicatura; y mientras los otros poderes se deciden a nombrar a su representante conforme al nuevo marco legal, trabajan a marchas forzadas en la inacabada búsqueda de tener un poder judicial, a la altura de los retos que impone la dinámica de la sociedad actual.
Ahora con un número mayor de jueces de primera instancia de ambos sistemas, se reclama que se refleje en el presupuesto de egresos para el próximo año, sin duda el responso lo tienen en la cancha del poder ejecutivo y del congreso del Estado, de ellos depende el incremento a los recursos que demanda la modernización de la administración de justicia.
