Este tipo de ejercicios son necesarios; empero, los Abogados litigantes estarían de plácemes de poder participar; se hace a escondidas de los justiciables, solo ellos conocen el método y no sabemos si tienen una ruta crítica o temas referenciales a los cuales deben llegar en sus conclusiones, y que éstas, además, sean de distinta argumentación.
Una oteada a la práctica judicial, en las dos jurisdicciones nos indica que con el nuevo sistema de justicia penal, sus paradigmas, son letra muerta en los juzgadores; a saber, los jueces con rostro:
-incumplen con los plazos que establece el CNPP;
-no aplican las medidas garantistas a los imputados;
-prevalece la gravitación procesal para los agentes del MP, que violan impunemente derechos fundamentales, la presunción de inocencia y el debido proceso;
-tienen dilaciones los jueces de control para acordar promociones del imputado y su defensa;
-en la substanciación de la etapa intermedia, no respetan el principio de igualdad procesal la «paridad de armas» que salvaguarda los intereses generales de la justicia, ya que éste, tiende a asegurar los principios de contradicción e igualdad procesal entre las partes y a facilitar así al órgano judicial la búsqueda de una sentencia ajustada a derecho y, por ello, indirectamente, coadyuva al sano ejercicio de la función jurisdiccional;
-prevalecen las arbitrariedades, se consigan a inocentes y los jueces de control no se atreven a decretar la extinción de la acción penal, por incumplimiento de los plazos del MP;
-los jueces de control no se atreven a realizar declaraciones de nulidad sobre actos que se han ejecutado en contravención de las formalidades que establece el CNPP
-todos los tribunales locales y federales deberían de estar enfocados en dar la correcta aplicación del nuevo sistema de justicia penal, y para eso se requiere que los operadores del sistema constantemente se capaciten y refuercen sus conocimientos; y tengan los «huevitos» necesarios para que no les tiemble la voz a la hora de sus resolutivos, puesto que a la fecha, como vamos, el sistema inquisitivo sigue permeando en la cultura de los MP y jueces de control, dándole al traste al garatismo del sistema acusatorio.
En fin; he aquí el resultado de su segunda edición, un singular conversatorio realizado a las escondidas del foro judicial local:
«Un intercambio de experiencias y puntos de vista sobre el sistema de justicia acusatorio y oral, así como acerca del juicio de amparo, significó el nuevo conversatorio de juzgadores federales y estatales, celebrado el fin de semana en la capital nayarita.
El diálogo fue convocado por el Consejo de la Judicatura Federal, por conducto de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, informó el coordinador de jueces y magistrados del Vigésimo Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF), licenciado Rogelio Alberto Montoya Rodríguez.
En la apertura del conversatorio que tuvo lugar en el Centro de Capacitación Superior de la Coparmex, el presidente del Poder Judicial de Nayarit, magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, se congratuló por esta nueva oportunidad de “seguir evaluando, seguir revisando los avances del sistema de justicia penal y su relación con el amparo”.
“Sin duda alguna que –añadió– el primer conversatorio nos dejó grandes interrogantes, nuevos abordajes, y a partir de él también hemos tenido la oportunidad de enfrentar los retos de la implementación del nuevo sistema con muchos de los criterios que aquí se discutieron”. Estoy seguro que el de hoy –puntualizó– será también un ejercicio enriquecedor.
La retroalimentación de magistrados y jueces de los poderes judiciales de la Federación y el estado se efectuó en dos sesiones de tres horas cada una, en las cuales se abordaron temas como la vinculación a proceso de imputados y el estándar probatorio para emitir el correspondiente auto; el plazo para la investigación complementaria, la suspensión condicional del proceso y las medidas cautelares en el sistema acusatorio.
Como moderadores de la primera y segunda sesiones del conversatorio fungieron, respectivamente, el juez Montoya Rodríguez y el magistrado Thoth Aldrin Lomelí Aguilar, presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado. La relatoría estuvo a cargo de la licenciada María Elisa Vera Madrigal, secretaria técnica de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del PJF»
