La clase política, los diputados, los miembros del poder judicial, Notarios y Abogados, justiciables, en fin, todo el foro está impactado por el curso que han tomado las investigaciones y las declaraciones del despacho de Abogados del Infonavit que pretende justificar sus actuaciones y los boletines de prensa de la Fiscalía General del Estado, que señala que en las detenciones y solicitudes de desafuero de los funcionarios del poder judicial, subyace la búsqueda de delitos y la lucha anti corrupción.
Desde la lectura de su primer posicionamiento, el magistrado presidente Ismael González Parra, dejó puntual y claramente definida la posición de los órganos colegiados que preside, el Tribunal Superior de Justicia y el Concejo Estatal de la Judicatura, éste último ya conformado tal cual lo establece la última reforma a la carta local y a su legislación interior.
El tema, complicado por lo notorio que son los personajes implicados, está en dos canchas, o más bien dicho en tres; le corresponde a los diputados integrantes de la actual legislatura, cuyo diputado presidente Polo Domínguez, con este nuevo lance político judicial, se le cargó en demasía la chamba en darle proveído a inusuales procedimientos, que implican el juicio político de funcionarios del anterior sexenio, y ahora el desafuero de los magistrados del TSJ imputados por la FGE.
En Nayarit, desde hace muchos años, no se había protagonizado un hecho punible de tal magnitud; en el siglo pasado, a mediados de los sesentas, un juez penal dispuso para sí, de las fianzas que le depositaban en el juzgado para las libertades provisionales y condicionales, pasaron varios años y cuando se descubre el desaguisado, la cifra era descomunal, imposible de resarcir el daño causado a particulares y al erario.
El procurador de justicia de entonces, el singular licenciado Roberto Villalobos Sandoval, manda llamar el juez y le pide reingrese los dineros mal dispuestos, el implicado le dice que le puede entregar una pequeña cantidad, pero si le dan facilidades en unos cuantos meses le podrá regresar todo; el procurador recibe la cantidad que llevó el juez y con su vocecita aguda manda llamar a su guardia “Escalanteee…! Escalanteee…! Lléveselo, lléveselo..!” el juez acongojado y ya en manos el intimidante policía judicial, le pregunta ingenuamente al licenciado Villalobos “¿entonces, acepta mi proposición, licenciado..?” y el guardia le pregunta “¿a dónde jefe..?” .
“A las mazmorras..! a las mazmorras..!”
Y la triste historia ésta, termina con el encarcelamiento por varios años del funcionario judicial, que desde dentro de la penal, estuvo defendiendo presos para ayudarse a pagar la suma sustraída.
EL DESCENLACE POSIBLE
El despacho de Abogados, apoderado del Infonavit, señala en reiteradas ocasiones que no existe hecho delictivo que perseguir, y que todo esto es una persecución política en contra del anterior magistrado presidente, y el celo en contra del notario público que expidió las escrituras; empero, ha trascendido en la FGE que lo dado a conocer públicamente no es ni la sexta parte de todos los hechos y los medios de prueba en que sustentan la acusación.
La comisión de estos ilícitos según la versión de los fiscales, es sin duda singular, porque no existen identificados los miles de los acreditados que fueron demandados por impago de sus créditos; solo hubo un juicio de garantías de una persona de Tamaulipas, que, al substanciar el juicio, se percataron de la existencia de este tipo de expedientes “espejo” como le llaman los fiscales del caso.
Y en la teoría del delito, tenemos que remontarnos al viejo aforismo romano “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege” es una frase que se traduce como «Ningún delito, ninguna pena sin ley previa», utilizada en Derecho penal para expresar el principio de que, para que una conducta sea calificada como delito, debe estar establecida como tal y con anterioridad a la realización de esa conducta.
Petronilo Díaz Ponce, como titular de la FGE, tiene grave responsabilidad; en los delitos imputados, el ofendido es la sociedad y los fiscales la representan en el ejercicio de la acción punitiva; los bienes jurídicos que protegen las figuras típicas, deben en su momento ser acreditados ante la comisión que le correspondió en la Cámara de diputados y ante el juez de control que conoce de la acusación, es decir se debe acreditar “el daño o perjuicio causado” a la sociedad y adminicular perfecta y puntualmente la teoría del caso.
Que en la dogmática de los delitos, tienen que aparecer presuntivamente los elementos fácticos, típicos y normativos de la figura ilícita imputada; cuestión nada fácil desde luego, dado que en este tipo de lances judiciales, existe poca jurisprudencia que ilumine el actuar de fiscales, abogados defensores y diputados.
Los principios constitucionales del nuevo sistema de justicia penal, son el esclarecimiento de los hechos; que el culpable no quede impune; proteger al inocente y reparar el daño causado con la comisión del delito; visto desde este escenario, lo deseable es que se aplique la justicia a secas, y no quedarnos en la vieja conseja de que “justicia es darle a cada quien lo que le pertenece o lo que le es debido”, sino entender que en este caso poliédrico, no habrá justicia, solo jurisdicción, al tenor de los argumentos del ex ministro de la SCJN José Ramón Cossío, cuando señaló las delicadas funciones de los juzgadores.
Menudo paquete tienen el magistrado presidente Ismael González Parra y el diputado presidente del Congreso local Polo Domínguez; por las imbricaciones que existen con los personajes implicados, todos nos conocemos en este rancho grande, y el impacto político y mediático del caso ha cimbrado el tejido social, a los notarios, al foro, a la UAN; como dijera aquel personaje de pacotilla a inicios de los noventas en el siglo veinte; “los demonios andan sueltos..”.
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